“Confío en la historia, yo soy cristiano, creo en la vida después de la muerte, creo en la historia. Y si me permite, creo en tener un pequeño sitio en la historia de Perú". Esas palabras usó el expresidente Alan García en su última entrevista televisiva el martes por la noche en la cadena RPP. Unas horas después se disparó en la cabeza.
El expresidente se enteró este miércoles a las 6:30 de la mañana que irían a su casa de Miraflores a detenerlo. Cuando llegó el fiscal Henry Amenábar acompañado de seis policías, el personal de servicio de la casa de García abrió la puerta, escuchó y los dejó pasar, según una crónica del diario El Comercio de Perú. Y luego lo impredecible.
Con la policía dentro de su hogar, García subió por la escalera al segundo piso de su casa, cerró la puerta y se disparó en la cabeza. “El ex presidente dijo que iba a hacer una llamada telefónica a su abogado. Ingresó a su habitación y cerró la puerta tras de él”, dijo luego el ministro del Interior, Carlos Morán, según informó ese medio.
En un primer momento no se sabía si el disparo había sido para autoeliminarse o hacia la policía, por lo que los efectivos decidieron entrar al dormitorio por el balcón. Allí encontraron la escena. García sentado, con un tiro en la cabeza, aún con vida.
Fue trasladado inmediatamente al hospital Casimiro Ulloa donde pocas horas después, y tras sufrir al menos tres paros cardiorrespiratorios, murió.
Acorralado por el escándalo de corrupción de Odebrecht García encontró la salida en el suicidio.
"Ha fallecido Alan García, viva el Apra", dijo Omar Quesada, secretario general del partido al que pertenecía el hombre que fue presidente de Perú entre 1985-90 y 2006-2011.
Antes de emitirse la orden de detención, García había declarado que no se asilaría ni escondería, en directa alusión al asilo que pidió a Uruguay en diciembre y que no le fue concedido (ver nota aparte).
La detención del expresidente buscaba recoger, según la fiscalía, nuevos elementos en la investigación ante un eventual riesgo de fuga. La justicia había decidido en diciembre impedirle salir del país durante un plazo de 18 meses.
Y hasta el último día García reiteró que no existía ninguna prueba que lo vinculara a ningún hecho delictivo. "Mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras", había dicho días atrás. Y un año antes había asegurado ser un "perseguido político", pero sus palabras no tuvieron eco en la Justicia, que siguió adelante con las averiguaciones.
El expresidente estaba siendo investigado por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el metro de Lima durante su segundo mandato.
Según la fiscalía, el entonces presidente García y otros 21 funcionarios conspiraron para "facilitarle" a la empresa holandesa ATM Terminals que ganara en 2011 la concesión de la Terminal Norte del puerto del Callao, vecino a Lima.
Por el escándalo de Odebrecht en Perú también están investigados los expresidentes peruanos Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), éste último bajo detención preliminar hasta el 20 de abril, así como la opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva.
Una vez conocido el suicidio del expresidente de 69 años, los integrantes de su partido responsabilizaron directamente a la fiscalía por el final elegido por su líder.
Cuando García aún estaba grave producto del disparo, el congresista Mauricio Mulder dijo ante la prensa que esto había sucedido por "la concreción de todo un mecanismo de persecución y búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros".
Además, el excanciller Luis Gonzales Posada, también militante del Partido Aprista Peruano, acusó a la Fiscalía de querer apresar arbitrariamente a políticos sin un debido proceso.
"Es el resultado de un pérfido, malévolo y abusivo atropello de una Fiscalía que puede meter preso a quien le da la gana", protestó.
Luego de la muerte de García la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima abrió una investigación preliminar contra los fiscales José Domingo Pérez y Henry Amenábar por presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones durante el allanamiento a la casa del expresidente, informó El Comercio de Perú.
Según una resolución a la que accedió ese medio, la fiscal adjunta superior Rosario Velazco Sánchez tomó esta decisión de oficio y se señala en el documento que el fiscal "no habría tomado las medidas necesarias" para dirigir la diligencia.
"Ya que no habría brindado la información pertinente al intervenido a fin de garantizar sus derechos fundamentales, y tampoco habría dispuesto que se tomen las medidas de seguridad que garanticen la salvaguarda de la integridad del detenido, toda vez que este habría ingresado a su habitación sin acompañamiento policial, lo que habría permitido que atente contra su vida", manifiesta la fiscal.
Velazco pidió a los fiscales Pérez y Aménabar que presenten sus informes de los hechos en cinco días hábiles.
El Observador con AFP y EFE
Inicio de sesión
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá