El tope fijado a fines de junio por el gobierno para algunos emprendimientos habitacionales en el marco de la ley de interés social, generó una reducción de proyectos en el mes siguiente, pero el instrumento se acomodó y tuvo un fuerte repunte en agosto y setiembre donde estas viviendas se expandieron fuertemente respecto al mismo mes del año pasado, según datos procesados por la Unidad de Análisis de El Observador con base en cifras de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
En julio pasado, el primer mes en el que tuvo impacto los topes de precios a 25% de las unidades para los proyectos en Montevideo, se aprobó la realización de 143 viviendas en el marco de la legislación que ofrece incentivos fiscales a los promotores. Eso implicó una caída de 71% respecto a los 503 proyectos presentados en julio de 2013.
En agosto, la herramienta recobró fuerza al expandirse 151% interanual, ritmo que prosiguió en setiembre al incrementarse 147% el número de viviendas respecto a igual mes de 2013, con 423 unidades proyectadas. El retroceso de julio llevó a que el trimestre julio-setiembre cerrara con una caída de 2,2% respecto al mismo período del año anterior, pero con una marcada recuperación en los últimos meses.
En cuanto al número de proyectos promovidos, en setiembre crecieron 55% frente a igual mes de 2013, al tiempo que en agosto no se registró aumento ni descensos –siete proyectos en ambos casos– y en julio hubo una caída de 38%.
Los agentes del sector inmobiliario temían que la disposición del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) supusiera una traba para los inversores, quienes desde el inicio de esta propuesta han gozado de beneficios fiscales para llevar adelante las obras.
“Al principio, el mercado reaccionó con cierto temor y recelo, pero luego haciendo los números, analizando las condiciones de los proyectos y manejando bien las áreas de las unidades que se van a ofrecer dentro del 25% con tope, los inversores vieron que no afecta gravemente la rentabilidad de los proyectos. Por lo tanto, no va afectar la continuidad” de la construcción de viviendas de interés social, explicó a El Observador, Julio Villamide, agente inmobiliario y director de la revista Propiedades. “El ritmo de presentación de viviendas estará dado por la capacidad de absorción de la demanda”, añadió.
El ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, aseguró que la reacción inmediata al anuncio del tope a la comercialización de inmuebles resultó “desproporcionada”. “Analizar con una semana de aprobación era un poco apresurado, más allá de que iba a haber un momento de ajuste, porque los cambios siempre pueden traer alguna retracción”, dijo a El Observador. “Entendemos que ya estamos en situación de normalidad”.
El jerarca dijo que hubo muchos inversores que se “apresuraron” a presentar en junio sus proyectos, momento en que se dio un pico de 512 viviendas aprobadas. Detalló que en cantidad de viviendas ingresadas –que no necesariamente están aprobadas–, entre enero y mayo de este año sumaron 1.165, mientras que solo en junio alcanzaron las 1.269. Luego, prosiguió, entre julio y octubre ingresaron 1.547 viviendas, con un promedio de 387 por mes, un número positivo y que guarda relación con las cifras del año pasado.
Viviendas finalizadas
De acuerdo a datos de la ANV al 30 de setiembre, desde que comenzó a instrumentarse la ley a mediados de 2012, el total de viviendas de interés social finalizadas alcanzan las 739 unidades, mientras que 5.746 se encuentran en construcción. Además, ya están en marcha 222 obras correspondientes a 218 proyectos promovidos.
La ANV especifica que el 68% de las viviendas de interés social en proyectos promovidos están en construcción en la actualidad. Hasta junio pasado las viviendas de interés social finalizadas se encontraban en el entorno de las 450, por lo que casi 300 unidades concluyeron su construcción en el tercer trimestre del año.
Los incentivos fiscales previstos para la construcción de viviendas de interés social tienen como objetivo facilitar el acceso a la vivienda y para promover la construcción de edificios en zonas no tradicionales y lejos de la costa. Según un informe que presentó el Poder Ejecutivo en la última Rendición de Cuentas, a marzo de 2014 la inversión promovida en el amparo de este régimen alcanzaba un monto de US$ 840 millones, con un “sacrificio fiscal” estimado de US$ 235,2 millones.
