Ya cayó el último papel picado, se agotó el merchandising albiceleste con el logo de YPF y todos los diputados hicieron sus discursos sobre la "instancia histórica" que fue la reestatización de la petrolera.
Ahora empieza la etapa difícil, la de YPF "bien argentina" en la que el Estado debe enfrentar la cruda realidad: la de un país que perdió su autoabastecimiento energético y que debe pagar una cuenta de US$ 14.000 millones en el corto plazo.
Esta sensación empezó a hacerse evidente en el gobierno, que se encuentra febrilmente abocado a la intensa agenda que se viene.
Con la aprobación de la ley comenzará el proceso de valuación y una negociación en paralelo con el gobierno español. España pretende US$ 10.000 millones mientras trascendió que Argentina estaría dispuesta a reconocer menos de la mitad de ese número. España cambió el discurso y ahora va por la conciliación.
Socios están impacientes
Las preocupaciones no se limitarán a las relaciones exteriores y a la recomposición de la imagen argentina. En el plano interno también hay problemas.
Para empezar, con los gobiernos provinciales, especialmente los que dependen de la explotación de recursos naturales. Al mismo tiempo que los diputados se emocionaban por la "recuperación" de YPF, en Santa Cruz el gobernador Daniel Peralta anunciaba un "corralito" salarial: solo hay caja para pagar a los que ganan menos de $ 9.000 brutos.
Mientras tanto, su colega de Río Negro, Alberto Weretilneck, apuntó a la expectativa que esta "nueva YPF" generó en su provincia: "Representará más empleo y actividad económica".
Una realidad cruda
Como botón de muestra sobre que no todo es soplar y hacer petróleo, el último fin de semana largo volvió a haber problemas de abastecimiento de nafta.
Varios estarán cruzando los dedos para que este invierno no sea muy crudo. El corte de suministro de gas a la industria cada vez llega más temprano: antes ocurría en el pico de consumo residencial, en julio y agosto, pero ahora ya empezó en pleno abril.
Este tema se percibe como un termómetro de lo complicado que está la falta de gas. El nivel de la demanda que ya no puede ser cubierto por la producción local llegó a 20% y sube.
Los economistas creen que en el corto plazo, la "caja" de YPF dará un alivio fiscal que ayudará a disimular el déficit comercial energético. YPF factura US$14.000 millones, con una ganancia de US$ 1.300 millones.
"La expectativa del gobierno es que ese dinero que antes se distribuía a los accionistas va a ingresar al Tesoro Nacional y, de esa forma, tener un alivio fiscal. También es cierto que no se harían giros al exterior, porque lo vendido en forma local permanecería en pesos y, al no necesitar divisas para remesar, esto aliviaría el plano cambiario", argumenta Víctor Beker, docente de la Universidad de Belgrano.
Eduardo Curia, uno de los economistas escuchados en ámbitos afines al gobierno, afirma: "Ahora se viene un período dulce en lo financiero. Habrá un poco de alivio en el plano fiscal y, como justo coincide con la liquidación de la cosecha, el gobierno podrá tener algo de desahogo".
Pero hay cierto consenso en que este efecto no será duradero y que no puede compararse con la importancia que en su momento había tenido la reestatización del sistema jubilatorio, que le había aportado al fisco un flujo anual de fondos equivalente a 1% del PBI.
El "modelo Aerolíneas"
En el plano político, para Cristina Fernández de Kirchner la etapa que se abre supone la necesidad de enviar un fuerte mensaje sobre la conducción "profesional" que tendrá la petrolera. Para la presidenta, es importante que no se genere la sensación de una "nueva Aerolíneas". Es decir, que no se repetirá la experiencia de una compañía reestatizada que, luego de tres años, sigue siendo deficitaria, ineficiente y con permanente conflictividad sindical.
Por eso, Cristina ha enfatizado en su elección por un management profesional.
Claro que hay dudas que van más allá de los nombres que elija para esto; como si se podrá imponer un criterio profesional por encima de la presión política para que YPF supedite su equilibrio financiero a la asunción de tareas de fomento social.
Y el gran interrogante, por supuesto, tiene que ver con la política de distorsión de precios que implica que los productores locales de gas reciban un precio seis veces menor que el que se le paga a Bolivia. Esa política ha sido explicada y defendida por el viceministro de Economía e ideólogo de la "recuperación de YPF", Áxel Kicillof, por lo que en principio no parece factible que haya un cambio radical en este aspecto.
Las "señales tranquilizadoras" por parte del gobierno van por el mantenimiento de la compañía como una empresa con capital flotante en la bolsa, incluyendo la de Wall Street. Esto implica que, aun bajo control estatal, se deberá seguir rindiendo cuentas a la SEC y a los inversores institucionales estadounidenses que tienen 17% de la tenencia accionaria.
Queda, finalmente, una de las tareas más importantes a futuro: conseguir socios que aporten el capital para que esos reservorios de shale gas (los terceros más grandes del mundo) puedan efectivamente ser puestos en producción.
Trascendió que CFK quiere lograr una asociación con algún jugador global de primer nivel, preferentemente de capital estadounidense, como una forma de contrarrestar la mala publicidad que ha significado la expropiación a Repsol.
Se da por descontado que no será complicado conseguir socios. A fin de cuentas, las grandes petroleras están acostumbradas a intervenir en países muy conflictivos, hasta con escenarios de guerra civil.
Pero lo que nadie sabe con certeza es cuál será el "precio" que ahora, con un clima de mayor incertidumbre, pondrán estos grandes players globales para invertir en un país que está urgido por revertir su crisis energética.