El desencanto y la desconfianza en la dirigencia política, viejo tema recurrente en la percepción popular, se han agravado por la generalizada epidemia de tarjetitis. La sólida estructura institucional del país es un muro que no peligra por el uso delictivo de tarjetas corporativas de crédito por algunos altos funcionarios. Pero soporta los embates de las claudicaciones de jerarcas de frágil moralidad pública, con el resultado de que 40% de los ciudadanos declara que ya no sabe a quién votar, según una encuesta de Cifra. Este altísimo porcentaje inédito es un urgente llamado de atención para el Frente Amplio y los partidos Nacional y Colorado, en cuyas filas se ha producido a lo largo de los años el uso indebido de esas tarjetas.
Ya no corre el manido argumento de que la pueblerina corrupción criolla es como robar un bizcocho o una gallina cuando se la compara con las monstruosas coimas y fraudes oficiales en otros países de la región, desde Brasil, Venezuela y Perú hasta la Argentina kirchnerista. Robarle al Estado, o sea a los contribuyentes que lo financian, es igualmente delito así se trate de millones de dólares o de unos pocos miles. La enfermedad salió a luz el año pasado con el caso del entonces vicepresidente Raúl Sendic. Se extendió luego a otras figuras que lo acompañaron durante su gestión en
ANCAP, todos ya sometidos a un pedido fiscal de procesamiento. Y cuando el tema parecía limitado a jerarcas frenteamplistas, surgió ahora el uso igualmente indebido de las tarjetas corporativas por exdirectores blancos y colorados del
Banco República hace más de una década.
El mal no termina con la intervención judicial o con el reconocimiento de culpa, reintegro de fondos públicos indebidamente apropiados o expresiones de arrepentimiento de alguno de los involucrados. Genera presunción de desidia que de los 34 organismos estatales que emiten tarjetas corporativas a sus jerarcas, menos de la mitad ha dispuesto estrictos sistemas adicionales de control desde que estalló el escándalo del caso Sendic. Es posible que algunos de esos organismos ya los tienen o que la rectitud de sus jerarcas explique que no se considere necesario extremar el control de esos gastos. Pero no son argumentos aceptables para un vasto sector de la opinión pública que mira de reojo o directamente rechaza a sus dirigentes, en medio de un mar de sospechas y censuras.
La forma más efectiva de salir de un entuerto que conduce a mayor desprestigio del sistema político es directamente eliminar las tarjetas corporativas. Les aportan algo de comodidad a quienes las tienen, cuando deben realizar gastos justificados por su función. Pero son fácilmente reemplazables con sus propias tarjetas personales de
crédito o débito, con las que cualquier jerarca puede hacer un pago y luego, cuando corresponda, reclamar del Estado el reintegro, presentando comprobantes que demuestren claramente la pertinencia del gasto. De lo contrario, el tema seguirá mellando a una democracia que es ejemplo continental. El sistema ciertamente no está en riesgo. Pero su buena salud permanente requiere una dirigencia impecable, que se gane un grado de confianza de la gente que en estos momentos flaquea.
