Tribunal de Cuentas observó campaña de inclusión financiera

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó la contratación directa por parte del Ministerio de Economía (MEF) de la agencia de publicidad Amén SA (por unos US$ 150 mil) para que realice una campaña de comunicación de los "beneficios" de la inclusión financiera.

Como argumento para saltearse el mecanismo de licitación, el MEF adujo motivos de "urgencia" y contrató a la agencia en octubre del año pasado, pero el proceso no convenció a la contadora delegada, que observó el gasto en primera instancia. Cuando el MEF lo reiteró sin dar mayores explicaciones, el Tribunal volvió a observar la contratación y envió la resolución a la Asamblea General.

El 17 de octubre de 2017, el ministro de Economía, Danilo Astori, firmó una resolución de su cartera justificando la necesidad de una campaña publicitaria sobre inclusión financiera. Según ese documento, al que accedió El Observador, "se ha verificado un aumento de actores y sectores que requieren mayor información respecto a derechos y beneficios que el nuevo sistema implica".

En el texto, el MEF expresó que "la situación de desinformación en estos sectores de la sociedad requiere realizar acciones de comunicación en forma urgente".

Bajo esos argumentos, el Ministerio señaló que la contratación directa de Amén SA se encontraba "comprendida en las causales de excepción dispuestas por el numeral 9 literal C del artículo 33 del Tocaf".

De acuerdo a ese inciso, el Estado puede contratar directamente "cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público o su realización resienta seriamente el servicio".

Sin embargo, el 24 de octubre la contadora delegada del Tribunal de Cuentas observó el gasto, considerando que la contratación no se ajustaba a ese inciso. Según afirmó, "cuando se invoquen razones de urgencia o imprevistos de carácter excepcional deben fundarse adecuadamente y en el primer caso informar sobre la imposibilidad de la previsión en el tiempo, no verificándose en el caso tal extremo".

A pesar de ello, el 31 de octubre Astori volvió a firmar una resolución en la que reiteró el gasto.

Allí se resalta que previo a la contratación se habían invitado "a cotizar" a diferentes empresas, y que se habían recibido un total de seis ofertas, de las que se seleccionó a Amén SA por un monto de $ 4,3 millones.

Según la resolución, la evaluación de las ofertas estuvo a cargo de "los referentes del Programa de Inclusión Financiera, del Sector Comunicación y del Área Jurídica de esta Secretaría de Estado".

El 29 de noviembre, el Tribunal de Cuentas volvió a observar el gasto, argumentando que en la resolución del MEF "no se aportan elementos que permitan subsanar la observación formulada por la Contadora Auditora".