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"Le solicitamos muy respetuosamente tenga a bien interceder para que nuestros derechos sean respetados", pidieron los trabajadores a Lacalle Pou

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Trabajadores locales de la embajada en Caracas piden a Lacalle que interceda en conflicto laboral

La Cancillería identificó en 2019 un error en el cálculo de unas prestaciones sociales que cobran los trabajadores en Venezuela pero desde entonces no se les ha abonado la diferencia, según denuncian

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04 de mayo de 2022 a las 09:27

Los funcionarios de la embajada uruguaya en Venezuela enviaron una carta al presidente, Luis Lacalle Pou, ante la falta de respuesta de Cancillería por los reclamos por el pago de sus prestaciones sociales que ha sido abonado de forma errónea desde hace casi 30 años. El reclamo data de 2015 y pero tras idas y vueltas, y distintas consultorías, el tema todavía no está saldado.  

Los funcionarios locales le piden a Lacalle Pou "interceder" en la situación: "Le solicitamos muy respetuosamente tenga a bien interceder para que nuestros derechos sean respetados, así como nuestros contratos, y el cálculo y pago en dólares de nuestros beneficios laborales como se ha venido haciendo durante 30 años", expresaron. La última consultoría realizó los cálculos de los haberes en bolívares (moneda venezolana) lo que, según entienden los funcionarios, "pulveriza" las deudas. 

Según los diez trabajadores, algunos con más de 30 años en el cargo, siempre se acordó el cobro en dólares de los salarios y las prestaciones. "Está el caso de contratados locales que nunca solicitaron adelantos de sus prestaciones sociales acumulándolas en dólares para su retiro, haciendo fe del contrato firmado, hoy ven que las mismas fueron pulverizadas debido a la 'fórmula' aplicada en bolívares", detallaron en la carta.

Esta situación comenzó en 2019, cuando la Embajada identificó un error en el cálculo de las prestaciones sociales que recibían sus funcionarios, que en Venezuela sustituyen el seguro social, y sirven para "gastos de salud, vivienda, colegio y/o contar con un fondo para el retiro al momento de pensionarse", indicaron en la carta. 

Las prestaciones sociales –antes llamadas “indemnización por antigüedad” o “prestación de antigüedad” en Venezuela–  son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Se consideran una recompensa a la antigüedad, de manera que el pago es proporcional al tiempo de trabajo. Una vez al año los trabajadores tienen derecho de solicitar el abono máximo del 75% del capital acumulado más los intereses generados en bolívares según la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela, regulan los artículos 141 y 143 de la ley orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. 

Históricamente el Estado uruguayo, a través de su cancillería, no pagó los intereses correspondientes. Además, el cálculo se hizo desde mediados de los 90 basado en salario y no en el salario integral (vacaciones, aguinaldos, etc), tal como dicta la ley. 

En una primera instancia, por pedido de Cancillería el organismo contrató a una consultora que "respondió las interrogantes" del conflicto, y luego se contrató a una segunda consultora, que "respondió con basamento legal a todas las inquietudes" que tenía la Dirección Financiero Contable del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE).

Sin embargo, hasta 2021 no se tuvieron novedades sobre un cambio en las prestaciones sociales de los diez funcionarios. En noviembre de ese año la Embajada en Caracas recibió la visita de autoridades de Cancillería, que les informaron sobre la contratación una tercera consultoría, que fue la que cambió la moneda de las prestaciones.

"El primero de febrero 2022, mediante nota solicitamos a la Dirección Financiero Contable explicación de lo ocurrido y hasta la fecha no hemos tenido respuesta", criticaron desde la Misión.

Ya este mes los trabajadores consultaron al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y a un prestigioso abogado laboralista venezolano ante la posibilidad de un juicio en contra del Estado uruguayo.

El proceso

El asunto era bien conocido por los trabajadores y por el empleador. Pero recién en 2015, a raíz de un reclamo por el cálculo de los dos días de antigüedad por año trabajado, se consultó a dos estudios jurídicos que —junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores— definieron las fórmulas de cálculo según la interpretación legal de la ley orgánica, fórmulas que el contable de la misión no aplicó y que en cancillería tampoco detectaron. 

En 2017 se calcularon y abonaron los dos días de antigüedad por año de servicio que también era un concepto adeudado y reclamado. Finalmente, en 2018, el encargado de negocios José Luis Remedi escuchó el reclamo de los funcionarios y la embajada notificó el error en la aplicación de la fórmula y la determinación del salario integral al ministerio. Se contrató una consultora para que elaborara los cálculos e hiciera los ajustes necesarios.

Sin embargo, la cancillería comenzó a solicitar información y desestimó los montos calculados. La misión resolvió contratar a una nueva consultora que llegó a resultados similares, pero que otra vez fueron objetados por el Palacio Santos. 

Desde entonces, los empleados no han tenido acceso a su derecho de retiro, lo cual constituyó, en algunos casos, una limitante para pagar seguros de salud y hacer frente a costos médicos durante la pandemia. Esto, teniendo en cuenta que Venezuela enfrenta una fuerte dolarización de su economía, que es hiperinflacionaria en bolívares e inflacionaria en dólares. Durante el 2020 y 2021, la misión en Caracas solicitó a la cancillería en reiteradas notas que se finalizara el cálculo, ya que se estaba vulnerando el derecho al retiro anual por este concepto.

A mediados de noviembre de 2021, la directora de Financiero Contable, Liliana Zuppardi, y Daniel Rognoni, un histórico del área jurídica quien actualmente cumple funciones en la embajada en Buenos Aires, viajaron a Caracas en una misión reservada, por instrucción de Bustillo, para procurar una solución. Los enviados del ministro informaron que Montevideo había decidido la contratación de una nueva consultora –Lara, Marambo & Asociados, adscripta a Deloitte–, cuyo nombre mantuvieron en reserva en ese momento. También informaron que a fines de ese mismo año se saldarían las prestaciones adeudadas así como sus intereses.  

Cuando los funcionarios contratados preguntaron cuál era la diferencia entre la consultora que trabajaba actualmente y la nueva, se les contestó: “Vamos a hacerlo como indica la ley”. 

Sin embargo, el temor y el nerviosismo de los trabajadores se disparó ante la posibilidad de que la embajada fuera a disminuir su estructura y que la cancillería calculara los despidos con sueldos y prestaciones devaluadas. La alternativa fue considerada por Rognoni y Zuppardi en la reunión con los funcionarios en Caracas cuando mencionaron que la misión ahora resultaba demasiado grande en infraestructura y eso incluía a la cantidad de personal. 

El 22 de diciembre la cancillería les entregó el resultado del trabajo de la nueva consultora, que los contratados recibieron con decepción, ya que vieron pulverizadas sus prestaciones sociales al pasar a bolívares la vida laboral de todos. Los salarios, hasta ahora, siempre se calcularon y pagaron en dólares, respetando los contratos laborales vigentes.

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