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Tras filtración en sesión secreta, Garcé pidió aplicar la norma que prevé “remoción de los infidentes”
El titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, envió una carta al senador Raúl Lozano —que preside la comisión bicameral formada para controlar y supervisar la actividad de la agencia que dirige— después de que se filtrara información sobre el Plan de Inteligencia Estratégica del Estado.
Garcé señaló que la revelación del plan “representa una cuestión conforme a lo establecido por el artículo 115 de la Constitución de la República, norma que prevé como máxima sanción la remoción de los infidentes”.
“Resulta imprescindible su inmediata investigación y esclarecimiento, lo que resulta indispensable para el restablecimiento del principio de buena fe y el respeto institucional y personal que necesariamente debe primar entre todas las partes interesadas en los asuntos de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado”, sostiene Garcé.
Lozano reenvió la carta al resto de integrantes de la comisión y recordó que en la sesión donde Garcé explicó los lineamientos del plan, “no hubo versión taquigráfica, no hubo funcionarios” y solo estuvieron presentes los legisladores y el jerarca.
Lozano además solicitó a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, una investigación administrativa al respecto. El legislador dijo a El Observador que Argimón ya le comunicó “extraoficialmente” que le dará curso a la investigación.
Por su parte, Garcé ya denunció ante Fiscalía la filtración de la información después de que TV Ciudad publicara un informe. A partir de lo que el jerarca informó el lunes 24 de octubre, el canal de la intendencia señaló que el plan incluye la instrucción, por parte de Garcé, de que la Policía investigue a organizaciones posiblemente violentas presentes en el país.
Garcé señaló en la carta a Lozano —fechada el 28 de octubre— que “la revelación de información clasificada es una acción antijurídica con fuente apariencia delictiva (artículo 301 del Código Penal, delito de revelación de documentos secretos)”.
Pero, “sin perjuicio de todas las posibles resultancias penales del caso, en sede parlamentaria la revelación del Plan Nacional de Inteligencia representa una cuestión conforme a lo establecido por el artículo 115 de la Constitución de la República, norma que prevé como máxima sanción la remoción de los infidentes”, indica el jerarca en su misiva a Lozano.
“Son reservados y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, las informaciones y los registros que obren en poder de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado y de su personal”, recuerda Garcé. “Información de tal naturaleza es obligatorio para los legisladores —integrantes de la comisión o no—el cumplimiento de las normas de seguridad indispensables”, añade.
“Violaciones a esta disposición encuadran —en el marco de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución de la República— como conductas que lo hacen indigno de la representación que inviste”, asegura el jerarca del Ministerio del Interior.
Garcé cita al artículo 115 de la carta magna: “Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.
