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Violencia doméstica y discriminación, dos grandes falencias de Uruguay, según EEUU

En un informe sobre Derechos Humanos del 2017, el Departamento de Estado puso el foco en la violencia doméstica

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03 de mayo de 2018 a las 05:00

El Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró en su informe anual sobre Derechos Humanos que, durante el 2017, la policía uruguaya no dispuso de la capacitación y el personal necesarios para hacer cumplir las órdenes de restricción generadas en litigios civiles relacionados con violencia doméstica lo cual, en algunos casos, generó femicidios.

Los juzgados civiles pudieron resolver la mayoría de los casos de violencia doméstica y, en muchos de ellos, se emitieron órdenes de restricción. Sin embargo, muchas de ellas no pudieron cumplirse, destaca el informe estadounidense.

En el informe se destaca que el Ministerio del Interior capacitó a 15.000 oficiales de policía sobre temas de violencia doméstica desde el año 2012.

El informe publicado este miércoles reconoce que el país cuenta con procedimientos administrativos transparentes para manejar las denuncias de abuso por parte de agentes del gobierno. Si bien califica al Poder Judicial de "independiente e imparcial", asegura que "sus decisiones a veces no se hicieron cumplir eficazmente".

Los centros que prevé el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para recibir a las mujeres sometidas a abusos y sus hijos, con frecuencia, se encontraron superpoblados durante el 2017, según informaron ONGs y actores gubernamentales al Departamento de Estado.


El informe también consigna un aumento de las denuncias de violencia doméstica en 2017. En los primeros 10 meses, 23 mujeres fallecieron a causa de violencia doméstica por parte de sus parejas o familiares.

Durante el año, el gobierno aplicó el programa de tobilleras electrónicas en 526 casos para evitar la violencia doméstica.

Discriminación

La discriminación fue el otro gran déficit que surge del documento del Departamento de Estado.

Las mujeres sufrieron discriminación en acceso al empleo, salarios, créditos, educación, vivienda y dificultades en la concreción de emprendimientos comerciales en el 2017. Esto refleja el difícil cumplimiento de la ley que otorga la misma situación jurídica y los mismos derechos a hombres y mujeres.

En abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística informó que el salario de las mujeres en el mercado de trabajo era entre un 10% y un 30% inferior que el de los hombres.

Discapacitados también denunciaron varios casos de discriminación en ese año. Washington asegura que no se controló el cumplimiento de la ley que prohíbe el abuso de personas con discapacidades.

"El gobierno en general no controló el cumplimiento ni hizo cumplir eficazmente las disposiciones", señala el informe, y añade que "tampoco promovió programas para brindar acceso a edificios, información, transporte público o comunicaciones".


La ley uruguaya prevé una cuota mínima del 4% de los puestos de trabajo del sector público para personas con discapacidad física y mental. En julio, un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil de Presidencia indicó que personas con alguna discapacidad ocuparon solo el 0,66% de las vacantes de la administración pública en 2016. La diputada Camila Ramírez, suplente en el Partido Nacional y primera representante nacional sorda, afirmó en agosto que no podía ingresar a la Cámara de Representantes con intérprete, recoge el informe.

Los afrodescendientes y la comunidad LGBT también se sintieron discriminados, según plantea el informe. Las autoridades en general protegieron los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intergénero, aunque representantes de la sociedad civil afirmaron que en general los mecanismos de protección del gobierno fueron "débiles e ineficaces", afirma.

Líderes de organizaciones de la sociedad civil informaron que, a pesar de los avances legales en temas LGBTI, la discriminación social se mantuvo en niveles altos.

El Mides informó que el 30% de las personas transgénero se encontraba desempleada, el 65% trabajaba en prostitución y la mayoría tenía bajos niveles educativos. Miembros de la comunidad transgénero sufrieron discriminación social dentro de la sociedad y de sus propias familias.



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