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Sutel presentó recurso por habilitación de internet a cables y dice que irá a la Justicia internacional
El Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) presentó este miércoles un recurso de revocación contra la habilitación otorgada por el Poder Ejecutivo a cableoperadores para ofrecer internet. El sindicato solicita la suspensión de la resolución del Poder Ejecutivo hasta que se resuelvan sus demandas.
El sindicato reaccionó a la habilitación del Poder Ejecutivo para que cinco cableoperadores de Canelones, Colonia y Montevideo presten servicios de internet en sus áreas de cobertura. Ellos son Korfield, Monte Cablevideo, Praimar, Riselco (Nuevo Siglo) y Tractoral (TCC). Los cableoperadores plantearon, en 2016, la inconstitucionalidad del artículo 56 de la ley de Medios (n.º 19.307), que indica que los titulares de servicios de comunicación audiovisual no pueden prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o trasmisión de datos. La Justicia les dio la razón, y les otorgó la posibilidad de brindar el servicio.
Tal resolución violaría el artículo 6º de la Carta Orgánica de Antel por decreto de ley de 1974 que le otorga a la empresa el monopolio de las telecomunicaciones "que utilicen una guía artificial y que no califiquen como televisión para abonados", según el recurso al que tuvo acceso El Observador, destinado al presidente de la República y al ministro de Industria, Energía y Minería.
Según Sutel, la resolución del Poder Ejecutivo no solo afecta al sindicato, sino también a los funcionarios –y usuarios– de Antel y a los intereses de los ciudadanos uruguayos por defender el patrimonio que sirve como "vehículo para universalizar el acceso a las nuevas tecnologías de comunicación".
En palabras del presidente del gremio, Gabriel Molina, el objetivo es "proteger el patrimonio nacional, en defensa de los derechos humanos de acceso a estos servicios, que se consideran básicos", según dijo a El Observador.
El texto reconoce que tales recursos deberían ser presentados desde la administración de Antel, pero ya que eso no ocurrirá, el sindicato asume "la defensa de los intereses colectivos".
Si el Estado decide "negar el acceso a la justicia" al sindicato, no solo se blindaría "la ilegalidad" de lo resuelto, sino que se violaría "el derecho de acceso a la justicia" una violación al Pacto de San José de Costa Rica "ameritará a recurrir al sistema interamericano de contralor de derechos humanos", concluye.
