23 de septiembre 2014 - 19:55hs

El Poder Judicial “hace agua” en el interior del país y en su sistema de defensoría pública. Hoy hay 62 defensores públicos en materia penal y se necesita el doble. Hay 62 juzgados penales y también se necesita el doble. En cualquier escuela del país, eso significa mayor presupuesto.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se reunieron con los cuatro candidatos a la Presidencia de la República de los partidos con participación parlamentaria y les pidieron fondos para solventar la reforma judicial que se implementará el 1º de febrero de 2017, cuando entre en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Esa es la fecha límite para evitar que las goteras inunden el sistema.

La SCJ recibió en 2014 el 1,3% del presupuesto estatal, según la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP), pero considera que necesita al menos el 2% para instrumentar los cambios. En 2014, recibió US$ 170,5 millones. Para implementar la reforma, el Poder Judicial exige al menos una inyección adicional de US$ 45 millones anuales, estimó una consultora contratada por la SCJ, con lo que el Poder Judicial se aproximaría al 2% del presupuesto estatal. Pero de todas formas necesitarán más que esos US$ 45 millones para llegar a ese porcentaje.

Más noticias
“De acuerdo a una consultoría que pidió el Poder Judicial, entre inversiones inmediatas y gastos permanentes, estamos hablando de US$ 45 millones anuales para la implementación del CPP. Pero se suman otras reformas que hoy son impostergables para el país, que no tienen que ver con el proceso penal. Hay que repensar cómo está desplegado el sistema de Justicia en el interior. Hay lugares donde estamos haciendo agua por la cantidad de competencias y asuntos y también estamos haciendo agua con el sistema de defensorías públicas”, dijo ayer el ministro Ricardo Pérez Manrique.

“Hay que hacer una reingeniería de la defensa pública porque está teniendo dificultades para cubrir todas las necesidades de los ciudadanos. Le hemos manifestado a los candidatos que es necesario un esfuerzo importante en el próximo presupuesto para mejorar el sistema de justicia”, agregó.

Sobre la necesidad de recibir “fondos extras” para implementar el nuevo CPP, aprobado por unanimidad en el Parlamento este mes, Pérez Manrique fue contundente. “Con los fondos que tenemos hoy es imposible hacerlo”, aseguró.

El último cimbronazo

El 20 de noviembre de 1989 entró en vigencia el actual Código General del Proceso, que promovió los juicios orales y públicos en la órbita civil, entre otros cambios. Esa es la reforma que toma como referencia la Corte para pedir hoy mayor presupuesto.

En 1989 había 300 jueces e ingresaron al sistema 120 más. Debieron crearse juzgados y salas de audiencia. Para ello, hubo una partida especial, similar a la que solicitó la Corte a los presidenciables.
Tapando goteras en el interior

Hoy hay cuatro juzgados de conciliación en Montevideo que están trabajando “eficazmente”, explicó el ministro. Estos juzgados de conciliación tramitan las demandas civiles presentadas e intentan que las partes lleguen a un acuerdo antes de iniciar un juicio.

En los próximos días, la Corte creará un juzgado de conciliación en Maldonado, “un departamento en el que hay una alta conflictividad jurídica y social”, sostuvo Pérez Manrique.

Por otra parte, el Poder Judicial insiste en “impulsar la mediación” también en la órbita penal. Hoy cinco centros de mediación en Montevideo y la Corte prevé inaugurar un nuevo centro de mediación en San José y otro en Rocha. La corporación espera que el próximo presupuesto le permita tener centros de mediación en todas las capitales departamentales.

Seguí leyendo

EO Clips

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos