Un ex ministro de Jeanine Añez se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos

Según el comunicado de prensa que se difundió, “Murillo recibió al menos US$ 532 000 en sobornos de una empresa con sede en Florida a cambio de ayudarla a obtener un contrato de aproximadamente US$ 5,6 millones para proporcionar gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia”. El comunicado agregaba que “Murillo y sus cómplices lavaron las ganancias del esquema de soborno a través del sistema financiero de Estados Unidos, incluidas cuentas bancarias en Miami, Florida”.

Murillo fue arrestado en EE. UU. en mayo de 2021 y enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión. Se estima que la sentencia se conocerá entre los próximos tres a seis meses.

Tres cómplices de Murillo, su ex jefe de gabinete Sergio Mëndez y los empresarios Luis Berkman y Philip Lichtenfeld se habían declarado culpables en setiembre de 2021 y condenados a penas de entre 26 y 42 meses de prisión en junio de este año.

Las investigaciones de la justicia boliviana han determinado que tras el golpe cívico-militar respaldado por Estados Unidos contra el entonces presidente socialista Evo Morales en noviembre de 2019, el gobierno de facto instalado por el golpe y dirigido por la senadora Jeanine Áñez compró gases lacrimógenos y otras armas químicas no letales a precios inflados.  El régimen de Áñez pagó US$ 5,6 a la empresa estadounidense Bravo Tactical Solutions, que a su vez las había adquirido por US$ 3,3 millones a la empresa brasileña Cóndor.

Jeanine Añez cumple actualmente una sentencia de diez años de prisión en Bolivia por “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución” dictada por el Tribunal primero de sentencia anticorrupción de La Paz.

Tras la victoria de Luis Arce y David Choquehuanca del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales de octubre de 2020, el gobierno abrió investigaciones contra varios ex funcionarios del gobierno golpista por su papel en varios casos de corrupción, masacres, incidentes de violencia, daños humanos y violaciones de derechos cometidas durante su año de mandato. El 16 de noviembre de 2020 se dictaron órdenes de aprehensión contra Murillo y López por el caso de los “gases lacrimógenos”. Antes de que la policía pudiera arrestarlos, huyeron de Bolivia hacia Estados Unidos y Brasil respectivamente.

Los equipos antimotines objeto de la investigación habían sido utilizados en la represión policial y militar de las protestas sociales en rechazo al golpe de Estado, en las que perdieron la vida 36 personas en distintas regiones del país.

Poco después de que Murillo fuera arrestado en los Estados Unidos, el gobierno boliviano solicitó su extradición a Bolivia para enfrentar la justicia en varios otros casos de corrupción y violación de los derechos humanos, incluidas las masacres de Sacaba y Senkata, en las cuales perdieron la vida 22 personas y cerca de 200 resultaron heridas como consecuencias del accionar represivo.

El fiscal general de Bolivia, Wilfredo Chávez, en conferencia de prensa el 20 de octubre, informó que el Gobierno nacional recuperó “buena parte” de los US$ 2,3 millones pagados en exceso gracias a diferentes gestiones realizadas en Estados Unidos y a favor de la decisión de Murillo de declararse culpable.

El fiscal agregó que una vez que Murillo cumpla su condena en Estados Unidos será extraditado al país para que pueda responder a más de una decena de juicios abiertos en su contra en Bolivia.