El pedido de los legisladores colorados Andrés Ojeda y Elianne Castro, y del cabildante Álvaro Perrone, para que la Asamblea General analice un posible indulto al parricida Moisés Martínez no es otra cosa que un jalón más, y exagerado, de un debate necesario, pero mal enfocado. Si bien la política suele nutrirse del pulso de la calle, cuando intenta forzar las costuras del sistema judicial para responder a “sensibilidades sociales”, se ingresa en un terreno pantanoso donde uno no sabe dónde termina el drama humano y dónde empieza la demagogia.
Es comprensible que este asunto genere empatía. Los abusos que sufrió Moisés (así se lo llama desde buena parte de la prensa, la política y de activistas de redes como si se tratara de un conocido y no de alguien condenado por la Justicia a 12 años de prisión) esos abusos, digo, y a los que se vieron sometidos su familia por parte del asesinado son terribles.
Pero los hechos probados por la Justicia señalan que Martínez no corría peligro cuando le metió 15 disparos a su padre —imagine ese sonido repitiéndose 15 veces— y que luego intentó ocultar el cuerpo. Tanto la jueza como la fiscal entendieron que en este caso no era aplicable el artículo 36 del Código Penal que habilita el perdón para casos de homicidios empujados por una violencia intrafamiliar que haya sido denunciada y nunca atendida por el Estado.
Ahora, tres legisladores quieren que la política emparche lo que resolvió la Justicia en primera instancia. Y solicitaron a la Asamblea General que analice la posibilidad de otorgarle el indulto a Martínez con el apoyo de dos tercios de sus componentes.
Fundamentan que el caso “presenta aristas de una sensibilidad humana excepcional” y que el indulto “es una herramienta para evitar que la pena se convierta en una ‘mortificación’ adicional para una víctima de abuso crónica que presenta un cuadro de estrés postraumático complejo”.
Los legisladores que hoy impulsan esta amnistía o indulto, haciéndose eco de sentimientos expresados en distintos foros de internet, transforman un caso judicial complejo en un asunto político. Y resulta por lo menos complicado pretender que el Poder Legislativo actúe como un tribunal de alzada cada vez que una sentencia judicial no sea del agrado de la opinión pública.
El principio de separación de poderes no es un capricho, es la garantía de que todos seremos medidos con la misma vara. ¿Qué pasará mañana cuando la “sensibilidad social” exija penas de muerte o castigos corporales por otros delitos? ¿El que tenga más llegada a los medios de comunicación o mejor narrativa en redes sociales, tendrá más chances de perdón que aquel que no logra viralizar su tragedia?
La compasión es una virtud humana, pero la firmeza institucional es una necesidad democrática que, a veces, no puede darse ese lujo.
