Sindicatos presentan recurso para revocar decreto de piquetes

Mientras la bancada del Frente Amplio (FA) se reunía con el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, para evacuar dudas respecto al decreto del Poder Ejecutivo que habilita a la Policía a intervenir en cortes de ruta espontáneos sin orden judicial, la Confederación de Organización de Funcionarios del Estado (COFE) hacía público el recurso administrativo para revocarlo, que presentarán hoy.

"El acto que se recurre causa agravio a los comparecientes en tanto trasgrede principios y normas fundamentales que constituyen los pilares básicos del estado de derecho y el orden republicano y democrático del estado y la nación", dice el texto del recurso contra el decreto, que causó un profundo malestar en el sindicato de trabajadores del sector público y los motivó a mover sus fichas en busca de lograr una suspensión de la nueva reglamentación.

Otro de los argumentos de COFE es que la disposición firmada por el presidente Vázquez el 20 de marzo constituye, según su visión, una clara inconstitucionalidad. "Asistimos a una clara e irrefragable transgresión a la Constitución de la República mediante la limitación y desconocimiento de derechos fundamentales integrantes del elenco de derechos humanos, mediante la mera acción administrativa que se recurre", sostienen los sindicalistas.

Si bien la presentación del recurso fue liderada por COFE, el documento lleva la firma de otros sindicatos como la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), la Unión Ferroviaria, la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom). Además, el PIT-CNT también ya había amenazado con presentar un recurso, aunque había afirmado que analizaría si afectaba de alguna forma el derecho de movilización.

Por su parte, el FA había solicitado la reunión la semana pasada para conocer el alcance del decreto. El coordinador de la bancada de Diputados, Jorge Pozzi, indicó a El Observador que durante el encuentro con el jerarca de la cartera de seguridad la intención era conocer "dónde estaban parados" con la normativa y transmitirle que no hay intención de la bancada de pedir modificaciones. "Quedó claro que el decreto es para toda la sociedad, no solo para los trabajadores. Fue una conversación muy buena que en realidad lo que hizo fue que todos los sectores recibieran información sobre la génesis del proyecto. (Cada participante de la reunión) va a trasladar la información a sus respectivos sectores. Ese siempre fue el espíritu de la reunión", sostuvo Pozzi.

La reunión surgió luego de que varios sectores del FA se mostraran en desacuerdo con la medida del gobierno. "Legitimar la represión como forma de solución de conflictos en el largo plazo solo puede ser funcional a fuerzas conservadoras", planteó, por ejemplo, el sector Casa Grande –liderado por la senadora Constanza Moreira– una vez que se conoció el decreto. A su vez, en el Partido Comunista también hubo opiniones en contra del decreto. El diputado Gerardo Núñez consideró que era "inapropiado e innecesario y otorga un conjunto de potestades a las fuerzas represivas que no corresponden", según declaraciones recogidas por el diario El País.

Uno de los planteos durante la reunión tuvo que ver con el derecho a huelga que tiene cualquier trabajador, según lo que establece la Constitución, indicó a El Observador el diputado frenteamplista Carlos Reutor. Según dijo, como representante en la reunión del Ministerio del Interior, Carrera dejó claro que dentro del decreto está prevista la excepción a la huelga y, por ende, no afecta ese derecho.

El FA no tiene previsto, al menos por ahora, presentar alguna propuesta para que el decreto tome tenor de ley, indicó Pozzi. Durante el encuentro con Carrera se comentó, casi que al pasar, el contenido del comunicado emitido por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) en el que plantea que debería ser una ley la que regule que el Ministerio del Interior intervenga en piquetes espontáneos. El organismo sostiene en un comunicado emitido el martes 28 que "las manifestaciones públicas pacíficas son una de las formas del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión". De todas formas, se aclara que "el ejercicio de estos derechos no es absoluto y, por lo tanto, puede admitir regulaciones necesarias para la convivencia en sociedad".

En ese sentido, el Inddhh enfatiza que "cualquier limitación" de los derechos "debe estar expresamente establecido por normas de jerarquía legal", o sea por ley y no por decreto según establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además afirma que "la regulación por parte del Estado del ejercicio de las libertades de expresión y de reunión" debe ser para "asegurar que las manifestaciones sean pacíficas" y se "brinde protección a los derechos de todas las personas".