Economía y Empresas > ENTREVISTA A SOLARI Y GIAMBRUNO

UPM: "No se pidió nada por fuera de la normativa en ningún tema"

Los representantes de la empresa aseguran que hoy es “inimaginable” aplicar la cláusula de salida incluida en el contrato para la construcción de su segunda pastera en Uruguay 

Gonzalo Giambruno (derecha) y Javier Solari (izquierda) de UPM.

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27 de julio de 2019 a las 05:03

Por Andrés Oyhenard y Martín Tocar

Fueron dos de las caras más visibles en la negociación con el gobierno que desembarcó en el anuncio de la mayor inversión en la historia del país. Javier Solari (JS), vicepresidente del proyecto de desarrollo, y Gonzalo Giambruno (GG), director de Desarrollo de Negocios de UPM, repasaron cómo se llegó a una decisión que dejará a Uruguay como el quinto productor mundial de celulosa y provocará un cambio sustancial en la dinámica productiva del país. Hablaron sobre las críticas de los partidos de la oposición por las concesiones que dio el gobierno y cómo piensan seguir con una nueva administración, el impacto ambiental y por qué consideran “inimaginable” la posibilidad de gatillar su salida del país en un futuro. A continuación, un resumen de la entrevista que los ejecutivos de la pastera mantuvieron con El Observador. 

El gobierno uruguayo estaba muy jugado a que esta inversión se concretara. Para la empresa, ¿cuánto significaba en su planificación y su estructura de inversión?
JS. Es una inversión enorme, la mayor inversión que ha definido la empresa en su historia, y que se puede hacer por varias cosas, entre ellas el marco institucional y económico de gran estabilidad, el conocimiento de 30 años que tiene la empresa, y otra combinación de factores que permiten establecer un proyecto sostenible, en un lugar con ciertas condicionantes más difíciles, como la separación del puerto y la planta y en medio de un territorio con un panorama socioeconómico menor a la media del país. Por otra parte, agarra a la empresa en un momento de fortaleza económica como para poder llevar adelante esta inversión. 

¿Si no era Uruguay, había un plan b? ¿Había una posibilidad de reubicarla en otro país de la región como Brasil, por ejemplo?
JS. La empresa está continuamente monitoreando oportunidades de todo tipo y dentro de la celulosa también. El período ventana tiene sus movimientos en función de qué tan creíble es este proyecto para el resto del mercado. Nos sentimos tranquilos de que teníamos un proyecto que le sirve al país y a la empresa, y que cuando estuvieran dadas las condicionantes se iba a tomar la decisión. En eso se fue muy abierto y transparente. Cuando se reunieron esas condicionantes, de sostenibilidad y de confort para tomar una decisión importantísima, se sometió a directorio y se decidió rápidamente.

Si le tuvieran que explicar a un accionista por qué se elige la zona de Pueblo Centenario, ¿cómo lo explicarían?
JS. La ubicación es producto de muchos factores: ambientales, de infraestructura (tanto lo que es hacía a la forestación como lo que hace al producto terminado), la cercanía a las plantaciones, el entramado social, y la disponibilidad de tierras. En eso se hizo un trabajo muy completo con 8 grupos de trabajo, con 50 técnicos, durante un buen tiempo, para poder establecer cuál era la combinación de factores que mejor nos quedaba a ambas partes. El accionista lo que quiere ver es que sea sostenible, esa es su principal preocupación. En eso la solución tomada es sostenible y es muy buena para ambas partes.

Pero para ustedes originalmente esa zona no era la ideal para una segunda planta, por la lejanía de un puerto.
JS: Estaba claro que en Uruguay una planta iba a ser mediterranea. No iba a ser en Montevideo. Entendemos que la planta tiene que estar más cerca de donde está el producto forestal, pero había opciones de donde podía ser ubicada. Esas opciones se plantearon al gobierno, se estudiaron mediante esos 8 grupos, y se llegó a esta solución.

En ese sentido, la inversión en infraestructura como el tren a la que se compromete el gobierno es ese contrapeso para estimular una zona más deprimida.
GG: Eso es tal cual. Fue el camino que se tomó y por eso también implicó una búsqueda de soluciones tan larga. Generalmente la inversión va a un lugar donde el inversor ya ve que la infraestructura está en el lugar, que la capacitación y los recursos para trabajar ya están en el lugar. Acá tanto UPM y el gobierno tomaron el camino difícil, al menos en lo hipotético, de decir: bueno yo tengo que desarrollar una infraestructura, tengo que planificar y empezar a avanzar sin saber que tengo la decisión de inversión confirmada, y UPM tiene que poder creer en los planes, y en ese arranque incipiente de infraestructura para confirmar la inversión. La decisión de esta semana confirma que eso funcionó bien. Y la externalidad de eso es que la infraestructura no es solamente para la inversión, sino para todas las comunidades que están ahí, y para todos los otros emprendimientos que se pueden desarrollar. 

