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Uruguay 2020: entre Chile y Venezuela
Los actuales procesos geopolíticos y económicos mundiales, en su multiplicidad e intensidad, dejan escaso margen para el error o la pasividad. Con creciente velocidad, se desplazan como fallas tectónicas que afectan a la estabilidad del orden global. Aquellos países con gobiernos que operan dentro de dimensiones ideologizadas y con cosmovisiones acotadas al borde de la miopía, hoy se encuentran, -muchos sin saberlo aún- en serias dificultades. Uno de los ejemplos paradigmáticos es la Argentina y su persistente vocación por la autodestrucción gradual pero decidida. Mientras, el Brasil de Bolsonaro se tambalea entre la confirmación de un nuevo populismo opuesto en tono y gestos al precedente, inclinado ahora hacia un extremo reaccionario en lo político y de intenciones aperturistas en lo económico.
En este contexto, a Uruguay no le queda más que elevar la mirada y, al menos en la región, buscar un espejo desde donde se refleje la idea de un modelo, imperfecto pero efectivo, de nación posible. En la transición electoral en la que se encuentra el país, dentro de una realidad compleja y de creciente incertidumbre en diversos frentes, resulta necesaria una reflexión sobre el destino al que como sociedad, se aspira a alcanzar como proyecto republicano.
Si en la Argentina está instalada una grieta de extensión en apariencia irreversible, el Uruguay actual está atravesado por varias fracturas de diversas profundidades y anchuras. La primera en importancia, por su gravedad e implicancias, es la social. Uruguay es hoy un país socialmente en quiebra, con un importante segmento de su población marginado de las más elementales posibilidades de desarrollo humano. Se trata de personas apenas existiendo por fuera del sistema educativo, del entramado social básico y ordenador como la familia, y de los cordones sanitarios de contención y amortiguación ante los golpes que la vida les propina casi a diario en esas condiciones extremas. Están, en definitiva, alejados de cualquier alcance de un bienestar elemental. Y, quizás como una inevitable consecuencia, muchos resuelven su supervivencia por fuera de la ley. Se trata de un segmento desclasado y desplazado del anémico y cada vez más asfixiado impulso del crecimiento económico nacional.
En una población pequeña, con una pirámide demográfica invertida en cuanto a edades y con una tasa de natalidad casi estancada, esta fractura constituye un asunto de urgente atención y solución. La labor del Estado, apenas ha servido en aplicar precarios torniquetes a una hemorragia que se sabe incontenible.
Una segunda fractura que contribuye al crecimiento de la social está incrustada en el sistema político. Sin grandes consensos de fondo y de largo plazo, esta fractura retroalimenta al resto de los problemas que el Uruguay lastra desde hace ya muchos años. Pero también, comienza a afectar a una sociedad cada vez más crispada, y que en su frustración, pierde las perspectivas en las cuales debería radicar la esperanza. La participación civil en materia de proponer y exigir resultados se limita en su complacencia, al interpretar, equivocadamente, que con el simple acto de votar en forma quinquenal, le delega las responsabilidades a un sistema político que viene haciendo agua en sus capacidades resolutivas.
En el mundo actual, sin una participación civil activa, la democracia se reduce a la alternancia de un poder cada vez más lejano y desconectado de la sociedad, a quien malamente sirve. Esa desconexión es la que engendró liderazgos como el de Trump, Bolsonaro, Salvini y siguientes. Y también, la que ahora renueva el latrocinio “kirchnerista”.
Las referencias a Chile y Venezuela, para el Uruguay que surgirá a partir del primero de marzo del 2020, responden como ejemplos de procesos políticos y sus hojas de ruta, de similar origen pero de destinos en extremo opuestos. Ambos salieron de dictaduras estableciendo acuerdos fundacionales y consensos fundamentales para asegurar la gobernabilidad.
En Venezuela, el Pacto de Punto Fijo de 1958 permitió la estabilidad de la democracia, mediante una alternancia bipartidista que transcurrió sujeta a las decisiones del pueblo. En Chile, una concertación de partidos entre los que se encontraban la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Radical, entre otros, logró establecer grandes acuerdos de largo plazo. Uno de ellos, sustancial y que demostraba un grado de discernimiento maduro, pragmático e inteligente, fue el de preservar las políticas macroeconómicas, desarrolladas y aplicadas con éxito indiscutible por la dictadura de Augusto Pinochet.
Las referencias a Chile y Venezuela, para el Uruguay que surgirá a partir del primero de marzo del 2020, responden como ejemplos de procesos políticos y sus hojas de ruta, de similar origen pero de destinos en extremo opuestos.
Sobre lo ganado, la democracia chilena pudo aplicar mejoras y ajustes necesarios, además de reforzar programas sociales y de fomento al bienestar. El resultado es conocido: más de veinticinco años de crecimiento sostenido, el cual permitió disminuir la pobreza y elevar la calidad de vida de su sociedad, con una clase media pujante. La posterior alternancia con los partidos de derecha, es otra muestra de evolución política.
Mientras tanto, el caso venezolano fue derivando hacia una progresiva degradación de la calidad política, en donde la corrupción fue carcomiendo al sistema y a la credibilidad ciudadana, en una economía además, recostada casi exclusivamente y en forma irresponsable en los ingresos del petróleo. La imagen de un senil Rafael Caldera, entregando el mando a Hugo Chávez en 1999 fue la expresión de una democracia fracasada.
Uruguay mantiene las posibilidades de elegir como guía de su futuro al mejor desenlace. Pero es un imperativo impostergable el alcanzar un consenso político, que permita lo que Chile y el mundo desarrollado practican como norma, y que es la aplicación y continuidad de políticas de Estado de largo plazo, pero flexibles y en sintonía con los cambios. Sin ellas, el voto quinquenal no será más que el acto reflejo de un enfermo que agoniza.
