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Un problema complejo
Un profundo análisis del doctor en ciencia política Diego Sanjurjo, en el que desgrana una hipótesis sobre las razones que explicarían el aumento exponencial de los delitos en Uruguay desde hace más de una década, publicado en El Observador el sábado 2 deja al descubierto el pobre debate sobre este grave problema social que asola al país y lo lejos que están los líderes políticos –en clima de campaña electoral– de apoderarse de un complejo problema que tiene múltiples dimensiones.
A partir de estudios sobre el delito en Uruguay y del aporte teórico del criminólogo Marcelo Bergman, el académico ensaya una explicación profunda sobre por qué hubo un fuerte aumento del delito si casi en el mismo período hubo una inusual bonanza económica, que el autor inicia en 2004 hasta hace poco años atrás, que contribuyó a una importante caída de la pobreza y la desigualdad –a lo que sumamos políticas sociales asistencialistas como una respuesta rápida a las situaciones sociales más urgentes de la crisis de 2002–.
Así como está comprobado que el crecimiento económico es necesario, pero no suficiente para el combate a la pobreza y la desigualdad, tampoco alcanza para una baja del delito. Es más, en el caso de Uruguay ha habido incluso una profunda brecha sociocultural que se refleja de muchas maneras en la convivencia ciudadana.
En ese largo período de más prosperidad de los uruguayos hubo un “aumento generalizado de los delitos contra la propiedad” donde Sanjurjo incluye los hurtos, rapiñas, estafas y robos de autos e inmuebles. Muestra que al mismo tiempo que hubo un mayor nivel de consumo y de acceso a bienes y servicios, hubo un incremento importante en la demanda de bienes robados así como de actividades ilícitas asociadas a las drogas.
Uruguay pudo haber quedado atrapado en un círculo vicioso que desemboca en la delincuencia que se alimenta del mal funcionamiento de la Policía y de la Justicia, como es muy notorio desde hace demasiado tiempo. Y ese movimiento circular pernicioso parece no tener fin. Aumenta el delito que la policía no puede contener y, a su vez, se reduce la efectividad de la Justicia y su potencial poder disuasorio.
Obviamente que las cosas hubieran sido mucho peor sin la mejora de la economía. Pero lo cierto es que esa mayor prosperidad también alimentó la cultura de la ilegalidad por las deficiencias de la Justicia y de la Policía.
Sin una mejora en serio en ambas instituciones, entonces aumentaremos nuestros niveles de criminalidad con lo que ello supone para el desarrollo del país.
Ante ese panorama desolador que interpretamos del análisis de Sanjurjo, no se puede más que advertir la ausencia de un diálogo o debate en serio en el sistema político.
Ojalá que la movida del senador Jorge Larrañaga para plebiscitar una reforma constitucional con medidas duras para el combate al delito sea un aliciente para una discusión profunda sobre el tema. Creemos que las propuestas del precandidato nacionalista van en el sentido correcto para que la policía y la justicia sean un mejor instrumento de disuasión, pero desde ya tenemos que ser conscientes que una realidad social de múltiples dimensiones necesita de múltiples respuestas, como bien dice Sanjurjo.
