Lejos de las prohibiciones que rigen en Europa y de las altas tarifas en algunos estados de Estados Unidos donde el procedimiento es legal, Colombia es un paraíso para el embarazo subrogado por los bajos costos y el vacío en la legislación.
A diferencia de otros países latinoamericano, como México, Cuba, Uruguay y Brasil, o en Argentina, en donde no está prohibido ni legislado, ninguna ley regula el procedimiento en Colombia, lo que atrae a solteros, parejas con problemas de fertilidad, parejas de un mismo sexo y a quienes por diversas razones no quieren someterse a un embarazo.
En el Congreso, algunos legisladores que integran la coalición de gobierno que encabeza el presidente de izquierda Gustavo Petro no ven con buenos ojos la llegada de extranjeros para luego llevarse a los bebés.
"A muchas personas les genera temor que Colombia se pueda convertir en una fábrica de niños", explica el congresista de izquierda Alejandro Ocampo, quien diseñó un proyecto de ley que regularía los pagos, e incluso exigiría que uno de los padres que alquilen el vientre sea colombiano.
“Con el proyecto se busca darle prioridad a la niñez, evitar que las mujeres se vuelvan fábricas de niños, con una reglamentación clara que brinde soluciones a las familias que quieren tener hijos”, dice el legislador de Pacto Histórico, el espacio de Petro.
Por lo pronto, la iniciativa integra la agenda legislativa y debería ser discutido en el actual período de sesiones legislativas, que comenzó el 20 de julio. En paralelo, el Ministerio de Salud trabaja en otra propuesta legislativa.
La iniciativa que impulsa Ocampo, de ser aprobada, impedirá la subrogación de vientres con fines comerciales. Sólo se permitiría con propósitos altruistas. Un forma de poner fin a lo que suele llamarse “turismo reproductivo” o “industria reproductiva”
El proyecto necesitará de cuatro debates, dos de ellos en las comisiones del Senado y Diputados, además de otros dos en el pleno del Congreso, antes de obtener la aprobación y poder ser sancionado por el Ejecutivo para convertirlo en ley.
Mientras tanto, el vacío legal seguirá rigiendo, lo que impide conocer la dimensión de una práctica que se considera muy extendida, pero de la cual no hay cifras oficiales que permitan, por ejemplo, conocer la cantidad de niños nacidos mediante el alquiler de vientres.
Según la ginecóloga Karin Franco, propietaria de una clínica especializada en la ciudad de Bogotá, la capital del país, en Colombia hay profesionales muy experimentados en este tipo de procedimientos en comparación con el resto de América Latina.
Franco, además, afirma que nota un incremento en la demanda luego de la invasión rusa a Ucrania en febrero del año pasado, un destino que hasta el estallido de la guerra era de los preferidos por los europeos que buscan subrogar vientres.
“Además, el mercado colombiano ofrece mejores tarifas que el de Estados Unidos, en donde el precio puede ascender por encima de US$ 100.000”, explica Franco. Sin regulación por parte del Estado, la ley de la oferta y demanda se impone.
Es claro. La escasez de dinero motiva a muchas colombianas a alquilar su vientre. "Normalmente son mujeres solteras de bajos recursos económicos. Según los casos, reciben entre US$ 10.000 y 16.000", explica la especialista.
En la actualidad, se trata de un negocio muy lucrativo. Una docena de establecimientos en la capital colombiana ofrecen servicios de reproducción asistida, desde la fecundación hasta el parto. En la mayoría de los casos, la mujer que ofrece su vientre en alquiler no es la progenitora biológica; es decir: no ha aportado los óvulos.
Muchos clientes usan embriones obtenidos mediante fecundación in vitro. Otros acuden a donantes de óvulos. En todos los casos, incluidas las mujeres que ofrecen sus vientres, pasan por un proceso de selección y pruebas físicas, infecciosas, genéticas y psicológicas. “Así, se garantiza una alta tasa de éxito en el embarazo, que ronda en torno entre el 60 y el 70 por ciento”, dice Franco.
En los últimos años, diferentes sectores políticos han presentado ante el Congreso más de 15 proyectos de ley, pero ninguno ha logrado pasar los debates necesarios. Los problemas legales que plantea la inexistencia de un marco regulatorio hizo que la Corte Constitucional tomara cartas en el asunto.
En septiembre del año pasado, el tribunal le ordenó al Congreso regular la maternidad subrogada, explica el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, un partido político conservador. Su lectura añade que todos los debates ya se han planteado y que la actual propuesta podría hundirse como las anteriores.
“Las leyes tiene que partir de una base real. Si nosotros hacemos leyes para marcianos, pues que la cumplan los marcianos, pero tenemos que hablar de una realidad y es que si alguien alquila su vientre, lo hace para recibir una remuneración económica”, dice Ramírez en franca oposición al proyecto de Ocampo.
Andreas Abele-Rassuly y su esposo, un matrimonio gay residente en Alemania cansado de la "discriminación" en los centros de adopción de su país, intentaron acceder a un embarazo subrogado en Albania, pero las trabas los espantó. Fue así que terminaron en Bogotá por intermediación de una empresa israelí. Ahora son padres de dos niños.
A la práctica no le faltan críticos. Una de esas voces es de la abogada María Cristina Hurtado. Su mirada pone de relieve lo que define como “la vulneración de los derechos de miles de mujeres, de niños y de niñas que terminan valiendo menos en la jerarquía de derechos debido al deseo de unos pocos".
Ocampo propone pasar a un modelo "altruista" en el que a la "madre de alquiler" sólo se le reembolsan los gastos del embarazo. También plantea vetar esta técnica reproductiva si al menos uno de los futuros padres no es colombiano.
Para Nadia Afanador, abogada experta en contratos de este tipo, el proyecto implica un “perjuicio” para los extranjeros. "El derecho a la reproducción es un derecho humano", afirma la letrada, quien sin embargo apoya la sanción de un marco legal para evitar "abusos" y "riesgos comerciales".
El abogado y experto en el tema Jesús Albrey González espera que el proyecto tenga un debate más profundo en comparación con los anteriores. “Es imprescindible que incluya todos los puntos de vista y los derechos de las partes involucradas, incluidos los niños por nacen, cerrando todos esos vacíos que la legislación no contempla. De lo contrario, la iniciativa tendrá la misma suerte de aquellas propuestas que terminaron archivándose", señala González.
En América Latina, varios países han ajustado sus legislaciones sobre la maternidad subrogada. En Guatemala, por ejemplo, está prohibida, mientras que en otros, como Argentina, Bolivia y Costa Rica, no la prohíben, pero tampoco es ilegal.
En el caso de México, no hay una ley federal y la subrogación de vientres está permitida con ciertas limitaciones. Lo mismo ocurre en Brasil. En Uruguay, en tanto, está permitida si la madre comprueba su infertilidad y acude a un familiar en segundo grado de consanguinidad, que en este caso no debe recibir remuneración económica alguna.
(Con información de la agencia de noticias AFP)
