Esta semana el parlamento aprobó la Ley de Urgente Consideración. El presidente Luis Lacalle Pou logró, de este modo, un objetivo tempranamente anunciado y cuidadosamente planificado. El gobierno fue inflexible en la forma (no desglosó el proyecto como algunos reclamamos) pero flexible en los contenidos (tal como se había anticipado). Las propuestas del Poder Ejecutivo fueron negociadas, primero, con los legisladores de la coalición y, luego, con los de la oposición. La disposición al diálogo dentro del Parlamento, el contexto de desmovilización social generado por la crisis de la pandemia, los altos niveles de aprobación de la gestión del gobierno, y el sentido de responsabilidad política que tuvo, en general, la oposición, hicieron posible que la tensión social no superara nunca niveles críticos. El sistema político superó la prueba. De todos modos, como argumenté en otras oportunidades, habrá que seguir discutiendo respecto a las consecuencias que podría tener la reiteración del uso de las leyes “ómnibus” de urgente consideración en la calidad de la democracia uruguaya.
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