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UTE sumó a la denuncia penal por Gas Sayago el informe de la Jutep
Jorge Barrera, abogado de UTE, adjuntó este jueves a la denuncia penal sobre Gas Sayago el informe realizado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el negocio de la planta regasificadora. El penalista dijo que ese informe "puede dar lugar a responsabilidades de índole penal”.
El proyecto de Gas Sayago “ha sido la consecuencia de un obrar caprichoso, arbitrario, violentando no solamente la racionalidad sino también el principio de legalidad”, sostuvo Barrera.
En el mismo sentido, el abogado señaló que fueron estas irregularidades las que llevaron a UTE a realizar su denuncia contra Gas Sayago.
En julio de este año, Silvia Emaldi, presidenta de UTE, junto con Barrera, presentó una denuncia ante la Justicia contra la regasificadora por el "perjuicio económico, grave para el Estado, con fondos públicos" que "se podrían haber interrumpido".
La Justicia citó en calidad de indagados al expresidente de Ancap Raúl Sendic, el expresidente de UTE Gonzalo Casaravilla, el exvicepresidente del mismo ente César Briozzo, y la exgerente general de Gas Sayago y expresidenta de Ancap, Marta Jara. Ya comparecieron todos menos Sendic que pidió aplazar la audiencia.
La Jutep concluyó, con base en un informe realizado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) que en el caso de Gas Sayago los directorios de UTE y Ancap (que tenían poder sobre el 20% y el 80% del proyecto respectivamente) transgredieron normas y principios éticos "tanto de raigambre constitucional, como legal y reglamentario”, tras su pérdida de US$ 213 millones.
También definió que hubo un "desvío de las directrices generales de buena administración pública” y tanto UTE como Ancap fueron "ineficaces e ineficientes" en los controles, lo que constituyó una "violación al principio de legalidad", informaron El País y Búsqueda.
“El informe confirma las hipótesis que planteamos al comienzo de esta investigación, en el entendido que existe un perjuicio económico grande para el Estado uruguayo”, dijo Barrera a El Observador.
“Por un conjunto de decisiones arbitrarias no se quiso discontinuar el proyecto cuando existían elementos más que contundentes para discontinuarlos”, señaló el abogado y añadió que es tarea de la Justicia investigar si el asunto tiene relevancia penal, administrativa y/o civil.
Consultado por El Observador sobre los dichos de Casaravilla y Mujica sobre los aspectos del Lava Jato y la situación brasileña que incidieron en el proceso de Gas Sayago, Barrera manifestó que "tienen razón", pero que ese tendría que haber sido "un motivo más para discontinuar el proyecto".