¿O sea que hubiese sido un camino más sencillo, por ejemplo, instalarla en Fray Bentos?
GG: En cualquier lugar donde hubiera infraestructura, desde ese punto de vista hubiese sido más sencillo. 

¿Cuál fue el momento más crítico de las negociaciones con el gobierno?
JS: No visualizo momentos críticos de una negociación. Me gusta pensar que tratamos de buscar soluciones para un proyecto grande, ambicioso, que tenía muchos desafíos para ambas partes y que se generó un clima para tratar de encontrar soluciones a los distintos temas. Realmente se trabajó con ese espíritu, de buscar soluciones. No digo que a veces no hubiera negociaciones. Porque claramente, hay un riesgo. La solución empieza a encontrar las partes hasta que llega un núcleo y, bueno, acá hay un riesgo; bueno ese riesgo como lo dividimos. Eso sí pasa. Pero, en general, el clima fue de tratar de encontrar soluciones a un proyecto muy ambicioso. 

Ustedes siempre han destacado la seguridad jurídica y las reglas de juego. ¿Por qué fue necesario aggiornar un poco ese marco para que definieran la inversión? 
JS: No se pidió nada que no estuviera dentro de la normativa presente en Uruguay, en ningún tema. Ni fiscal, ni ambiental ni laboral. Esa fue una posición que tomamos ambas partes. Ni a solicitud nuestra ni a ofrecimiento del gobierno. Realmente, en lo fiscal son todos sistemas de promociones que están disponibles: ley de zonas francas, votada en 1987, aggiornada en el 2017, además existen otros beneficios como promoción de inversiones. Nada de lo que se pidió, o se llegó a acordar, requirió un esquema legal distinto a lo que hay en el país. 
GG: En cuanto a resolución de conflictos, se pautó cuál era el enfoque que queríamos tener. Que no entraba directamente en decir “queremos una cláusula de paz” o “queremos que no nos hagan nada”. No. Sabemos que en esto, en tanto relaciones humanas, hay conflictos. Va a haber diferencias. Va a haber situaciones en las que va a tengamos dos posiciones distintas. Queríamos tener un criterio claro de cómo manejar esos conflictos con las características específicas que tiene una obra como esta: 6.000 personas, decenas de contratos, en momentos vas a tener decenas de culturas, gente de todo el mundo, en una comunidad pequeña, instalados ahí, y evitar que esas cosas pasen de 0 a 100. Eso fue lo que se desarrolló, que es innovador en cuanto a cómo lo conjuga, emplazando a la oficina del Ministerio de Trabajo, para poder administrarlo, gestionar el proceso y proteger los derechos.

Ahora, la legislación uruguaya ya prevé mecanismos para que los conflictos no escalen de 0 a 100. Tanto el sector metalúrgico como el de la construcción tienen sus cláusulas. ¿Sentían que esos protocolos eran demasiado laxos?
GG: Había que articularlo de una forma que pudiera funcionar en ese lugar, que es la construcción civil y el montaje de una planta de celulosa. 

¿O sea aggiornarlo a la dimensión de la obra?
GG: A sus características: diversidad de contratos, de fases... La fase civil se solapa en un momento con la fase de montaje. Entonces uno entra y no es un proyecto que está ocurriendo. Son 30 o 40 proyectos a la vez. Una empresa uruguaya hace una tarea de montaje, luego viene otra de otro país a hacer otra. Todo eso tiene que ocurrir en reglas claras que entiendan todas las partes cómo se aplican específicamente a esa obra. 

¿Les preocupó que, una vez anunciada la decisión de inversión, el presidente del PIT-CNT Fernando Pereira, dijera que UPM se podría ocupar como cualquier empresa?
JS: Para nosotros el tema más preocupante es evitar el escalamiento de conflictos. Hablar de medidas luego de que se desata un escalamiento ya empezamos a hablar de costos para ambas partes. Lo que tenemos que tratar de evitar es esto otro. Nunca fue parte de la solicitud de la empresa ni que se eliminen las ocupaciones ni los lock-out patronales ni nada eso. Simplemente decimos: son parte de las cosas que uno no puede llegar. Porque antes de llegar a ese grado de medidas ya hay un costo enorme para ambas partes. 
GG: Que los queremos evitar, los queremos evitar. Pero queremos hacerlo atajando la bola de nieve en la etapa temprana. 

