Opinión > EDITORIAL
Una muerte saludable
El intento del Frente Amplio de reformar la Constitución ha caído en una saludable languidez probablemente terminal. Si se confirma su muerte anunciada se liquidarán motivos improcedentes para dar vuelta la estructura institucional, como son las iras partidarias y los cálculos electorales. En la plataforma que se zarandea desde hace más de una década figura, por ejemplo, clonar una especie de Suprema Corte de Justicia paralela con el nombre de Tribunal Constitucional. La iniciativa no surgió de sólidos estudios técnicos y consultas sino del enojo frenteamplista por fallos de inconstitucionalidad de leyes defectuosas durante la administración Mujica. Insistir en el voto de los uruguayos en el exterior, tema ya rechazado por la ciudadanía en un plebiscito, o eliminar el balotaje busca claramente fortalecer chances de ganar la presidencia y seguir en el poder. Y la propuesta de recortar la facultad presidencial de veto responde a la aspiración de la bancada frenteamplista de evitar que se frenen sus leyes, como hizo Tabaré Vázquez en su primera presidencia con la legalización del aborto.
Los arrestos reformistas comenzaron en 2005 y, con idas y venidas, fueron confirmados en la última discusión programática del Frente Amplio en 2013 y en su Plenario hace un año. Pero desde entonces fueron perdiendo fuerza ante otras urgencias de la alianza de izquierda y por discrepancias internas, ya que el Frente Líber Seregni, que lidera el ministro Danilo Astori, se opuso a propulsarlos. El dirigente del Partido Socialista, Manuel Laguarda, habló de una postergación del tema hasta 2020 debido a la proximidad de los tiempos electorales, “y el no haber avanzado en un diálogo profundo con otros actores sociales y políticos para buscar un acuerdo”.
Más definitorio y realista había sido antes un dirigente del sector del vicepresidente Raúl Sendic, que aseguró a El Observador que “por ahora, la reforma está enterrada a dos metros y es difícil que salga”. Incluso si se cumpliera la esperanza de desenterrarla en 2020, su éxito será aun más incierto que ahora ya que entonces se habrá elegido un nuevo gobierno y un Parlamento en el que es improbable que un partido alcance una mayoría absoluta, como tuvo el Frente Amplio en la Cámara de Diputados hasta la deserción del legislador Gonzalo Mujica.
Nuestra Constitución es ciertamente un documento imperfecto, en parte por un excesivo detallismo que frecuentemente dificulta acciones convenientes en muchos campos. Pero, pese a las objeciones que merezca, conlleva una imagen de poca seriedad institucional cambiarla, o procurar hacerlo, a cada rato. Peor aun es cuando las razones que se esgrimen para los cambios son injustificadas o de una ligereza directamente inaceptable. Ya sucedió hace algunos años con el absurdo de haberle dado al Estado la exclusividad del suministro de agua potable, fuente de los muchos problemas que la población ha sufrido en varios puntos del país. Y volvería a ocurrir si renaciera y prosperara la plataforma reformista que esgrime el Frente Amplio. Afortunadamente, todo indica que su destino está más cerca de la tumba anunciada por un dirigente del sector de Sendic que por la esperanza de renacimiento formulada por Laguarda para después de las elecciones.
