Opinión > OPINIÓN/ CLAUDIO ROMANOFF

Un piquete para cada chimenea

Un decreto contra los cortes de ruta y las actuaciones policiales a su amparo son un mensaje hacia UPM, que dirá si le alcanzan

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25 de marzo de 2017 a las 05:00

El gobierno aparece decidido a desarmar los piquetes que, cada tanto, amenazan la circulación por calles y rutas nacionales.

Estas medidas de fuerza que afectan la libertad de los ciudadanos y ocasionan más que molestias en el desplazamiento de las personas tienen diferentes orígenes y no siempre asociados a la actividad sindical.

Este tipo de protestas también expresa la indignación de ciudadanos que reclaman reparación de carreteras o medidas de seguridad en tramos inseguros de las vías de comunicación.

En algunas oportunidades los piquetes han sido acompañados de otros agregados para el show, caso de gomas quemadas y look Intifada a tono. Los mejores/los únicos/los métodos piqueteros...no se lo pierdan:


La Policía ya tenía la misma herramienta que el gobierno reedita ahora. Se trata de un decreto de 1999 que le adjudicaba el redundante objetivo de despejar las rutas.

El de esta semana expresa que las fuerzas de choque pueden actuar con aviso judicial a posteriori y señala que no se trata de vulnerar el derecho de huelga de los trabajadores sindicalizados.


Este último punto tiene más de una lectura en función de que el PIT-CNT se siente dueño de las calles y principal motor de las movilizaciones.

¿Si había un marco legal (endeble) parecido, por qué la reiteración real? No parece una señal destinada a los empresarios que por segunda vez desistieron de denunciar al gobierno ante la OIT luego de que ese organismo rechazara considerar las ocupaciones como extensión del derecho de huelga.

El empresariado quizá optó por un criterio de realidad luego de obtener la promesa sindical de eludir el salvajismo. El destinatario del mensaje es UPM, la empresa finlandesa que demanda –según informó Búsqueda– garantías de que no serán ocupadas sus instalaciones como condición ineludible para la instalación de una segunda planta en el norte del país.

Y como viene la mano, además asumiría el costo millonario para la reparación de carreteras y vías férreas necesarias para transportar su producción. El poderoso sindicato de la construcción ya le advirtió que se saquen con peine fino esa aspiración, algo que, evidentemente, saben los empresarios locales por experiencia propia.

Es más, los ferroviarios hicieron un paro parcial para evitar que técnicos finlandeses de UPM hicieran en marzo una prueba de las vías férreas. Jelou, esa sí que es una señal. El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que eso es casi "un delito de lesa nación".

Así las cosas, con este decreto y una firme actitud policial el gobierno le muestra a UPM que hará todo lo que pueda para evitar que sus instalaciones sean tomadas por los gremios, aunque ya le colgaran un blanco en cada chimenea.

El asunto central es que el gobierno, aún si tuviese la intención, no tiene la correlación de fuerzas necesaria adentro del Frente Amplio para limitar las ocupaciones y los piquetes por ley.


Vean esto: ante el decreto el sector de la senadora Constanza Moreira ya puso en el grito en el cielo. Por otro lado, aprobar una ley con los votos de la oposición en medio de un país incendiado no es opción.

El gobierno está bien orientado en cuanto a la preservación de la libertad de circulación y es evidente su esfuerzo para mostrarle a UPM su voluntad de hacer todo lo posible para impedir que sufra perjuicios sindicales artificiales.

UPM dirá si alcanzan.

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