La ley de financiamiento de los partidos está llena de agujeros y no cumple para nada con la función de “controlar”
Frente a noticias como las de la Operación Trazador, por la que cayó una organización narco, con ribetes que salpican a la política, se tiende a sacar conclusiones de acuerdo al color de la propia camiseta. Desde “estos son narcos” o “son corruptos” a “esto es una cama”, hay un amplio espectro de posibilidades.
A eso se suma que tenemos un proceso penal que obliga a los fiscales, cuando hay pruebas, a negociar con las defensas, bajar penas, condenar y cerrar investigaciones, para pasar al siguiente caso de una larga lista de asuntos que llenan las bandejas de entrada de cada despacho.
Completa este cuadro una ley de financiamiento de los partidos llena de agujeros que no cumple para nada con la función de “controlar”. De todo eso te hablaré en esta entrega de EnClave.
Una denuncia anónima informó a las autoridades de que Henry Latorre guardaba droga en su casa del barrio Brazo Oriental. El miércoles 16, mientras la Policía seguía a Latorre, lo vio llegar a la casa de Pablo Leiva en Pérez Castellanos y entregarle un paquete y una bolsa de supermercado.
Al día siguiente, allanaron ambas casas y encontraron más de 260 kilos de pasta base en la casa de Latorre, junto con plata y armas, y casi $ 3 millones en la casa de Leiva. Parte del dinero estaba en fajos arriba de un aparador y la otra parte en un auto.
El viernes, Latorre, su pareja y Leiva fueron condenados. Latorre a la pena de 6 años y 6 meses por delitos de lavado, narcotráfico y receptación; su pareja por asistencia al narcotráfico a la pena de 3 años; y Leiva a 2 años y 6 meses por lavado en la modalidad de posesión y tenencia.
La fiscal Agustina Santos, adscripta de la fiscalía de Estupefacientes, afirmó en la audienca —de la que informé en esta nota— que "Leiva adquiría el dinero con conocimiento de su procedencia ilícita" para luego introducirlo en el "sistema financiero en forma legal".
Ese mismo viernes se supo que Leiva estaba rentado como asesor por el edil nacionalista Gonzalo Gómez, integrante del Directorio del partido en representación del sector Por la Patria, que lidera Jorge Gandini, exsenador y actual director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos. También Lucio Leiva, hijo de Pablo Leiva, es rentado por el edil y había sido detenido por la policía, aunque luego fue liberado porque no encontraron pruebas que lo vincularan al caso.
El lunes, cuando ya había estallado el escándalo, Eduardo Preve informó en X, en base a fuentes del Ministerio del Interior, que se investigaba la utilización de una sucursal del Abitab que pertenece a la esposa de Gandini como parte del esquema de lavado. En la declaración jurada de Gandini figura como bien ganancial porque no tienen separación de bienes. Lo que aparentemente abrió esa punta fue que en el teléfono de Leiva encontraron chats con trabajadores del Abitab que le pedían que les llevara “cambio”.
El martes, Gandini dio la conferencia de prensa para dar explicaciones, en la que básicamente dijo no tener relación con Pablo Leiva ni conocerlo. Se puso a disposición de la justicia e informó que lo que hacía el condenado no era cambiar plata en el cambio de su esposa, sino pagar facturas del BPS de dos empresas constructoras. En el momento de las preguntas admitió que Leiva pagaba en efectivo facturas por $300mil o $400 mil y que, a su vez, los empleados lo llamaban para pedirle “cambio chico”.
Esos dos últimos datos llaman la atención porque si una persona va a pagar facturas de forma seguida por esos montos y siempre lo hace en efectivo y con billetes de baja denominación, salvo que sea un kiosquero o un almacenero, debería llamar la atención de los empleados. Entra dentro de lo que en materia de control de lavado serían “señales de alerta”.
Luego, en una entrevista que dio en Sarandí, Gandini aclaró que Leiva no iba “con una bolsa de basura negra”, sino que llevaba $20.000 en $100, $200, $500 y que “debe haber otros lugares donde pagaba también” con esa metodología. Pidió que se investigue.
Si esas explicaciones se corroboran, el caso quedará a lo sumo en señales de alerta no atendidas y en un tema administrativo con el BCU, que es el que regula a las casas de cambio y redes de cobranza. Pero es necesario que se investigue para que el caso quede claro.
