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Vía libre para el abigeato

La aplicación del nuevo marco legal, lejos de combatir el crimen del abigeato, lo ha estimulado

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16 de noviembre de 2018 a las 18:50

Por Carlos María Uriarte, especial para El Observador

Ni el más pesimista podría tan siquiera imaginarse que podríamos retroceder tanto en esta materia. La situación ha alcanzado ribetes alarmantes, no solo porque quienes se dedican a esta lucrativa actividad están organizados, sino peor aún, porque nadie se hace responsable y aquellos que de alguna manera deberían así sentirse en vez de tomar cartas en el asunto se echan la culpa los unos a los otros. 

Con las modificaciones a algunos artículos del Código Rural que fueron realizadas en agosto de 2016, con la ley 19.418 (llamada del Delito del Abigeato), muchos creímos que realmente se establecían condiciones y que quien robara ganado y/o comercializara carne de animales robados recibiría penas ejemplarizantes.

Sin embargo, con la aplicación del Nuevo Código del Proceso Penal no solo se esfumaron nuestras esperanzas, sino que hemos retrocedido a una situación peor. 

Hoy día, a pesar de que se cuente con la evidencia y los ladrones sean capturados in fraganti, raramente van a la cárcel. Los mismos son liberados generalmente recurriendo a la ley 19.446 promulgada dos meses después que le ley que nos generó las esperanzas. Y en muchos casos recuperando los bienes requisados en los procedimientos. Es decir, con todas las herramientas para continuar actuando impunemente.

Desde el punto de vista de los productores, la situación es indignante, y vivimos en una sensación de desamparo.

La aplicación del nuevo marco legal, lejos de combatir el crimen del abigeato, lo ha estimulado. 

¡No hay tiempo para esperar, hay que corregir en forma urgente esta absurda realidad!

Aparte de este aspecto, existen otras condicionantes que también promueven el ambiente propicio para esta actividad.

A pesar de que desde el gobierno se resalta un hecho que es real, y es el que hay más policías y están mejor equipados, en la campaña pasa lo contrario.

Se han cerrado muchas comisarias y muchas de las que quedan no están debidamente equipadas, y los delincuentes lo saben. 

Sin desconocer el buen trabajo que realizan las unidas de la Brigada Especializada en Patrullaje Rural y Abigeato (Bepra), y la buena disposición del funcionariado policial, salvo honrosas excepciones sus esfuerzos son insuficientes. 

Hay que reconocerles la profunda desmotivación que les provoca ver cómo la Justicia deja en libertad a quienes ellos apresan con tanto esfuerzo.

Es primordial actuar en la prevención y en ese sentido el control de los expendios de productos cárnicos por parte de las direcciones de Bromatología de las intendencias es vital, no solo para prevenir la venta de carne de animales robados, sino y más que nada para velar por la salud de los consumidores de esos productos. 

Sin embargo son muy pocas las intendencias que cumplen con este cometido básico, la mayoría lo descuidan, por temor a las represalias que puedan tener al impedir la comercialización de carne barata. 

Es un círculo vicioso que si no se lo corta radicalmente será imposible controlar al abigeato.

Algo similar pasaba hace mucho tiempo con la leche cruda, y se logró hacerlo. Y en aquel entonces no estaba enredado con el robo. ¿Por qué no pensar que también podemos hacerlo ahora con la carne?

La falta de centros habilitados para la faena y el costo de la misma en aquellos pocos lugares en que todavía existen fomenta la faena fuera de la ley, y atrás de ella se esconden estas organizaciones de ladrones.

Pero tengamos claro que no todos los que faenan clandestinamente son ladrones, muchos son honrosos trabajadores que lo hacen porque no tienen otra alternativa. ¿Qué más quisieran ellos que poder hacerlo en el marco legal y así trabajar con la cabeza en alto y poder competir con quienes lo hacen promoviendo el robo?

Los privados no solo debemos remitirnos a criticar, sino que estamos obligados a tener un rol protagónico, siendo solidarios vigilantes de lo que ocurre en el campo, denunciando y haciendo público cuando nos roban, y dando a conocer públicamente los nombres de los ladrones para someterlos al menos a la condena pública. 

No hay un solo responsable de esta triste realidad.

Tanto el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, las intendencias departamentales, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial, son todos responsables. 

Es el Estado quien en definitiva debe velar por la salud y la seguridad de sus habitantes, ¡y sobre todo de las personas de bien!

Hace ya demasiado tiempo que está en falta con esos habitantes del campo.

Ojalá reaccione pronto. 

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