Vivienda busca corregir un "daño colateral" de la LUC que compromete US$ 50 millones

Así lo señalaron a El Observador fuentes parlamentarias, que explicaron el pedido concreto de las autoridades: aprobar rápidamente un proyecto de ley que enviará en breve el Poder Ejecutivo para salvar ese detalle, que de no modificarse provocará severos perjuicios a corto plazo para la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). 

Todo se origina en la redacción del artículo 463 de la LUC. Allí se plantearon varias modificaciones al Código Civil y, en términos generales, redujo de 20 a 10 años el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias. Ese plazo empieza a regir una vez que el préstamo vence.

A través de otro artículo de esa norma, el 467, se estableció un plazo de dos años a partir de la vigencia de la ley para que las prescripciones que estuvieran en curso empezaran a consumarse. 

Así, como la LUC se promulgó oficialmente el 9 de julio de 2020, ese plazo de dos años está por cumplirse en estos días. La situación, relatada a los legisladores por la ministra Irene Moreira y el subsecretario Tabaré Hackembruch, fue clara. A la fecha hay 5.000 hipotecas que están por prescribir. Lo más complejo, remarcaron, es el monto de esas deudas, que superan los US$ 50 millones. 

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El tema estuvo sobre la mesa este miércoles en una reunión entre las autoridades de Vivienda y Presidencia de la República. La opción es enviar urgente un proyecto de ley que establezca una prórroga de 36 meses a los plazos de prescripción previstos. De lo contrario, el ministerio estaría obligado en las próximas horas a enviar frenéticamente un "malón" de notificaciones en un intento de evitar que esas deudas caigan de forma automática, con el temor de que se produzca un "nerviosismo generalizado" entre los deudores. 

Las fuentes remarcaron que el MVOT considera "grave" la situación. La extensión de los plazos le permitiría interrumpir en forma ordenada la prescripción. Con todo, apuntaron, la entidad real del daño dependerá del tiempo que demore la elaboración del nuevo proyecto y la demora del trámite parlamentario correspondiente. 

Las escrituras del Plan Juntos

Moreira y Hackembruch estuvieron este martes en la Comisión de Vivienda del Senado y allí plantearon otra problemática en relación a los títulos de las viviendas construidas bajo la operativa del Plan Juntos. Allí la ministra observó un "atraso "muy grande" en la escrituración de esas propiedades. "Yo entiendo que es tan importante el día que se entrega la llave de tu casa como el que, después de cumplir todo, se te da el título", señaló. 

El Plan Juntos, instrumentado durante el gobierno de José Mujica, constituye un programa "sociohabitacional" en el que, por ley, las familias reciben la vivienda en comodato hasta tanto se produzca la escrituración. Una vez concretado ese trámite, esa vivienda no se puede vender por los siguientes diez años. 

Al respecto el coordinador del plan, Rony Macías, planteó un problema: a raíz de la emergencia habitacional declarada en 2011, hubo construcciones que se hicieron para solucionar determinadas situaciones construidas en lugares inapropiados y en malas condiciones. 

La Rendición de Cuentas aprobada el año pasado estableció que todas esas propiedades obtuvieran finalmente el permiso de construcción y, a partir de allí, lograran escriturar. "En ese proceso estamos", relató. Un proceso arduo y que abarca más de 2.000 viviendas. 

"Hay casas que se entregaron en 2011 y todavía no se han escriturado", señaló. Según Macías, las actuales autoridades optaron por que las nuevas construcciones sean entregadas "con todo", desde el saneamiento hasta la luz, de acuerdo a lo que exigen las reglamentaciones departamentales y la ley de Ordenamiento Territorial. La intención es que puedan ser escrituradas apenas sean entregadas. 

Así se ha hecho, indicó, desde 2020. Al día de hoy, señaló Macías, el Plan Juntos tiene 100 viviendas en construcción.