En el FA el caso de Toma no se analizó y los dirigentes prefieren no hablar del tema en los ámbitos formales
El exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, dijo a El Observador que recurrirá la investigación administrativa que recomendó el inicio de un sumario con separación del cargo preventivo por seis meses del cargo de fiscal de gobierno que ocupa.
Toma se excusó de dar más detalles para no violar el "secreto" bajo el cual se encuentra la investigación, algo que, según dijo, no fue respetado por el instructor Ariel Sánchez. "No quiero caer en lo que cayó al instructor", sostuvo ante las consultas.
El presidente Luis Lacalle Pou había ordenado el pasado 18 de setiembre el inicio de la investigación administrativa sobre las misiones oficiales de Toma al exterior cuando fue secretario de la Presidencia del gobierno de Tabaré Vázquez.
La primera etapa del proceso concluyó en los últimos días y arrojó que Toma incurrió en una "inconsistencia" y "varias contradicciones" en las declaraciones que hizo en su defensa en los últimos meses, y que entre otros "hechos irregulares" no pudo acreditar la autorización del entonces presidente Vázquez para incluir a la contadora del gobierno en las delegaciones.
Fue a raíz de esas conclusiones que el presidente resolvió iniciar el sumario y separar a Toma de su cargo por seis meses. El sumario podrá terminar en sanciones y la más grave es la destitución.
El Frente Amplio (FA) evita por estas horas pronunciarse sobre el sumario que inició Presidencia. La situación de Toma, según supo El Observador en base a fuentes del Frente Amplio, no se trató en ningún ámbito orgánico de la izquierda, como el Secretariado Ejecutivo y la Mesa Política. Por el contrario, el tema se comenta por lo bajo entre los dirigentes, que siguen de cerca las novedades del caso.
Pese a que el exsecretario de Presidencia (2015-2020) fue considerado el "número dos" del gobierno de Tabaré Vázquez, no es un hombre que pertenezca a la orgánica del Frente Amplio y no tiene apoyo a nivel sectorial.
El exsecretario de Presidencia viajó en julio y diciembre del año pasado a Italia con la contadora Giuliana Pérez. También lo hizo en cuatro instancias a Washington –entre setiembre de 2019 y febrero de este año–, para participar en el juicio que Aratirí realizó al Estado uruguayo, y que la compañía internacional perdió.
Sobre esos viajes fue que se basó la investigación administrativa, que no es la única que enfrenta Toma. También es investigado por el fiscal de Delitos Económicos Ricardo Lackner, quien busca determinar si el abogado incurrió en algún delito contra la administración pública mientras fue secretario de Presidencia e hizo esos viajes. Por otra parte, la Junta de Transparencia y Ética Pública indaga posibles irregularidades en el accionar del funcionario público.
Presidencia
En la investigación que condujo Sánchez no se comprobó que los viajes hayan contado con "la autorización previa del presidente de la República o la justificación debida correspondiente cuando asistía más de una persona a una misión y el motivo por el cual no podían llevar a cabo dicha misión los funcionarios del Servicio Exterior que prestan funciones en el lugar donde habría de realizarse la misma".
Según establece la normativa, cuando una delegación que viaja al exterior en representación del gobierno está integrada por más de una persona, además de la firma del primer mandatario se necesita la autorización del secretario de la Presidencia, pero en este caso tampoco se cumplió con ese formalismo ya que el jefe de la misión era el propio Toma, quien declaró en respuesta a estas observaciones que la integración de las delegaciones eran dispuestas por él.
Además, la investigación constató que al menos tres de los viajes realizados en el período de tiempo mencionado "no tuvieron la autorización previa del presidente de la República, tal como dispone la normativa vigente, siendo observados por el Tribunal de Cuentas, procediéndose a la reiteración del gasto", y que Toma no logró que quedara "ni medianamente acreditada la idoneidad –desde el punto de vista técnico– para el objeto de la misión de los integrantes de la comitivas".
El exsecretario de Presidencia, según concluyó la indagatoria, tampoco tuvo argumentos para fundamentar la inclusión de Pérez en "la confianza en haras de la confidencialidad", ya que el vínculo del exjerarca "databa de pocos meses y a través de recomendaciones de un estudio jurídico".
Su mayor apoyo lo tenía en el expresidente de la República, Tabaré Vázquez, quien falleció el pasado 6 de diciembre.