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Un nuevo round entre Larrañaga y Martínez por seguridad terminó en una comparación con la dictadura
Los cruces entre Jorge Larrañaga y Daniel Martínez por el tema de la seguridad empezaron hace varias semanas. Desde principios de mayo hay un fuego cruzado entre el exintendente de Montevideo y el líder de Alianza Nacional que cada tanto se revive. Sin embargo, no fue hasta este jueves que el enfrenteamiento alcanzó dimensiones inesperadas. El frenteamplista coqueteó con la idea de no hacer uso de una Guardia Nacional -aunque esta fuera aprobada en las elecciones de octubre- y el nacionalista le recordó que ni el régimen dictatorial se atrevió a desoír a las urnas.
El único precandidato que hasta el momento había hecho declaraciones similares a las de Martínez fue el líder de Todos, Luis Lacalle Pou, quien señaló en enero de este año, durante el 154° aniversario de la Defensa de Paysandú, que si en octubre la ciudadanía "opta por más herramientas" estas se podrán "utilizar o no". De inmediato, el líder de Alianza Nacional le respondió que su interpretación era "un error" y que la Constitución debía aplicarse sin excepciones.
La reforma que impulsó Larrañaga tiene cuatro artículos y un quinto que establece que los puntos anteriores entrarán en vigencia inmediatamente después de que la Corte Electoral proclame el resultado afirmativo del plebiscito. De los cuatro puntos hay tres que no resisten mayor análisis: el cumplimiento efectivo de las penas, la habilitación de los allanamientos nocturnos y la creación de la reclusión perpetua revisable. Sin embargo, la polémica se ha concentrado en la creación de una Guardia Nacional dotada de 2 mil militares que cumplirán funciones policiales bajo la coordinación del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior.
"Créase la Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas, con atribuciones y cometidos en materia de seguridad pública", reza el texto de la reforma. Martínez apeló a la letra chica del documento para explicar cuál será su postura si resulta electo presidente. En declaraciones al programa Puntos de vista de Radio Uruguay afirmó que la reforma no dice que sea obligatorio "poner militares en la calle".
"Obligación no hay", dijo y agregó que la ciudadanía "habilita" al Poder Ejecutivo a hacer uso de la guardia. "Mi posición es 'gracias, muy amable'", sentenció. El líder de Alianza Nacional, que defiende como a un hijo a su iniciativa, afirmó que las declaraciones de Martínez suponen un "agravio a la democracia".
"Hasta la dictadura militar, en su momento, acató el veredicto de las urnas en lo que fue el intento de reforma constitucional", manifestó en referencia al plebiscito de 1980.
Horas después, el ingeniero socialista profundizó sus declaraciones en una conferencia de prensa previa a un acto político. Allí explicó que lo que establece la Constitución es "mandatorio". "Nosotros no somos nadie para andar cuestionando", afirmó. Sin embargo, agregó que "hay un papel de coordinación" que es parte de la "discrecionalidad" que él reivindica.
"La gente vota lo que está escrito y lo que está escrito es que el Poder Ejecutivo tiene la misión de ajustar y coordinar la aplicación de esas funciones de la Guardia Nacional", explicó.
Para el líder de Alianza Nacional, si el frenteamplista aplica en un eventual gobierno lo que está anunciando estará desoyendo a más de 400 mil uruguayos que firmaron para que se plebiscite la reforma. Y si la reforma triunfa en octubre, Martínez también le estará diciendo "gracias, muy amable" a más de 1.300.000 personas, precisó Larrañaga.
A nivel jurídico, varios constitucionalistas afirmaron que si el plebiscito triunfa en octubre su aplicación será inmediata. José Korzeniak, por ejemplo, declaró recientemente a El Observador que no es necesaria una reglamentación extra para que entre a regir la reforma y basó su argumentación en el artículo 332. Dicho artículo establece que “los preceptos de la Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”.
El constitucionalista Martín Risso afirmó a Montevideo Portal que lo que establece la Constitución es obligatorio y que el presidente está "absolutamente sometido" a ella. "Que diga que va a ver si aplica la reforma constitucional me parece gravísimo", destacó.
Una lectura un tanto distinta tiene la jurista y senadora suplente de la Lista 404 de Lacalle Pou, Carmen Asiaín, quien consideró que es obligatorio aplicar la reforma una vez que se aprueba. La creación de la Guardia Nacional es obligatoria, según explicó recientemente, pero su coordinación quedará en manos del Ejecutivo. "Se podrá usar o no porque estará creadas pero las funciones las dispone el Poder Ejecutivo", afirmó.
