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Nueva fiscalidad internacional y el "desafío importantísimo" que enfrenta Uruguay, según jerarca del MEF
Este lunes se realizó una mesa redonda en el marco de la Maestría en Tributaria que brinda la Universidad Católica del Uruguay (UCU). La actividad se desarrolló en el edificio de la UCU Business School (Ucubs) bajo la consigna Fiscalidad Internacional: desafíos y oportunidades para Uruguay y sus empresas.
Participaron de la misma Pía Biestro, directora de Asesoría Tributaria, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo García Prats, catedrático de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad de Valencia, Daniela Lavin, Latam Head de Impuestos de Pedidos Ya, Mónica Ríos, Specialist Transfer Pricing de Tenaris Global Services y el decano de la Ucubs, Marcos Soto.
El disparador del debate fue el acuerdo al que llegaron 136 países de crear un impuesto de sociedades del 15% a nivel mundial a partir de 2023, un hito que busca limitar la optimización fiscal de las grandes multinacionales y la rivalidad entre países por sus impuestos.
Este pacto “redistribuirá a países de todo el mundo más de US$ 125.000 millones en beneficios de unas 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo", según anunció en su momento la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
A su vez, el pacto está conformado por dos pilares. El pilar 1 reasigna una parte de los impuestos sobre los beneficios de las grandes empresas multinacionales en función de los países de los mercados mediante la creación de una nueva potestad tributaria. Por su parte, el pilar 2 garantizará que las empresas multinacionales paguen una tasa efectiva mínima de al menos 15% sobre los beneficios contables en todos los países en los que actúan.
El régimen tributario uruguayo volvió a estar en la mira en octubre luego de que la Unión Europea (UE) incluyera a Uruguay en una lista de países que aún no cumplen todas las normas fiscales internacionales, pero que se han comprometido y están en camino a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal.
Cómo está trabajando el gobierno
Según Biestro, los plazos fijados por la OCDE son “muy ambiciosos” e implican “un desafío importantísimo para las economías emergentes para poder dar seguimiento, intervenir y hacer escuchar su voz”.
Estas modificaciones “requieren la aprobación parlamentaria y eso lleva su tiempo porque hay un tema de negociación política que escapa al Ejecutivo y a los técnicos”, apuntó. “Estamos ante un desafío muy importante de poder llegar a los plazos establecidos que yo dudo, y más ahora en el momento internacional en el que estamos, que efectivamente se puedan alcanzar”, explicó.
En ese sentido, expresó que desde la Asesoría Tributaria se está trabajando en la realización de diversos análisis que pretenden elevar a las autoridades del MEF a finales de marzo o principios de abril para posteriormente compartirlo con los diversos actores involucrados y obtener un “feedback”. “Estas modificaciones realmente necesitan el consenso de todos los actores involucrados”, puntualizó.
Por otra parte, la Directora de Asesoría Tributaria del MEF señaló que el Grupo Código de Conducta de la UE planteó a Uruguay dos soluciones para levantar las observaciones que le realizó. Por un lado, gravar las rentas pasivas obtenidas en el exterior y por otro, exonerar las rentas pasivas con determinadas condiciones.
“La segunda es a la que Uruguay adhiere porque entendemos que debemos seguir defendiendo el criterio de territorialidad de la fuente en el sentido de que creemos que es el más conveniente al ser un país importador de capital. Por eso creemos que hay que exonerar determinada rentas pasivas siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones de sustancia y a eso se le suma una norma antiabuso”, dijo.
Las oportunidades
Para Alfredo García, si bien hay una incertidumbre que “es lógica” y que puede “retrasar los plazos”, el Uruguay se encuentra en una situación “óptima para aprovechar la oportunidad que brinda esta reforma de la fiscalidad internacional”.
“La competitividad de los estados probablemente va a desplazarse desde la facilidad tributaria de los incentivos fiscales hacia otra tipo de dinámicas y creo que los estados que sepan aprovechar ese cambio de percepción y de oportunidades probablemente van a poder tomar ventaja en cuanto a su posicionamiento dentro del mercado internacional de capitales como lugar de destino de las inversiones”, explicó.
Según García, aprovechar la existencia del impuesto mínimo para “reconsiderar las políticas tributarias” puede ser un “aliciente importante” ya que la existencia del impuesto mínimo global podría llegar a generar “recursos adicionales que bien empleados en cuanto a la decisión del gasto pueden mejorar la posición competitiva”. “En última instancia la estabilidad política y jurídica va a jugar un papel muy importante en determinadas áreas geográficas para posicionarse en este nuevo mercado”, agregó.
Atención a los límites
El impuesto mínimo aplicará a las empresas multinacionales cuyos ingresos superen los 750 millones de euros. En ese sentido, Soto señaló que “por las dimensiones de Uruguay” serán pocas las empresas uruguayas que quedarán alcanzadas por este gravamen.
“Entonces no tenemos por qué renunciar a nuestra legislación tradicional de incentivos porque van a estar dirigidas a un sector que no le pega esta norma”, apuntó.
Por otro lado, el decano de la Ucubs sostuvo que es necesario recordar que los impuestos “son una parte de la competitividad pero que no la sintetiza” y que en esa línea el Uruguay tiene “un abanico de desafíos” vinculados a infraestructura, logística, tarifas públicas y costos de energía y de combustibles.
“Por ejemplo, en países donde la energía o los combustibles valen 30% o 40% menos, cualquier incidencia fiscal o impositiva ya quedaría licuada. Uruguay tiene mucho camino por recorrer en lo que es la competitividad empresarial no solo vinculada a lo que es la política impositiva sino también a su política general de desarrollo de negocios”, afirmó.
