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Un "cuarto lleno de papeles" que favorece el descontrol en el Estado

En el Tribunal de Cuentas advierten que en el Parlamento se amontonan las observaciones a los gastos estatales y no hay un seguimiento de las irregularidades
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05 de marzo de 2018 a las 05:00
Cuando el exdirector del Hospital de Rivera Andrés Toriani fue destituido en agosto de 2017 por haber contratado a 80 funcionarios con dinero de otros rubros, las deudas en ese centro de salud no dejaban de aparecer. Había 60 médicos y 20 funcionarios que no habían cobrado seis sueldos desde enero a junio de ese año -el monto ascendía a $22 millones- y fue la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) la que tuvo que tapar los agujeros.

Con la lección aprendida por lo que había pasado con Toriani, las autoridades del organismo enviaron el detalle del gasto al Tribunal de Cuentas de la República (TCR). El expediente fue observado porque una contratación por ese monto tendría que haber sido licitada, pero el exdirector había decidido emplear a los funcionarios de forma directa. A pesar del llamado de atención, ASSE reiteró el gasto y les pagó a los trabajadores.

Los médicos cobraron y la observación del Tribunal de Cuentas no tuvo ningún efecto en el organismo. Uno de los ministros del Tribunal, Álvaro Ezcurra, dijo a El Observador que esa situación se repite "una y otra vez" con las compras estatales que resultan intervenidas. Si bien los entes pueden dar marcha atrás y acatar el llamado de atención, la corrección del gasto no suele ser la regla.


Entonces, ¿los organismos del Estado pueden gastar sin control? A veces sí. Ezcurra afirmó que el Tribunal de Cuentas envía las observaciones al Parlamento y son los legisladores los que deben darle "un seguimiento político" a los casos. Sin embargo, señaló que en el Palacio Legislativo hay "un cuarto lleno de papeles" en donde se acumulan las intervenciones que realizán él y los otros ministros.

"Cuando el Tribunal se creó en 1934, se le puso ese nombre porque la idea era que tuviera potestades sancionatorias. Pero esa propuesta no prosperó en el Parlamento en aquel momento y se limitó a las observaciones. En realidad no somos un tribunal de cuentas, somos una contraloría de cuentas", señaló.

Los organismos del Estado pueden reiterar los gastos porque está previsto en la Constitución, no violan ninguna norma por hacerlo. Sin embargo, Ezcurra afirmó que ese permiso fue otorgado porque una comisión del Parlamento debería evaluar luego cada una de las observaciones e intervenir en función de la gravedad. Ese control, afirmó, nunca se dio.

Según el ministro, una observación del Tribunal de Cuentas surte efecto cuando adquiere notoriedad pública y la prensa lo difunde. Ese fue el caso, por ejemplo, de muchas contrataciones en ASSE, que fueron corregidas una vez que los medios informaron sobre lo que ocurría en el organismo.


"Las licitaciones llegan directamente al Tribunal y acá las evaluamos, a veces observamos y otras no. Pero también tenemos contadores delegados observando cientos de compras más chicas y después esos gastos se reiteran", sostuvo.

La herramienta que tienen en el Tribunal, comentó Ezcurra, es subir la mayoría de las resoluciones a la página web. Así esperan que la ciudadanía (o algún legislador) esté al tanto y controle cómo se gastan los dineros públicos. En el sitio figuran 2.763 actuaciones de 2017, y 654 (24%) fueron observadas. De ellas, solo 45 fueron corregidas por los ordenadores del gasto; las demás fueron reiteradas.

Ezcurra consideró que el Tribunal de Cuentas debería ser transformado y, en lugar de hacer control preventivo, tendría que encargarse de realizar auditorías de funcionamiento del gasto.

Lo que propone el ministro es que el Tribunal deje de controlar las licitaciones de los organismos que ya funcionan bien -como las del Banco Central del Uruguay- y pase a fiscalizar que el dinero se utilice para lo que efectivamente se había pedido. Según explicó, en el mundo se está yendo hacia ese modelo de control.


"Nos pasó hace muchos años con una grúa que había comprado la Armada. La licitación se había hecho de manera correcta, pero la grúa nunca llegó por un caso de corrupción. Ahí es donde tenemos que intervenir -afirmó-, y ver cómo se ejecuta el gasto".

La grúa ficticia de la Armada y las empresas fantasma

Una maniobra de corrupción en la Armada fue descubierta en 2010, cuando salió a la luz que se habían abierto licitaciones a las que se presentaban empresas fantasma como proveedores. Fueron 18 las compras que se efectuaron y el caso significó una pérdida de US$ 1 millón para el Estado.

Una de las primeras compras fue una grúa en 2007, por la que se pagó $ 2.071.559. La Armada adquirió el vehículo a través de una compra directa por la vía de la excepción y si bien el pago se efectuó, la grúa nunca fue entregada.

El caso terminó con 15 personas procesadas, entre ellas, altos oficiales de la Armada. El principal responsable de estas maniobras fue el teniente de navío Carlos Barrero, procesado con prisión por fraude. Él trabajaba junto a Gerardo Feble, exjefe de Logística de la Armada, y ambos actuaban en acuerdo con el exencargado de Material Naval, Pablo Da Costa, quien se encargaba de recibir el dinero.

Las empresas fueron creadas especialmente para presentarse a las licitaciones. Luego los empresarios cobraban el dinero del material que nunca entregaban, se quedaban con el 10% y devolvían el resto a la Armada.

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