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Una respuesta desafortunada
Resulta desafortunado e inoportuno el apoyo público del presidente electo, Luis Lacalle Pou, al intendente del departamento Artigas, Pablo Caram, en momentos en que hay una investigación judicial en marcha por la eventualidad de que el jefe comunal haya violado normas de conducta de la función pública y de uso indebido del poder público.
El domingo 23, Lacalle Pou, durante una visita a Artigas para cumplir una vieja promesa de hacerse presente en el Carnaval departamental, ante una pregunta del corresponsal de Telemundo, dijo que no iba a opinar sobre las conclusiones de una investigación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre irregularidades en licitaciones de dicha comuna, pero “sobre el tema de fondo”, precisó, “es conocido mi respaldo al intendente Caram”.
Las declaraciones fueron realizadas cuatro días después de que se supiera que el caso está en manos del fiscal de Artigas Raúl Iglesias, quien citó al gobernante departamental el próximo 2 de marzo por un informe de la Jutep, del pasado 22 de enero.
La investigación concluye que Caram violó principios de probidad, de legalidad y de transparencia, según el Decreto N° 30/003 (normas de conducta de la función pública) y la Ley N° 17.060 (uso indebido del poder público).
La Jutep, cuyas conclusiones fueron aprobadas por la unanimidad del Directorio, responsabiliza a Caram de cometer varias irregularidades en licitaciones millonarias (equivalente a unos US$ 3,8 millones), adjudicadas durante su gestión a tres empresas que tienen vínculos con al menos dos funcionarios de la comuna.
Asegura de que hubo falta de respuesta y de cooperación por parte del intendente a quien acusa de falta de transparencia en los casos investigados y, también, de haber incumplido normas que regulan las licitaciones así como la conducta de los funcionarios públicos.
Por otra parte, también se supo que el intendente artíguense había contratado para cargos de confianza política a varios familiares próximos, una clara conducta de nepotismo que supone un apartamiento de la conducta ética que se espera de un gobernante o dirigente político.
En ese contexto, y en aras de la buena salud institucional, Lacalle Pou, a pocos días de asumir como presidente, no debió hablar del tema.
