El gobierno busca impulsar el desarrollo de un mercado de capitales
Durante los últimos años el tema estuvo sobre la mesa de forma esporádica en reiterados momentos. La administración anterior inició el camino y el actual presidente, José Mujica, se hizo eco de la propuesta durante su campaña. La apertura de capital de las empresas privadas en poder del Estado es una iniciativa compartida por los gobiernos de izquierda, que conocen las limitaciones que conlleva para un país como Uruguay, carecer de un mercado de capitales desarrollado.
Existen al menos 15 empresas en la órbita del sector público cuyo capital podría abrirse a la Bolsa de Valores. Sería una verdadera revolución para un mercado que hoy día solo cuenta con seis empresas que cotizan de forma activa en el mercado accionario.
La sola mención por parte del prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, de que el gobierno elabora un plan piloto de cara al primer semestre de 2012, que incluirá la apertura de capitales de las empresas Accesa –en propiedad de ANTEL– y Ducsa –en la órbita de ANCAP–, generó distintas respuestas. Entre los agentes de mercado hubo dos tipos de reacciones: algunos hablan de un antes y un después, dando por hecho que la iniciativa se materializará en el tiempo que prevé el gobierno. Otros, sin embargo, se muestran escépticos y tienen razones para estarlo.
Todo el equipo económico está de acuerdo con la iniciativa. Tanto el astorismo como el mujiquismo entienden oportuno dar un paso adelante. Son conscientes de que el primer puntapié para generar un mercado de capitales acorde a las necesidades del país, solo puede darlo el Estado. La oposición tampoco es el problema. El sistema político en su espectro más relevante está de acuerdo con la medida. Ni hablar de los inversores, que ven con ansias la posibilidad de colocar sus capitales en nuevas alternativas, que además inviten a otras empresas a cotizar.
¿Dónde está, entonces, el problema? La traba con la cual se enfrenta la administración es la misma que en tantas otras iniciativas, como la reforma del Estado y la del sistema educativo, el poder de los grupos de presión, fuera del Estado, que carecen de legitimidad democrática y cuyas acciones no defienden más que sus propios intereses.
Los sindicatos de las empresas privadas en la órbita del Estado fueron tajantes en su respuesta al gobierno. No permitirán que la iniciativa tenga éxito y probablemente ganen el apoyo de varios sindicatos que entienden la apertura del paquete accionario como una “privatización encubierta”. No se trata de una cuestión ideológica. Se trata de un conflicto de intereses. Los de unos pocos contra los de la sociedad en su conjunto. ¿Cuál sería el desenlace más sensato?