El proyecto recibió críticas de la oposición, incluidos los candidatos con más chances de llegar al gobierno. ¿Temen que se puedan revisar lo ya otorgado? ¿Tiene algo que ver con ello esa cláusula de retirada de Uruguay por conveniencia?
JS: La decisión de la empresa se da porque hay un marco de estabilidad política y económica. Creemos en Uruguay y en que hay una tradición democrática que se va a mantener. Nos tomamos el tiempo de buscar las soluciones en forma responsable y consciente para que las dos partes pudieran sentirse cómodas con las obligaciones y responsabilidades que estaban asumiendo. Creemos que hubo un proceso de comunicación muy amplio y transparente. Hubo 100 reuniones con asociaciones civiles y 30 mil personas visitaron la planta. No hay para nada un proceso posible de especulación. Con respecto a la cláusula que se menciona de salida, es una cláusula de estilo para un contrato que tiene una duración de 50 años donde nosotros no podemos prever lo que pueda suceder. Pero también tenemos que tener en cuenta que en ese eventual momento donde tengamos salir, también está estipulado que esa salida sería ordenada porque implica un preaviso de un año. Una empresa cualquiera que decida irse al otro día cierra la cortina. Nosotros, por la magnitud del proyecto, damos un año para poder justamente hacerlo en forma ordenada, pero hay que resaltar que en esa eventualidad las inversiones que tiene la empresa –o va a tener en ese momento– son muy cuantiosas. Estamos hablando de un proyecto de US$ 3.000 millones, otras operaciones forestales, el proyecto que ya tenemos en Fray Bentos. Estamos hablando de una situación realmente inimaginable, pero hace a la responsabilidad que obviamente van hacer generaciones que nos trascienden. 
GG. Las obras comienzan de manera inmediata. En Paso de los Toros tenemos las obras de movimiento de suelos, todas las obras en infraestructura para alojamiento temporales y el puerto los temas de dragado. Si visualizáramos ahora alguna situación para ejecutar esa cláusula no estaríamos tomando decisiones inmediatas. Ahora que se tomó la decisión de inversión, están avanzados los contratos con todos los contratistas y lo que sucede es que se desata. Y la magnitud estimamos que a nivel mundial esto impacta de manera global en 30 mil personas. Eso incluye contratos de servicios y de preparación de la infraestructura para todos esos servicios.

¿Piensan reunirse con candidatos de la oposición en estos meses?
JS: Hemos siempre estado reunidos con todos para informarles de todo este proceso y avances. Nos parece responsable de ambas partes para un proyecto de esta magnitud que pueda entenderlo, que puedan complementarse con sus programas de gobierno en caso de que tengan que elaborar sus propuestas electorales. 
GG. Hay que resaltar cómo el sistema político ha apoyado la forestación como política de Estado. No lo hemos hecho solo acá. El CEO de UPM (Jussi Pesonen) cuando sale a la conferencia del anuncio lo primero que le increpa la prensa finlandesa es ¿por qué no en casa? La inversión más grande de la historia de una empresa bandera y de las más tradicionales de Finlandia. La respuesta (de Pesonen) fue: ‘ustedes deberían ir y conocer Uruguay para ver cómo el sistema político ha desarrollado un sector nuevo en tan solo 30 años”. 

El impacto ambiental

¿El caudal de agua es un punto crítico? En su momento se manejó que la suba de la cota de seguridad del embalse de la represa de UTE en Rincón del Bonete estaba asociado a un requisito de UPM para instalar su planta en Paso de los Toros.

GG. El cambio de la cota es un proceso histórico que comenzó antes del proceso de UPM y que no tiene nada que ver con la implementación de un flujo de agua que da continuidad al cauce del río. Lo otro, el río Negro tiene el volumen y el caudal suficiente para tener la planta de celulosa, (pero) tiene que asegurarse la continuidad. La continuidad es que sea un curso de agua. Lo que no puede pasar es que no haya flujo. Por eso se establece que exista un caudal mínimo que es una práctica internacional. Los ríos represados del mundo saben que no pueden tener tiempos extendidos sin curso de agua. Eso ya se aplica en Uruguay en Salto Grande y está en el Plan Nacional de Agua para que se aplique en otros cursos de agua. 

