La expresión “muerte política” fue una de las que más se utilizó para referirse al impactante deceso del fiscal Alberto Nisman, que pretendía llevar a juicio a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su canciller Héctor Timerman por presunto encubrimiento a los acusados del atentado contra la AMIA.
Y es que, tras el estupor y la consternación inicial, la población reaccionó con un sentido absolutamente político. Para una parte de la ciudadanía, el sentimiento preponderante fue la indignación, que tuvo como blanco al gobierno de Cristina Fernández.
Todavía no se conocía el resultado de la autopsia y las pericias policiales, cuando ya abundaban las teorías y discusiones respecto de si se trataba de un suicidio, de un crimen o de una muerte mediante la práctica mafiosa del “suicidio instigado”.
Desde temprano, el hashtag “#CFKasesina” fue trending topic en la red social Twitter.
La convocatoria a una marcha de protesta a la plaza de Mayo, con la consigna “Yo soy Nisman”, parafraseando el lema “Je suis Charlie” (Yo soy Charlie) que se ha popularizado en el mundo tras los ataques en París, surgió a primera hora, con el propósito explícito de señalar al gobierno como un responsable detrás de la muerte de Nisman.
Contribuyó a ello las críticas al procedimiento policial. El hecho de que, una vez conocida la muerte de Nisman haya sido el secretario de Seguridad, Sergio Berni –quien condujo el operativo en el departamento del fiscal– fue para algunos una prueba contra el gobierno. Berni es un personaje político de alto perfil, que no se mantuvo ajeno a la polémica creada por la acusación de Nisman. De hecho, un día antes de conocerse la muerte del fiscal, había dicho que en su presentación en el Congreso, iba a “hacer un papelón”.
Para expertos en investigación policial, solamente el juez y la policía científica debían ingresar al apartamento de Nisman. Pero allí estuvo Berni, con lo cual de inmediato se generó la suspicacia respecto de cuánta garantía había de que fuera preservada correctamente la documentación que Nisman iba a presentar como prueba en su comparecencia ante el Parlamento.
Para acrecentar el mal clima, tanto el fiscal que investigará la muerte de Nisman como el que tomará a su cargo la investigación por la causa AMIA están considerados como cercanos al kirchnerismo.
El gobierno contraataca
Lo cierto es que, si alguien quedó de inmediato identificado como “perdedor”, políticamente hablando, fue el gobierno de Cristina.
Ayer tenía prevista una jornada de reivindicación política, pero terminó en el centro de las peores sospechas.
Como había dicho la diputada Diana Conti, la determinación era concurrir a esa sesión legislativa “con los tapones de punta”. Y la metáfora futbolera implicaba un objetivo que iba mucho más allá de hacerle pasar un papelón a Nisman. El gobierno estaba dispuesto a aprovechar la oportunidad para recuperar credibilidad, al tiempo que desacreditaría genéricamente todas las denuncias judiciales que afectan al gobierno y a la persona de Cristina en particular.
Si, como el gobierno esperaba, lograba tener una desmentida contundente de las acusaciones de Nisman y si lograba ser convincente en presentarlo como un instrumento de espías de la Secretaría de Inteligencia que estaban resentidos tras haber sido desplazados por la presidenta, entonces podría generar un clima que tiñera de duda a cualquier acusación contra Cristina y sus funcionarios.
Tanta fe se tenía el gobierno que pidió que la audiencia fuera pública, a pesar de que Nisman había adelantado que aportaría nuevas pruebas, incluyendo escuchas telefónicas.
Y lo cierto es que la denuncia del fiscal aparecía, en lo previo, con muchos puntos flojos. Nisman había argumentado que el presunto pacto entre Cristina y el gobierno de Irán determinaría que se dieran de baja las alertas de Interpol contra los iraníes acusados. Pero eso nunca ocurrió.
También era raro el argumento de que la impunidad sería negociada a cambio de comercio por petróleo y cereales. No resulta muy verosímil, porque Argentina no es un gran importador de crudo ni necesita con desesperación la apertura de nuevos mercados agrícolas. En todo caso, el comercio bilateral con Irán no tuvo cambios en los últimos tres años.
Y, por supuesto, nunca fue concretada la supuesta “causa trucha” para acusar a una célula de “fachos locales” como perpetradores del atentado de 1994.
Pero ahora todo ha cambiado. De pronto, la acusación parece haber recobrado credibilidad. Hasta las organizaciones de la colectividad judía que se habían mostrado cautas ante la denuncia, dicen ahora que la muerte del fiscal equivale a “una segunda explosión de la AMIA”.
Y Nisman se transformó, súbitamente, en un símbolo de la justicia independiente, que se anima a avanzar contra el poder aun cuando haya presiones que puedan poner en riesgo su propia vida.
Para la opinión pública, será difícil ver al gobierno como una víctima de operaciones político-mediática-judiciales.
La propia Cristina fue la primera en entender esta situación. Por eso ordenó a su bancada legislativa a llamar a una conferencia de prensa, en la cual el gobierno se afiliaría sin reservas a la hipótesis de que Nisman fue víctima de un suicidio instigado por una organización mafiosa.
En estos momentos, se juega una guerra mediática. La apuesta del kirchnerismo es la de plantear que hubo dos víctimas: una fue el propio Nisman, usado como un títere por espías de la SIDE; la otra es el gobierno, atacado por una “corporación mediático-judicial”.
