Venezuela y Guyana protagonizaron un nuevo roce por la antigua disputa sobre el Esequibo

Se trata de una extensa región selvática de enorme biodiversidad, también conocida como Sur del Orinoco, rica en oro, diamantes, mica, bauxita, manganeso, uranio, petróleo y gas natural; además de recursos como hierro y coltán, este último de valor imprescindible en la fabricación de componentes electrónicos avanzados.

"Resulta sorprendente" que Guyana "acuse falsamente a Venezuela de socavar el Acuerdo de Ginebra (1966) y, en cambio, aventuradamente afirme que este no le impide actos de disposición, explotación y degradación activa y arbitraria del territorio", dijo el gobierno del presidente Nicolás Maduro en un comunicado.

La nota agrega que esos actos "exceden abusivamente cualquier fórmula de administración respetuosa con la realidad de un territorio contencioso", al tiempo que denuncia "la deplorable y protestada entrega de vastos espacios de selva, reservas hídricas, forestales y de oxígeno planetario a la voracidad del extractivismo del oro" por parte de Georgetown.

El comunicado emitido por Caracas agrega que Venezuela "exige" a Guyana "que asuma con seriedad, sensatez y altura diplomática sus responsabilidades internacionales, pues de su conducta dependerá la solución práctica y satisfactoria de la controversia territorial, tal como lo manda el Acuerdo de Ginebra".

El gobierno de Maduro respondió de ese modo al comunicado de la cancillería de Guayana con motivo de cumplirse el quincuagésimo séptimo aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra que, según Georgetwon, fue producto de "la afirmación infundada y mal escogida" por parte de Venezuela de considerar "nulo y sin efecto" el laudo de 1899 derivado del acuerdo alcanzado por Estados Unidos en representación de Venezuela y el Reino Unido, como propietario de la entonces Guayana Británica.

El dictamen fue favorable al Reino Unido, al adjudicarle el territorio que se extiende al oeste del río Esequibo, aunque no en su máxima aspiración de abarcar hasta las bocas del río Orinoco y controlar su navegación. Venezuela inmediatamente protestó el laudo por considerar que habían existido vicios de nulidad. Sin embargo, no fue sino hasta 1962 cuando logró un avance tangible al denunciarlo ante Naciones Unidas (ONU), después del hallazgo de documentos que comprometieron la legalidad del mismo.

Luego que Guyana rechazara la mediación de la ONU, la controversia quedó planteada, con la aprobación de la comunidad internacional, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), “en cuya defensa imparcial e independiente del estado de derecho internacional Guyana tiene absoluta confianza", afirmó Georgetown, que acusa a Venezuela de querer “frustrar la resolución de la controversia por vía judicial aun cuando está obligada a participar".

La cancillería guyanesa advirtió que "es pertinente enfatizar que el Acuerdo de Ginebra no impone ninguna obligación a Guyana de abstenerse de realizar actividades de desarrollo económico en cualquier parte de su territorio o áreas marítimas anexas", según recoge el diario local Guyana Chronicle.

Basada en un mapa de la corona de España del siglo XVIII, Venezuela reivindica como propio desde 1844 el territorio de una superficie de unos 160.000 kilómetros cuadrados, equivalentes al 74,2% del territorio de Guyana, que nunca estuvo bajo soberanía efectiva española ni venezolana.

Caracas y Georgetown buscaron resolver el conflicto mediante distintas vías que no dieron resultado, diferendo que no generó tensión en la zona hasta que en 2015 la petrolera estadounidense Exxon anunció un importante descubrimiento de petróleo en el océano Atlántico frente a la costa de Guyana.

En esa ocasión Venezuela rechazó por primera vez una concesión otorgada por Guyana en el área en disputa y decretó la creación de cuatro "zonas de defensa integral marítima e insular", una de las cuales abarca la zona que reclama Caracas. Ya en ese contexto, Guyana respondió desechando la gestión de buenos oficios de Naciones Unidas (ONU) y llevó el caso a la CIJ, que a fin de 2020, y pese a la oposición de Venezuela, se declaró competente para resolver la disputa.