“Estábamos acostumbrados a los delitos que ocurrían en los ámbitos públicos mayormente, en la calle, en la vía pública (…) actualmente un individuo dentro de su hogar, solo, ya es una persona en peligro".
Foto: Inés Guimaraens
27 de julio de 2025 5:00 hs
Esa frase, Natalia, la decía el ministro del Interior Carlos Negro cuando fue al Parlamento en abril a presentar el plan de seguridad que el gobierno se propone aplicar a partir de 2026, para el que esta semana se convocó a los partidos políticos y tendrá una segunda fase de consulta también a sindicatos y confederaciones empresariales.
Negro se refería al delito de estafa y dado que esta semana se conoció un informe elaborado por la nueva Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) en esta newsletter EnClave, te hablaré de los problemas que presenta investigar y castigar este delito.
Denuncias de estafas crecieron 2.000%
Hace algunas semanas me refería a las bondades de ser un estafador y te hablaba de cómo los delincuentes se llevan de arriba el castigo por quedarse con los ahorros de un trabajador fruto su trabajo honesto, o de la herencia familiar. Y eso porque la estafa es un delito que no se denuncia, no se persigue y no se penaliza. Y si se penaliza, suele tener una pena menor, lo que permite al estafador volver al ruedo fácilmente.
En este contexto asistimos la semana pasada a la imputación de los tres principales socios de Conexión Ganadera. La justicia les imputó el delito de estafa -en el caso de Pablo Carrasco se le sumó lavado de activos- y como consecuencia, mientras que Carrasco debió ser enviado a prisión porque el delito de lavado así lo impone, tanto a su esposa Ana Iewdiukow, como a la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, se les impuso prisión domiciliaria total y tobillera electrónica. Hablamos de una estafa que por ahora apunta a US$ 250 millones aunque falta que el síndico del concurso verifique esos datos tras contrastar la documentación presentada por los inversores y los bienes –básicamente el ganado- que tenía la empresa.
Pero hay muchas más de estas estafas pendientes de resolución judicial. Aún está pendiente que la Fiscalía se pronuncie sobre los responsables de República Ganadera, que a ocho meses de las primeras denuncias, sólo cuentan con una prohibición de salir del país, mientras avanza la investigación de Fiscalía. En ese caso hablamos de una estafa de US$ 90 millones.
También resta indagar a otros involucrados en la estafa del grupo Larrarte, una estafa de US$ 12 millones mientras Jairo Larrarte cumple prisión preventiva, y más recientemente se sumaron las denuncias contra Berrutti, el titular de Porfolio Ganadero, estafa que puede rondar en los US$ 16 millones.
La Fiscalía tampoco se ha pronunciado sobre la responsabilidad de Ignacio González Palombo, un hábil captador de ahorros que se hacía pasar por corredor de bolsa y cometió una estafa de más de US$ 12 millones de ahorros, en la que falta saber si Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa estaba involucrada.
Y la lista sigue: está pendiente la indagatoria sobre Grupo Bursátil Uruguayo, otra estafa en la que el corredor de bolsa Álvaro Correa, junto a otros profesionales y familiares, se apropiaron de parte del patrimonio de una mujer millonaria sin hijos que había sido declarada incapaz.
Al mismo tiempo se acumulan dos denuncias, y hay anuncios de nuevas denuncias, contra el exrugbista Gonzalo Campomar, en un caso de captación de ahorros a través de criptomonedas en una estafa que, aunque no está claro el monto, se ha hablado de US$ 60 millones.
En la lista no podemos dejar afuera a Balsa y Asociados, acusado por sus exsocios argentinos en La Carlotta de apropiarse de unos US$ 10 millones a través de retiros "con maniobras sofisticadas” y recurrir al proceso concursal “para disimular al simple delincuente”. En medio de esas acusaciones quedaron decenas de familias que habían invertido ahorros para tener su casa soñada en un barrio privado.
Si sumamos todas estas estafas rondan los US$ 500 millones. Es mucho para un país como Uruguay y no podemos echarle la culpa a la gente por ser estúpida por pecar de confiada o por ser agarrada desprevenida en su buena fe.
La lista de víctimas puede seguir con personas que caen en cuentos del tío de toda clase y color, en el hackeo de cuentas de Whatsapp para pedir dinero a conocidos, en engaños a través de plataformas de compraventa, redes sociales o sitios web falsos o robos de claves bancarias mediante phishing. Las posibilidades son infinitas y todos conocemos casos, si no fuimos víctimas.
Esta semana al presentar los datos sobre delitos, el responsable de AECA, Diego Sanjurjo, explicó que la estafa es una preocupación central para el Ministerio del Interior. “No incluye violencia, positivo en comparación por las rapiñas, pero las pérdidas posiblemente superan a las rapiñas y está generando perjuicios económicos muy grandes”, afirmó.
