Casi 20 años después de la concesión inicial y luego de varias idas y vueltas judiciales, el Poder Ejecutivo le revocó la licencia para operar a la empresa Visión Canaria (VAL SRL), un cableoperador de Canelones que había obtenido el permiso en 2004.
Ahora es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) la que debe verificar el cese de servicios de transmisiones una vez que reciba el expediente. La resolución del Ministerio de Industria es del 20 de febrero pero hasta este jueves 29 el organismo no había recibido la notificación, según dijeron fuentes de la Ursec a El Observador.
Desde el organismo agregaron que no está del todo claro cómo se va a ejecutar la revocación de la licencia porque no hay antecedentes similares y porque el objetivo es no perjudicar a los abonados.
Visión Canaria venía operando de forma ilegal ya que el llamado por el que obtuvo el permiso para operar en 2004 establecía que se debía instalar y comenzar a funcionar en un plazo no mayor a un año. Sin embargo, recién comenzó a operar en 2011. Eso motivó que Telecable, una empresa competidora propiedad de Clarice y Tomás Romay, iniciara un juicio por daños y perjuicios contra el Estado en el que –tras varias instancias– salió victoriosa y logró en julio de 2023 que el Estado le pague unos US$ 4 millones.
La licencia de Visión Canaria era provisoria desde julio del año pasado cuando el Poder Ejecutivo encabezado por Luis Lacalle Pou revocó el permiso, tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pero le permitió seguir operando de forma provisoria hasta que la Ursec designara a un nuevo operador luego de realizar un llamado público.
Esa decisión del gobierno también fue cuestionada por los hermanos Romay porque permitió que Visión Canaria siguiera “prestando servicios consciente de que es intocable”.
Finalmente, el llamado fue declarado desierto en diciembre de 2023 y ahora el gobierno procede a revocar la licencia definitivamente.
Una larga historia
En 2004 Visión Canaria obtuvo una licencia para prestar servicios de televisión por cable en La Paz y Las Piedras. El llamado exigía que el ganador se instalara en un plazo no mayor a un año, algo que no ocurrió hasta 2011 cuando empezó a cablear la zona y a operar.
Esa situación motivó que Telecable comenzara una serie de reclamos dado que el Reglamento de Licencias de Telecomunicaciones establece que el incumplimiento debe ser sancionado con la “revocación de la licencia”, algo que no ocurrió.
Asesorados por el abogado Carlos Delpiazzo, los hermanos Romay iniciaron un juicio contra el Estado por los “daños y perjuicios” que les estaba ocasionando la “omisión en revocar la licencia” de Visión Canaria.
En 2013, la Justicia civil le dio –en primera instancia– la razón a Telecable, pero el gobierno de José Mujica dictó una resolución en la que confirmó la licencia otorgada a Visión Canaria, lo que provocó un nuevo juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Este juicio también resultó favorable a los hermanos Romay en 2019, ya que anuló la disposición de Mujica.
El juicio civil, en tanto, continuó su curso debido a que el gobierno uruguayo apeló hasta que en 2015 fue laudado por la Suprema Corte de Justicia, que estuvo de acuerdo con el reclamo de Telecable.
Desde entonces, se desarrollaron diversas instancias que volvieron a llegar a la Suprema Corte de Justicia y terminaron el 10 de julio de 2023 con el pago por parte de la Ursec de más de US$ 4 millones ($155.210.499) por los “daños y perjuicios”.
Luego de ese juicio fue que el gobierno de Lacalle Pou pidió a la Ursec abrir el llamado y permitió a Visión Canaria seguir operando hasta que haya un nuevo operador. El llamado fue declarado desierto y finalmente el Ministerio de Industria publicó la resolución para revocar la licencia.