Sobre esos controles el asesor de la Senaclaft y exdirector de ese organismo Daniel Espinosa explicó que las redes de cobranza son un sistema integrado y tienen un oficial de cumplimiento para todo el sistema, aunque tienen que capacitar a sus empleados para que sepan reportar casos sospechosos. En entrevista con La Diaria Radio dijo que es importante saber que el umbral para manejar efectivo está en US$ 33 mil, (lo bajó este gobierno porque el anterior lo había subido a US$ 100 mil). Agregó que "lo que podría llamar la atención son los billetes chicos y qué actividad tiene esa persona" que lleva los "billetes chicos".
Gandini dijo, también en Sarandí, que Leiva padre “le decía a su hijo que trabajaba en un cambio céntrico importante”.
La Fiscalía General de la Nación informó que si “surgen nuevas derivaciones” será la Fiscalía especializada en Lavado la que lo investigará" y el fiscal Enrique Rodríguez, titular de esa materia, ya convocó a los policías que investigaron el caso para obtener más información y determinar si abre una indagatoria.
En estos días, particularmente desde el oficialismo, se cuestionó la actuación de la fiscalía por haber cerrado el caso tan rápido. Se habló de que se le da impunidad a los delincuentes.
Las estadísticas que indican que alrededor del 96% de los casos se cierran por acuerdo abreviado sin llegar a juicio también abarcan casos como este.
Ello implica que no se investigue ni se vaya a fondo, pero es el proceso penal que tenemos desde 2017. Y con la cantidad de trabajo que tienen los fiscales es la manera más eficiente que encuentran de ir avanzando.
Los delitos que no se pueden abreviar son los homicidios o los que tengan penas mínimas que superen los 4 años (secuestro, copamiento, rapiña con privación de libertad). Ni los delitos de droga ni los de lavado entran porque tienen penas mínimas bastante menores, por lo que sí se pueden abreviar.
Tal vez, esa sea parte de la explicación por la que rara vez caen los peces gordos y no se llega a conocer quién o quiénes están al mando de los grandes cargamentos.
La forma deficiente en que se regula el financiamiento de los partidos políticos abona la posibilidad de que el crimen organizado se infiltre en la política.
En Uruguay, hay dos leyes que regulan a los partidos: una de 2009 (Ley N° 18.485) y otra de 2024 que introdujo modificaciones (Ley N° 20.292) y sumó controles sobre los aportes y las donaciones.
Los últimos cambios implicaron que el Tribunal de Cuentas (TCR) haga un control de los estados contables que presentan los partidos a la Corte Electoral y que los partidos designen un “oficial de cumplimiento” como exige la normativa antilavado.
Consultado para esta columna, Espinosa explicó que ese oficial de cumplimiento revisa las cuentas del partido pero no se entera de lo que hace el comité de campaña, que funciona solamente seis meses antes de cada elección.
Mientras las recomendaciones antilavado establecen la necesidad de identificar quienes son los responsables de los dineros y poder tener la trazabilidad de esos fondos, nada de eso ocurre en la realidad.
En este caso, le toca al Partido Nacional por ser Leiva asesor del edil Gómez, pero recientemente escribí sobre los agujeros en las finanzas del Partido Comunista a las que hizo referencia el fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez cuando archivó la investigación sobre los fondos de esa agrupción por no poder controlar la trazabilidad, debido a que se manejan en efectivo y sin controles, por no tener personería jurídica.
También en el episodio de la camioneta de Orsi quedó claro el manejo desprolijo de los dineros en la campaña. Y, como recordó Búsqueda este jueves, el TCR se abstuvo de intervenir en los estados contables del Partido Colorado debido a que no se pudo “obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los saldos, transacciones y demás revelaciones contenidas en dichos estados”.
En opinión de Espinosa, sin una ley nueva que subsane e identifique esos agujeros “no estamos yendo a la raíz del problema”.
Por eso, dijo que la Secretaría Antilavado tomó la iniciativa de convocar a la Corte Electoral, la Jutep y el TCR para determinar dónde están los huecos en el sistema y plantear como subsanarlo, como también informó Busqueda.
Así como estaba Leiva en el despacho del edil Gómez, es probable que ya haya otros narcos (o colaboradores suyos) metidos en el sistema político. Es obligación de quienes hacen política por vocación —que los hay— encarar este tema con seriedad y votar leyes que permitan un control real.
