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Qué dice el documento secreto de Inteligencia que se filtró en el Parlamento
La presencia de actividades terroristas en Uruguay o en zonas que afecten los intereses nacionales, la operativa de grupos de crimen organizado en el país y la necesidad de recolectar información sobre los ciberdelitos o bioseguridad son algunas de las amenazas que plantea el Plan Nacional de Inteligencia 2022, al que accedió El Observador y que fue presentado por el director de Inteligencia Estratégica del Estado Álvaro Garcé en una sesión secreta en el Parlamento.
El documento fue puesto a consideración el pasado 24 de octubre en la comisión bicameral que se encarga de controlar y dar seguimiento a las acciones de inteligencia estatal, y en la que participó Garcé, así como otros diez legisladores. La sesión fue declarada secreta, no quedaron registros escritos ni participaron funcionarios del Parlamento. Sin embargo, días después del encuentro, TV Ciudad informó que el jerarca del Ejecutivo había instruido a la Policía investigar organizaciones posiblemente violentas presentes en el país.
A pesar de ser un documento marco, que en gran medida reitera y condensa planes y normativa anterior, y en el que no se revela ningún plan operativo, la filtración provocó la indignación del oficialismo y llevó a que Garcé radicara una denuncia en fiscalía.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tildó el hecho como un "sabotaje nacional", en declaraciones a la prensa este viernes. "Es alguien a quien no le importa el país. Que midió un costo político menor o personal menor”, señaló el presidente. “Hay gente que prefiere perjudicar al gobierno y no se da cuenta de que perjudica al país”, agregó.
A su vez, se mostró de acuerdo con lo dicho por el ministro de Defensa Nacional, Javier García, quien tildó a la filtración de “traición a la patria”.
El politólogo y especialista en inteligencia, Nicolás Álvarez Rosas, calificó el hecho de la filtración como "penoso".
"Todo indica que la filtración ocurre desde el Parlamento y eso es lo más grave. No me refiero a la información que hasta el momento ha sido divulgada por la prensa, sino al hecho de la filtración en sí, porque además de ser un delito grave, según la propia ley de inteligencia, lesiona la confianza, que es un aspecto clave en la relación entre el ente de supervisión y los servicios de inteligencia", afirmó a El Observador.
"Desde el momento que el sistema político decide que tienen que existir servicios, se plantean algunos desafíos. El principal, a mi entender, es lograr que los principios de publicidad y transparencia, que exige la democracia, convivan con los de secreto y de reserva, necesarios para desarrollar una inteligencia de calidad. Esto es justamente lo que representa la comisión de supervisión, una instancia en la que estos principios fundamentales conviven. Hechos como el de la filtración, no hacen más que dañar los mecanismos institucionales de contralor por los que tanto se peleó a nivel parlamentario", agregó.
Independientemente de su carácter reservado, el documento no hace referencia a cuestiones sensibles acerca de individuos o grupos delictivos y de aspectos relevantes que afecten a la seguridad nacional.
Como el propio documento lo indica al comienzo, las “principales referencias” son normas de carácter público, que de hecho son bastante más explicitas en lo que refiere a las amenazas que enfrenta el Estado y a cómo enfrentarlas, como por ejemplo la Política de Defensa Nacional y la Política de Inteligencia. Y como señala al final, no es taxativo, es una guía, que bien podría ser pública.
La parte expositiva aborda aspectos conocidos como qué se considera una fuente (abierta y cerrada) o cuándo se activa el ciclo de producción de la inteligencia. Lo mismo sucede con los aspectos relativos a cómo se debe procesar y distribuir la información o a las medidas de seguridad que está debe tener.
Las nuevas amenazas
Las prioridades planteadas en el Plan Nacional de Inteligencia prevén que algunos organismos del Estado, sobre todo aquellos vinculados a la Policía, se encarguen de recolectar información. Pero también que el Ministerio de Relaciones Exteriores colabore con la recolección, así como el de Defensa Nacional, el de Industrias, el de Economía y Finanzas (a través de la Dirección Nacional de Aduanas), la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft), el Banco Central del Uruguay, la Junta Nacional de Drogas y la Agencia para el Desarrollo de la Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información (Agesic).
A la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, por ejemplo, se la instruye a investigar "indicios de actividades precursoras de acciones terroristas en el país o en zonas que afecten los intereses nacionales", así como recolectar información sobre personas u organizaciones "cuya prédica y acción sean contrarias al Estado de Derecho".
También se apunta a los grupos o personas que "inciten a la violencia", así como a los "hechos que puedan generar violencia" y la "usurpación de los espacios públicos o privados".
Respecto al sistema carcelario, el documento afirma que es necesario dar "seguimiento" a los incidentes que se dan en los centros, como relacionados a las guardias, los funcionarios y también entre los presos.
En cuanto al crimen organizado, el Plan Nacional de Inteligencia establece la necesidad de detectar amenazas dirigidas al "personal de las fuerzas de seguridad del Estado", pero también el tráfico ilegal de armas y estupefacientes, el lavado de activos, así como la "sustracción de explosivos y de armas".
Un punto aparte está dirigido a los delitos informáticos, de los cuales se pide recabar "estadísticas, metodología y otra información de relevancia".
En el caso de Cancillería, el plan de inteligencia prevé que se recoja información sobre 14 puntos diferentes que incluye "actividades que involucren a ciudadanos o residentes en el país en relación con el narcotráfico, tráfico de armas o personas, crimen organizado y actividades terroristas".