¿Eso le va a exigir a UTE otro manejo de la represa de Bonete entonces?

 GG. Esto cambia el manejo para asegurar ese caudal mínimo. Y lo que está estudiado, en base a modelar varios escenarios son dos cosas: el caudal mínimo para darle esa continuidad que se requiere para diluir esos efluentes de la planta ya impacta positivamente en esto que son las consecuencia de las altas concentraciones de  fósforo y nitrógeno, que son las floraciones algales. ¿Por qué? Porque las floraciones algales son las combinación de tres cosas: alta concentración de nutrientes, altas temperaturas y aguas estancadas. Entonces, se ataca este factor. Y lo otro es que no tiene un impacto en estas dimensiones de caudal mínimo en lo que es el nivel de represa sobre las comunidades. 

En estos tres años han surgido varios colectivos contrarios a la instalación de la planta. Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), Movimiento UPM 2 NO, Al Costado de la Vía. ¿Qué balance hacen de la relación con esas organizaciones sociales? Rucks dijo que algunas críticas son producto de la “mala fe”. ¿Coincide?

JS. No podemos opinar de eso. No sabemos a qué críticas se está refiriendo el subsecretario. Sí entendemos que es un proceso complejo, que llevó su tiempo encontrar las soluciones y que en ese período pudo generar bastante ansiedad de poder estar informado de cuáles eran las soluciones. Y en eso la empresa ha sido muy transparente: cuando se obtuvieron las soluciones se divulgaron. 

GG. Entendemos que los proyectos de esta dimensión generar incertidumbre, generan dudas. Era distinto cuando se estaba planificando Fray Bentos porque había que hacer una composición de lugar de lo que sería. Para nosotros el mejor testimonio de qué es y cómo funciona es llevar a la gente a Fray Bentos. Nuestro enfoque es el diálogo en todo lo que hacemos.

El contrato establece que será UPM la que tendrá el derecho a fijar los horarios para sus 7 frecuencias de ida y vuelta entre Montevideo y Paso del Toros. ¿No creen que esto puede limitar que otros rubros puedan hacer uso de la vía?

JS. Primero, el tren estaba siendo reconstruido para el trayecto de Paso de los Toros a Montevideo, y de alguna forma fue adaptado a poder incorporar esta demanda. Lo cual implicó un salto cuantitativo importante en cuanto a seguridad, modernidad y sobre todo capacidad. Es una vía sola. La capacidad está dada por la velocidad con la que circulan los trenes, ya que me permite transportar un mayor tonelaje, al igual que las toneladas por eje porque en el largo del tren puedo hacerlo más eficiente. En la optimización que es la planificación porque tengo una vía sola para subir como para bajar, que puedan hacerse en puntos donde el tiempo muerto sea el mínimo posible. Un tren también se tiene que planificar para que el operador de tren no tenga tiempos muertos. Es decir, yo voy a entrar a las 7.05 acá, si me tomo hasta las 7.30, comienzo a utilizar capacidad que no es nuestra. Por tanto, esto tiene que ser cuidadosamente planificado. Lo que decíamos es de tratar de tener el espaciamiento para que nuestros trenes puedan funcionar porque si las 7 frecuencia te la dan a las 7 de la mañana tu puedes hacer una frecuencia. Pero siendo más a lo pragmático, en Progreso, con otro tren, 30 o 40 años atrás, pasaban 55 trenes por día. Acá estamos hablando de un tren mucho más moderno, con una velocidad que nunca tuvo, realizando de seis a siete frecuencias, no creo que perjudique en nada a otros rubros. En los 4,5 millones de toneladas de capacidad del tren, la empresa tomará 2 y poco millones de toneladas. Creemos que hay grandes oportunidades para todos los exportadores de poder utilizar el tren y la conexión que tiene con el puerto de Montevideo. Esa independencia logística de poder cargar los barcos completos no es únicamente para la celulosa, también lo requiere los granos. Del puerto de Nueva Palmira también salen medios barcos de granos, que podrán completarse en Montevideo con la ya existente terminal de granos que puede conectarse al tren. Hay otros derrames de la logísticas que genera este proyecto como los vehículos de alta performance que pueden llegar más toneladas y acarrear un producto de forma más competitiva que puede extender la frontera productiva del sector agropecuario.

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