Y todo porque a un edil se le coló un colaborador que andaba lavando dinero para un narcotraficante. Porque más allá de las implicancias judiciales y policiales de ese caso que involucra al edil blanco Gonzalo Gómez y a su supuesto asesor, el condenado Pablo Leiva, el episodio descubrió una trama de cargos, pases en comisión, corruptelas, desvíos de fondos y beneficios varios que tienen como centro a la Junta Departamental de Montevideo. El “descubrió” debe ir entre comillas, porque la manganeta está amparada por decretos departamentales y disposiciones que se prestan para que los ediles montevideanos usen pero también abusen del dinero que los contribuyentes les pagan.
¿Cómo llega un operador del narcotráfico a figurar en la nómina de asesores de un edil departamental? La respuesta es desoladora: porque el sistema está diseñado para que casi nadie pregunte, casi nadie controle, casi nadie pida cuentas ni audite a quién se le entrega el dinero del contribuyente.
Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de Kruse, tiene cinco asesores y dos pases en comisión que él no pidió, pero que se los enviaron desde los Partido Nacional y Colorado. ¿A qué se dedican? “En mi despacho, como dije claramente, yo no tengo actividades para ellos. Fíjate que el despacho de un edil más o menos mide dos metros por dos metros", dijo el dirigente al streaming Todo un Tema de El Observador. ¿Por dónde andan, entonces?
Están “en su casa o trabajando para el sector político", respondió Krause cuando fue preguntado sobre si esto era correcto, y agregó que era algo que "la ley lo permite".
Por otra parte, reconoció que con tres asesores le alcanzaría para cumplir correctamente sus funciones e hizo un racconto de los beneficios que tienen los ediles: un contrato con Antel por $ 1.900, exoneración de la patente de rodados, 250 litros de nafta por mes y 720 boletos para repartir entre, al menos, 15 personas.
Números nada despreciables para quienes, se supone, caminan los barrios movidos por la vocación de servicio vecinal.
Del mismo modo, fuentes de la Junta dijeron a El Observador que hay ediles que les pagan a los asesores no para que trabajen para él, sino para que militen en sus partidos políticos.
Es decir, usted cree que le paga a los curules para que sus asesores trabajen por Montevideo y estos puentean al contribuyente para que los partidos políticos junten votos. Todas estas movidas bien podrían entrar en la figura penal de desvío de fondos que ocurre cuando un funcionario público que tiene a su cargo la administración de dinero lo destina a un fin distinto para el que estaba previsto.
“Lo que va a traer cola de aquí en mas es el caos absoluto con el que la Junta Departamental de Montevideo gestiona estas cosas. Es una bomba que en cualquier momento estalla y no sé para dónde va a ir y donde están todos los ediles en juego, y dónde están todos los partidos vinculados con cómo se administran esas partidas. Para qué y cómo. Creo que hay una punta de la madeja más compleja”, declaró el exdiputado, exedil y actual integrante del directorio blanco, Álvaro Viviano, a radio Oriental.
Su colega María de Lima dijo en el streaming Todo un Tema de El Observador que el sistema es “perverso” porque termina perjudicando a los ediles y por ello los partidos políticos deberían ponerse de acuerdo para ponerle fin. Opinó que los curules deberían ser rentados, una posibilidad que fue plebiscitada en la minireforma de 1994, junto a otras disposiciones, y que obtuvo un rechazo del 70% de los votantes.
Además de lo dificultoso de ese recorrido, difícilmente, después de todo lo que está ocurriendo, la gente se muestre dispuesta a confiarle un solo peso a estos legisladores departamentales.
Estos legisladores además, como informó El Observador, pueden echar mano a una especie de fuente de los deseos a través de un sistema de donaciones y favores, de los que casi no hay registros, que en los últimos meses incluyeron la edición de 1.000 ejemplares de un libro titulado Che, Ernesto Guevara en Uruguay. Legal y Clandestino y de otro llamado “Olelé, un canto a la ancestralidad” sobre las raíces afros e indígenas, 500 ejemplares de Nuestro repertorio: textos y partituras de murgas de mujeres feministas y transfeministas, 200 invitaciones al Campeonato de Pelota Vasca, 500 folletos para un evento convocado bajo el nombre de “La noche accesible e inclusiva”, el traslado de delegaciones de un encuentro latinoamericano organizado por el Coro de hombres gay de Montevideo, y el alquiler de ómnibus para los humoristas Los Chapitas.
Para acceder a estas prestaciones, las organizaciones o personas presentan una nota a la Junta, el caso pasa a la Comisión de Cultura o a la de Derechos Humanos que la aprueba casi siempre por unanimidad, pasa al Plenario donde se le da el visto bueno sin discusión y, finalmente, una “Mesa” de cinco integrantes que encabeza el presidente de la Junta se encarga de comprar o tramitar lo solicitado.
"Alguien tiene que darme de comer"
Pero volviendo al principio, ¿qué tipo de asesoría técnica, urbanística o jurídica real puede brindar este sistema que le permite a los ediles guardarse el dinero de supuestas contrataciones o que permite que se le pague a personas sin otro interés que militar para su partido político?
El edil del Frente Amplio Gonzalo Zuvela dijo en Todo un tema que tiene una asesora contratada para que le corrija sus intervenciones en la Junta, intervenciones de las que no se entera casi nadie. ¿Es necesario? Zuvela, como otros ediles de la izquierda, cobra su sueldo a través de su sector y la partida de secretaría, aparentemente, la gasta toda en asesores.
"Yo esto lo arreglé desde hace un montón de años que estuve a punto de ser candidato a alcalde. Me salió mal, no anduve [...] Sabiendo que si perdía me tocaba esa otra, yo arreglé con mi sector: 'Mirá, yo puedo cumplir con esta tarea, pero alguien tiene que darme de comer, yo tengo dos gurisas'. Listo, está resuelto. En mi casa entran 90.000 pesos y con eso vivo, no me sobra un mango", relató.
Esta red de contención para repartir cargos, esta bolsa de empleos para militantes es impresentable por donde se la mire. Es una avivada institucionalizada que degrada aún más la ya escasa confianza de la gente en el sistema político. Eso sin mencionar que suele servir de plataforma para acceder a otros cargos más deseados como el de diputado o senador.
Esto ocurre, con variaciones, en la mayoría de las otras 18 intendencias del país, como informa esta nota de Santiago Soravilla.
Por otro lado, con las elecciones departamentales en la Junta se eligen 31 ediles pero la mayoría automática de 17 curules va a parar al partido ganador lo que acota sensiblemente el rol opositor.
El expresidente Julio Sanguinetti suele advertir, y con razón, que la democracia no es barata y necesita ser financiada para que funcione. Eso es una cosa, y otra cosa es usar los recursos del contribuyente para sostener una estructura opaca de favores, cargos fantasmas y militancia encubierta. La democracia cuesta, sí, pero el abuso la encarece de formas absurdas.
Hace años que tenemos esta tramoya frente a nuestros ojos. Pero, lo del principio, la liebre saltó porque a un edil se le coló un colaborador que andaba lavando dinero para un narcotraficante. Y ahora, recién ahora, parece que los políticos se pondrán a trabajar para ver si encuentran una solución común a este desorden generalizado.
