15 de julio de 2013 15:21 hs
El objetivo es tener una legislación que atienda, en forma exclusiva, el régimen de responsabilidad infraccional juvenil, en el marco de las definiciones y principios consagrados por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, avaló algunos puntos del texto criticó otros.

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Entre los cuestionados está el aumento de la pena máxima a 10 años, cuando el máximo vigente es cinco. Eso, para el organismo, "transgrede los principios que estructuran los sistemas de justicia penal juvenil según la Convención sobre los Derechos del Niño".

En este sentido, agrega que esa "excesiva dureza de las penas conspira", a su vez, atenta "contra el principio de resocialización" que se le debe dar a los adolescentes. También señalan que las condiciones en las cuales pasan presos "debería ser normativamente prioritaria".

Al mismo tiempo, avala que el proyecto disponga de recursos para la instalación de un tribunal de apelaciones y para más juzgados de adolescentes, pero en lo que no se hace referencia es en la asignación de recursos para la defensoría del adolescente que cometió la infracción.

En general, señala que se repite "el modelo aplicado a la política criminal de adultos", en el sentido que aumenta las penas, lo que hace que crezca de manera "exponencial" la población carcelaria. Tal es así que Uruguay está primero en Sudamérica en número de presos cada 100.000 habitantes, agrega.

Puntos positivos
Unicef destaca como positivo del proyecto que "mantiene y reafirma" que una persona menor de 18 años no pueda ser juzgada como un adulto. También resalta como bueno que por razones de vulnerabilidad social, económica o familiar, "no se puedan endurecer las sanciones".

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