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Vecinos piden al Parlamento que se obligue a las ferias a cambiar de lugar cada cinco años

La potestad para cambiar la locación de las ferias alimentarias recae sobre los intendentes quienes "le han dado mucha más participación a los alcaldes" y hoy tienen flexibilidad para reubicarlas

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30 de agosto de 2022 a las 21:04

La Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo (UVFPM) solicitó una reunión con la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado para pedirles que integren en la Rendición de Cuentas una modificación a la ley 9.515, donde -entre otras cosas- se rige el funcionamiento de las ferias alimentarias barriales.

Según la legislatura actual, la potestad para rotar la ubicación de las ferias recae sobre los intendentes departamentales. Lo que pretenden desde la organización es una legislación nacional que limite hasta cinco años las ferias en un lugar, a excepción de aquellas que no se ubiquen en sitios que generen inconvenientes (no tengan viviendas al margen), como la que lindera al Cementerio del Buceo.

Transcurrido este período, las autoridades departamentales deberán reubicar la actividad comercial a menos que exista una mayoría de dos tercios en oposición en la Junta Departamental.

El documento elaborado por el grupo establece también que luego de rotada la ubicación de una feria, esta no podría volver a su ubicación anterior por 12 años.

Según declaró a El Observador el presidente de UVFPM, Flavio Harguindeguy, desde el grupo entienden que durante esta administración de la Intendencia de Montevideo (IM) -liderada por Carolina Cosse- ha aumentado la participación de las alcaldías en estas decisiones, lo que ocasiona un perjuicio en su lucha ya que se somete "a un criterio (diferente) según cada alcalde", lo que calificó como un "retroceso" en comparación con períodos anteriores, por ejemplo el de Daniel Martínez.

"Reglamentariamente no hay una norma que obligue al jerarca a mover la feria. Se puede solicitar a partir del quinto año pero luego el jerarca es discrecional en su decisión", explicó Harguindeguy.

¿Cómo se decide que una feria cambie de ubicación?

Las autoridades departamentales toman como referencia la extensión de la feria, la dificultad del traslado (que sea de fácil acceso), el ancho de las calles teniendo en cuenta el tamaño de los camiones, la sombra para que el producto no sea tan castigado por el sol y el acostumbramiento de los vecinos, entre otros. Lo que reclama el presidente de UVFPM es que estos criterios han sido empañados por la subjetividad de cada municipio y, a la vez, por los "intereses políticos" de cada cabecilla.

En este sentido, hizo hincapié en la situación ocurrida en el barrio Peñarol donde se trabajó en el traslado por más de cuatro años y, en la semana que e iba a rotar la feria, fue suspendido dos veces.

"Tenemos claramente identificados asociación electoral entre alcaldes y periferiantes (aquellos que realizan ventas utilizando los espacios públicos adyacentes a las ferias alimentarias vecinales). Hay una situación notoria en el caso de la feria de Peñarol. Quien está allí limitando, y ha dicho públicamente que no quiere rotar la feria, es la alcaldesa Leticia de Torres. Tiene una afiliación política y una cercanía bien importante con los periferiantes que le repartían la lista (en campaña electoral)", detalló el representante.

Sumado a esto, postuló que se "han tirado para atrás" rotaciones que ya contaban con la firma de la intendenta.

Denuncias que están en la justicia

La UVFPM, que se integra por los vecinos que se acercan a la las convocatorias que realiza la organización, ha hecho denuncias contra la Intendencia de Montevideo por más de US$ 3,6 millones en 2019, según informó El País.

La agrupación, que tiene en el entorno de 600 personas nucleadas en Montevideo, fue contra el Ministerio de Economía y la Intendencia de Montevideo por daños y perjuicios tras la negativa ante reiteradas solicitudes de cambio de locación y presentación de más de 3.000 firmas a favor de distintas reubicaciones.

Actualmente la causa permanece estancada ya que gran parte de los cientos de feriantes involucrados tienen domicilio en Canelones, lo que dificulta el envío de las citaciones judiciales.

"Se enlenteció mucho por la pandemia pero, a su vez, el MEF repitió la demanda y citó en garantía a los feriantes que son como 300 y pico a ser citados. Todavía sigue en el proceso de citación, en espera de la audiencia preliminar", manifestó Harguindeguy.

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