Uruguay negocia con Panamá para quedar fuera de lista discriminatoria fiscal

El gobierno panameño emitió el pasado 8 de marzo una resolución listando aquellas jurisdicciones que aplican medidas discriminatorias o restrictivas contra Panamá, afectando su economía e intereses comerciales. Dentro de las 20 jurisdicciones afectadas se encuentra Uruguay, y otros países de la región como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y europeos como Francia, Grecia, Rusia o Portugal, según un informe del Departamento de Asesoramiento Impositivo EY Uruguay. El Poder Ejecutivo busca desde hace meses firmar un acuerdo de intercambio de información con el país caribeño para salir de esa lista, pero aún no fue posible.

La lista del gobierno de Panamá se enmarca dentro de una ley de 2016 que introdujo cambios a las "medidas de retorsión" contra los países que aplican medidas discriminatorias contra la República panameña. Uruguay junto otros 19 países incluyó a Panamá en un listado de jurisdicciones de baja o nula tributación (BONT), lo cual implicó la aplicación de normas fiscales uruguayas más perjudiciales para entidades residentes, localizadas, domiciliadas o creadas en dicho país.

La resolución panameña enumera las siguientes medidas discriminatorias en Uruguay: a) aumento de la tasa de retención del Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR) al 25%, versus la tasa general del 12%, b) existencia de la "regla candado", por la cual un gasto es deducible (entre otros criterios), si la contraparte del exterior tributa una tasa efectiva de impuesto a las rentas de al menos un 25%, c) no son deducibles las pérdidas por instrumentos financieros derivados contratados con entidades panameñas (al ser BONT), y d) aplicación de normas de precios de transferencia en operaciones con entidades panameñas.

De acuerdo al marco legal de Panamá, el gobierno de ese país podrá dictar una serie de medidas que exceden a la materia tributaria, según EY Uruguay. Sobre este punto, por ejemplo se pueden aplicar impuestos sobre dividendos o remesas que sean pagados o acreditados por intereses, regalías, comisiones, honorarios o cualquier otra clase de rentas producidas en Panamá. Por otro lado, se habilita a un incremento arancelario a las personas físicas o jurídicas procedentes de Uruguay, pero también se abre la puerta para aprobar normas migratorias o laborales que pueden perjudicar a uruguayos residentes o que visiten Panamá. También se podrá restringir la contratación con el Estado panameño con a personas físicas o jurídicas originarias de Uruguay, entre otras medidas.

En diálogo con El Observador el director del departamento de asesoramiento impositivo de EY Uruguay, Rodrigo Barrios, consideró que esa resolución de Panamá marca un claro "contraataque" porque se siente discriminado injustamente sobre lo que es la normativa fiscal y tributaria. Consideró que las represalias que está anunciando Panamá claramente "exceden" los aspectos impositivos y fiscales porque hay temas migratorios, laborales y comerciales que pueden afectar a Uruguay. El experto indicó que en general lo países de la Unión Europea (UE) "no se dejan amedrentar" por países más chicos.

En el caso de Uruguay, hasta ahora no se había enfrentado a una situación de este tipo. La única opción factible para que Panamá retire al país de su lista sería la firma de un acuerdo de intercambio de información o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información con Uruguay, y además, que se cumpla efectivamente con el intercambio de datos.

En diálogo con El Observador el director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, Fernando Serra, informó que el gobierno uruguayo negocia desde hace meses con su par de Panamá la firma de ese acuerdo, pero aún no fue posible suscribirlo. Según explicó el funcionario, hay "restricciones" en la legislación panameña que han impedido la firma de ese convenio. "Ellos (por Panamá) tienen una restricción que no pueden negociar con un país que los tenga en una lista (como Uruguay con la Bont). Algo similar les está pasando en la negociación con Francia", comentó. Agregó que ahora surgió un cambio con el ingreso de una lista de Panamá donde está incluido Uruguay. "Vamos a seguir trabajando para ver cómo podemos flexibilizar la normativa para llegar a un acuerdo", aseguró Serra.

La postura que decidió tomar el gobierno de Panamá sobre el avance de los estándares internacionales que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia de transparencia tributaria y fiscal "sienta un precedente", que ahora habrá que ver cómo permea en otros países y jurisdicciones que son incluidas en listas de paraísos fiscales, dijo Barrios.

Para EY Uruguay, Panamá está nuevamente "abriendo el debate sobre la dicotomía entre la transparencia fiscal internacional y la discriminación fiscal a ciertas jurisdicciones que parecerían no cumplir con los estándares buscados por la OCDE y el resto de la comunidad internacional". Agrega que se puede intentar inferir que el principal propósito de este listado panameño no es la aplicación de las medidas de retorsión per se, sino presionar a estas jurisdicciones para levantar las medidas discriminatorias contra el país. "Debido a que, en muchos casos, las medidas de retorsión parecen no guardar proporcionalidad con las medidas que Panamá considera como "discriminatoria" de los otros países, es posible que alguna de las jurisdicciones listadas tome medidas similares en su contra", indica.