Una encuesta refleja un alto índice de desaprobación de la Presidenta y el Congreso peruanos

El estudio se realizó entre el 18 y el 22 de febrero, días después de que el Congreso rechazara un tercer proyecto de ley que convocaba a elecciones generales para 2023, una de las demandas fundamentales planteadas en el actual levantamiento social. Las conclusiones completas del estudio fueron publicadas este lunes.

Según el sondeo de opinión, la tasa de rechazo a la gestión de Boluarte fue la más alta en la macrorregión sur, donde el 86% de la población desaprobó su gestión y dijo que debería dimitir. De igual manera, la tasa de rechazo al Congreso también fue la más alta en la misma región. El 95% de la población desaprobó la actuación de los actuales parlamentarios y exigió que dejen el cargo de inmediato.

La encuesta estableció también que el 69% de los peruanos cree que las elecciones generales se deben realizar en 2023, y no en 2024. Mientras tanto, un tercio de los consultados cree que el Congreso busca quedarse hasta 2026. Además, 28 % creía que al final el parlamento aprobaría adelantar las elecciones a 2023, mientras que el 24% creía que el legislativo aprobaría la celebración de elecciones en 2024.

Con respecto al tema de una nueva constitución, la encuesta mostró que el 47% estaba a favor de hacer algunos cambios a la Constitución de 1993. Por otro lado, el 36% dijo que la constitución de la época de Fujimori debería ser reemplazada por completo.

El 7 de diciembre de 2022, el presidente de izquierda elegido democráticamente, Pedro Castillo, fue destituido de su cargo en un golpe legislativo y posteriormente arrestado. Desde entonces, cientos de miles de personas, principalmente de los sectores empobrecidos de la ciudad y el campo, se movilizaron en diferentes partes del país para exigir cambios políticos radicales. Sus demandas incluyen la liberación inmediata de Castillo, la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales adelantadas para este año y un referéndum sobre una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución.

Según el estudio del IEP, el 58% de los entrevistados dijo identificarse con las protestas que se desarrollan en el país. Al mismo tiempo, el 40% creía que las protestas se intensificarían en un futuro cercano, el 55% creía que las protestas conducirían al adelanto de las elecciones y el 51% creía que las protestas lograrían la renuncia de Boluarte.

Sin embargo, a pesar de más de doce semanas de protestas masivas en todo el país y el evidente rechazo generalizado a su régimen, Boluarte se niega a renunciar mientras desencadena una constante represión policial y militar contra las protestas y huelgas. Según la Defensoría del Pueblo, la fuerte represión se cobró la vida de más de 60 personas y dejó más de 1.200 heridos.

En el caso del índice de aprobación de las fuerzas de seguridad pública, el índice de la Policía Nacional cayó 9 puntos: del 50% en diciembre de 2022 al 41% en febrero. En tanto, la calificación de las Fuerzas Armadas bajó 13 puntos: del 61% al 48%. La desaprobación fue la más alta en el sur, situándose en 74% y 69%, respectivamente.

Desde la toma de posesión de Castillo en julio de 2021, los sectores de extrema derecha del Congreso, que nunca aceptaron su victoria electoral, realizaron constantes intentos por derrocarlo y desestabilizar su gobierno. Ante esta crisis política, alrededor del 60% de los peruanos cree que las elecciones anticipadas podrían ser la solución y alrededor del 30% cree que Castillo debería terminar su mandato. La solución nunca incluyó la asunción a la presidencia de la vicepresidenta de Castillo, Boluarte, ni la permanencia del actual Congreso en funciones.

Álvaro Henzler Vernal, vocero de Movimiento Ciudadano, una coalición de más de 400 organizaciones de Derechos Humanos y grupos comunitarios, advirtió sobre el debilitamiento de la democracia en el país. “Ni siquiera 1 de cada 10 aprueba el trabajo del Congreso. Casi 9 de cada 10 aprueba elecciones anticipadas en 2023 o 2024. Ciegos y sordos es un eufemismo para describir a quienes en teoría nos representan. Sólo representan sus propios intereses. Contribuyen con su terquedad a debilitar aún más la democracia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, el gobierno peruano anunció la semana pasada que retiraría definitivamente a su embajador en México luego de los comentarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador contra el golpe y la violencia contra los manifestantes.

En enero, el gobierno de Boluarte anunció igualmente que retiraría al embajador peruano de Honduras debido a los comentarios hechos por la presidenta Xiomara Castro en la Cumbre de la CELAC. El expresidente boliviano Evo Morales fue declarado “persona no grata” por el Congreso peruano debido a sus comentarios de rechazo al golpe y apoyo a las protestas.