En los papeles el delito aumentó 2.000% en los últimos diez años pero como a su vez, la encuesta de victimización marca que solo se denuncian una de cada diez estafas, el aumento es mucho mayor al detectado por las denuncias. Sanjurjo decía que puede haber aumentado 20.000%. Concretamente la encuesta del INE mostró que durante el segundo semestre de 2024 se realizaron unas 26.900 estafas por mes pero solo el 11,7% habrían sido denunciadas formalmente.
Aunque se puede relacionar a la estafa con la viveza de uno a varios individuos aislados que se esconden en el anonimato de una red social, también pueden tener carácter transnacional, y formar parte del crimen organizado.
Si bien este aumento puede explicarse por una disminución de la circulación de efectivo -que también impacta en la disminución de las rapiñas en los últimos cinco años junto a los homicidios como consecuencia de rapiñas, así como los hurtos y el abigeato- y podría haber un corrimiento de delincuentes hacia nuevas formas delictivas, también es cierto que este tipo de delitos requiere de otras habilidades que el delincuente común no suele tener. Por eso el informe menciona que no se descarta que se este dando una “expansión del repertorio criminal”.
Otro dato del estudio es que es un fenómeno generalizado en todo el país, con aumentos en todos los departamentos durante los últimos 5 años.
Sobre el perfil de las víctimas, revela que son personas adultas de entre 26 y 55 años, tanto a nivel nacional como departamental y las mujeres presentan tasas de victimización más altas que los hombres, “lo que podría estar asociado, entre otras cuestiones, a diferencias en los canales de contacto, los patrones de consumo o la disposición a denunciar”, dice AECA.
La respuesta del sistema penal: he aquí el problema
En 2024, se registraron apenas 1,5 imputaciones a personas por cada 100 denuncias, lo que sugiere una respuesta penal limitada frente al crecimiento del fenómeno, concluye el Ministerio del Interior.
En cuanto al perfil de las personas imputadas, el 35,7% fueron mujeres, un porcentaje significativamente más alto que aquel del promedio general delictivo (11%) y de delitos violentos, como la rapiña (5%) y son jóvenes: tienen una edad promedio de entre 31 y 33 años, lo que contrasta con el promedio de edad de las víctimas, especialmente en Montevideo, donde éstas superan los 45 años.
En su estudio el Ministerio del Interior plantea una serie de línea de acción, como seguir haciendo encuestas de victimización para conocer la cifra negra, así como diseñar estrategias de prevención, educación y facilitar los canales de denuncia. También se anuncia un nuevo trabajo con la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior para conocer la modalidad de estafa (presencial, ciberfacilitada, ciberdependiente), el canal de contacto inicial e instrumento utilizado, entre otros datos específicos de las estafas.
Pero lo que se precisa por encima de todo es plata. Recursos humanos y recursos tecnológicos para mejorar la respuesta y para investigar mejor, algo que se hace muy mal en Uruguay.
Si nos centramos en los casos de grandes estafas que te mencioné antes la respuesta del sistema penal, salvo en el caso de Conexión Ganadera donde tuvimos en siete meses a los responsables en prisión, las investigaciones son lentísimas, lo que genera una sensacion de impunidad.
Una víctima del caso Pérez Marexiano me contaba indignada que ha visto por Punta Carretas pasearse en su camioneta BMW a Ignacio González Palombo, que sigue viviendo en su apartamento alquilado con vista al Golf, mientras ella tiene que hacer malabares para vivir con su jubilación ya que se le quedó con todos sus ahorros.
Estos casos son indagados por las fiscalías de Delitos Económicos que son tres y a la que se suma la Fiscalía de Lavado que tiene a su cargo los casos de Conexión Ganadera y República Ganadera. Esas cuatro fiscalías son asistidas por una contadora de la que se tironean los equipos fiscales.
Asi ha trascendido que la Fiscalía General de la Nación tuvo que determinar la reducción de horas de trabajo de la contadora Carina Liguori, que se dedicaba tres días a la semana al caso de Conexión Ganadera, y dejarla en dos para que también asesorara a Sandra Fleitas, que está investigando además de Pérez Marexiano y Campomar, una causa sobre compras irregulares en la Armada. Liguori se encuentra trabajando también con los fiscales Alejandro Machado (Grupo Larrarte) y Gilberto Rodríguez quien recibió el caso de Porfolio Ganadero pero también tiene el caso del Sunca.
La limitación de recursos juega en contra de la justicia y a favor de los delincuentes.
Es por eso que la Fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero pedirá en el presupuesto dos fiscalías de delitos económicos para atender el gran volumen de casos y dos fiscalías de cibercrimen ya que estos delitos superaron las cifras de otros delitos y se precisan más recursos humanos para atender su investigación.
También es cierto que falta educación financiera y como decía Bárbara Mainzer, economista y directora de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, la mejor “forma de prevenir es desconfiar” siempre.
Pero cuanado se es víctima, por los motivos que fueran, queremos que se haga justicia y el estafador pague. No sólo que sea castigado judicialmente, que va de suyo, sino que devuelva lo que se robó. Siempre se debería procurar que quede obligado a devolver lo que se llevó injustamente