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Esta semana la UE analizará las propuestas de ajustes que envió el gobierno.

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Uruguay ante otro examen de Europa por su régimen tributario: qué está en juego

La Unión Europea evaluará una propuesta de ajuste que elevó el gobierno esta semana; luego se enviará un proyecto de ley al Parlamento 

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04 de julio de 2022 a las 05:00

Sobre fines de 2019 el gobierno recibió una carta del presidente del Grupo Código de Conducta de la Unión Europea (COCG), comunicando que Uruguay sería evaluado por primera vez por dicho organismo. Si bien Uruguay figuraba como jurisdicción cooperante (la misma categoría que ahora), debía atender ciertos compromisos asumidos ante la UE en materia de transparencia y justicia tributaria. 

Esta práctica se estableció en 2017 para promover la buena gobernanza mundial en el ámbito fiscal e informar a los estados miembros sobre qué países y territorios no pertenecientes a la UE incurren en prácticas fiscales abusivas. De este modo, pueden adoptar medidas de defensa para proteger sus ingresos fiscales y combatir el fraude, la evasión y los abusos fiscales.

En julio de 2021, el gobierno remitió una nota a la UE donde asumió el compromiso de ajustar nuevas exigencias realizadas para fines del año 2022, y “reiteró su voluntad de cooperar en temas de buena gobernanza tributaria”, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de un comunicado. 

El MEF creó un grupo de trabajo con la DGI y envió una propuesta con modificaciones, que el Grupo Código de Conducta de la Unión Europea analizará este miércoles 6 de julio. En función de esa devolución, el Poder Ejecutivo someterá a consulta pública los cambios que pretende impulsar antes de enviar un proyecto de ley al Parlamento en setiembre. 

Las observaciones 

Si bien a Uruguay se los considera una “jurisdicción cooperante” por la UE, se le solicitó que mejore algunos aspectos de su legislación tributaria que se pueden ver como “nocivos”, punto que el gobierno se comprometió a revisar antes de fin de año. 

El bloque europeo apunta a las rentas de fuente extranjera que están exoneradas del pago de impuestos. Es decir, las personas físicas y las empresas tienen gravadas solo las rentas que generan en Uruguaycriterio de territorialidad–­, a diferencia del criterio de renta mundial que implica gravar todas las rentas aunque se generen en cualquier parte del mundo. Hoy esto ocurre de manera parcial y solo se gravan con IRPF las rentas de capital mobiliario (acciones, bonos y depósitos) de personas físicas. 

La exoneración de las rentas pasivas de capital de fuente extranjera ha favorecido la instalación de algunos holdings en el país, que en su mayoría están radicados en las zonas francas. 

La directora de Asesoría Tributaria del MEF, Pía Biestro, dijo en marzo durante una jornada de la Maestría en Tributaria de la UCU que el Grupo Código de Conducta de la UE planteó a Uruguay dos soluciones para levantar las observaciones que le realizó. Por un lado, gravar las rentas pasivas obtenidas en el exterior y, por otro, exonerar las rentas pasivas con determinadas condiciones.

“La segunda es a la que Uruguay adhiere porque entendemos que debemos seguir defendiendo el criterio de territorialidad de la fuente en el sentido de que creemos que es el más conveniente al ser un país importador de capital. Por eso creemos que hay que exonerar determinadas rentas pasivas siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones de sustancia y a eso se le suma una norma antiabuso”, dijo.

En una reciente actividad organizada por la Universidad de Montevideo, Biestro anunció que el Poder Ejecutivo plantea modificaciones a la forma de cómo se gravan determinadas rentas empresariales, cambios que abarcaría a entidades que pertenezcan a grandes multinacionales. “Eso no es menor. No habrá un umbral ni de ingresos ni de rentas, pero sí acotamos mucho el alcance, es decir que esto va a ser aplicable para las entidades que pertenezcan a grupos multinacionales”, consignó El País. 

El MEF pretende exonerar determinadas rentas pasivas “siempre y cuando se cuente con el requisito de sustancia económica, se tenga una cláusula específica antiabuso y que no exista discrecionalidad administrativa a la hora de otorgar esa exoneración”.

Según Guillermo Lorbeer del estudio Bragard, lo que resta conocer es “cómo se estructura y se define esa sustancia económica”. El experto tributario dijo que esos detalles se conocerán una vez que Uruguay pase por la evaluación de la UE y el proyecto de ley que promoverá el MEF se ponga en régimen de consulta pública. 

Una de las posibilidades es que Uruguay exija para las rentas que provienen del exterior y explotan compañías de patentes y softwares, por ejemplo, los mismos requisitos para ser un operador desde una zona franca uruguaya, en línea con los criterios BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En tanto, para las rentas de rendimientos de capital inmobiliario, dividendos, intereses, regalías, como puede ser el arrendamiento de equipos e incrementos patrimoniales derivados de la generación de activos producidos por esas rentas pasivas, se exigirá sustancia económica a esa empresa que está radicada en territorio uruguayo. Esto limitaría el alcance para que se instalen compañías de "papel" en Uruguay. 

De acuerdo al proyecto que envió el gobierno al Código de Conducta de la UE para su revisión, será el Poder Ejecutivo el que quedará “facultado para fijar parámetros que indiquen el cumplimiento de sustancia económica”, precisó Biestro. 

La posición del presidente sobre la renta mundial 

Unos 136 países acordaron el año pasado un impuesto de sociedades del 15% a nivel mundial a partir de 2023, un hito que busca limitar la optimización fiscal de las grandes multinacionales y la rivalidad entre países por sus impuestos. El “histórico” pacto “redistribuirá a países de todo el mundo más de US$ 125.000 millones en beneficios de unas 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo”, anunció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, marcó el año pasado su postura sobre ese tema. “Creo que cada país debería impulsar la base tributaria que sea mejor para sus ciudadanos. Hay países que tributan a sus nacionales afuera del territorio, y hay países como el nuestro, que básicamente tributan a los que están dentro del territorio”, afirmó en el American Business Forum 2021 en Punta del Este.
 

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