La estrategia apunta a temas de fondo, se traza algunas metas concretas pero no está claro con qué recursos se atenderán la mayoría de las propuestas
Esta semana llegaron las tan esperadas medidas "de fondo" para atacar la problemática de la gente que vive en la calle, llamada por el gobierno “la primera estrategia nacional”.
En una columna anterior sobre el Operativo Calle, señalé que esa solución —que implica el levantamiento de los campamentos por parte de la policía— es necesaria, pero no resuelve el problema de fondo. La estrategia sí apunta eso y aborda casi todos los aspectos que tiene el problema (adicciones, salud mental, presos liberados). Pero más allá de que se traza algunas metas concretas —que para 2028 haya 3.000 plazas de soluciones de viviendas y 2.000 personas trabajando—, no está claro con qué recursos se atenderán la mayoría de las propuestas, ni qué funcionarios o contratados las llevarán a cabo. De esos y otros aspectos del plan te hablaré en esta newsletter EnClave.
Si algo no falta en Uruguay son diagnósticos y también en este tema hay de sobra. El trabajo de cinco meses realizado para llegar a este documento, según afirmó el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, ubicó claramente el problema.
Dio cuenta de que en 2024 fueron 11.261 las personas que usaron los dispositivos con alojamiento y en 2025 llegaron a 13.597 (20,74% más). Casi 40% de esas personas usó por primera vez el servicio en 2025, lo que refleja un drama que crece año a año.
El equipo de trabajo concluyó que existen dificultades para acceder a refugios y dispositivos de protección social debido a que los cupos son limitados, existen normas de convivencia y horarios restrictivos o experiencias previas negativas, como los problemas de convivencia en los refugios, que desincentivan su uso.
Entre otros motivos, porque muchas de esas personas tienen adicciones o problemas de salud mental –pero no se dan cifras sobre cuántos son-.
También se menciona “la falta de equipos capacitados para gestionar conflictos, y la posibilidad de indagar en estrategias de mediación comunitaria con vecinos”.
Como parte del diagnóstico se señala que “las respuestas estatales son insuficientes y fragmentadas, centradas en la emergencia y no en la construcción de soluciones estructurales y duraderas” y que se focaliza la atención en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando es un problema que le compete a varios ministerios: Vivienda, Interior, Salud, Trabajo, Economía.
Para responder a esto el gobierno propone la estrategia que recoge 42 medidas y se siente obligado a aclarar que “vivir en la calle no es una opción”, como para terminar de echar por tierra aquella idea que lanzó en 2018 la entonces directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo (IMM), Fabiana Goyeneche, que había afirmado que las personas “tienen derecho” a vivir en la calle y no se las puede “criminalizar” con la ley de faltas.
En esta nota podés leer un resumen de las principales medidas. Yo me abocaré a comentar algunos de los temas que no aborda el plan y empezaré por la comunicación de la estrategia que fue presentada en conferencia de prensa el martes por el presidente Yamandú Orsi acompañado de Civila.
Sabido es que Civila llegó a esta instancia con su gestión cascoteada; no por la oposición —enfocada más en el gobierno que en el ministro—, sino por el llamado “fuego amigo”. Es que ha recibido críticas del propio Frente Amplio, que llevaron al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a reclamar a los dirigentes frenteamplistas que hacen “operaciones políticas” contra Civila que defiendan al gobierno, como dijo en El País, o a que digan las cosas “de frente” como completó luego en radio Uruguay.
En ese contexto, la salida de Orsi con Civila pareció una necesidad de respaldarlo y categorizarlo al mostrarlo al frente del plan (aunque si se leen las 24 páginas con las propuestas queda claro que muchas de las acciones requieren la actuación de otros ministerios).
Al ser consultado por los periodistas sobre el respaldo a Civila, Orsi dijo: “Este es mi equipo y lo respaldo cada vez más. Si hay algo que estoy conforme y tranquilo es que tengo una barra que trabaja, y que trabaja todos los días. Y corregimos las líneas cuando las cosas no funcionan bien”.
Pero Civila no respondió la pregunta en la conferencia. Al día siguiente, en una entrevista que dio a Lado B de TV Ciudad, calificó a algunas críticas recibidas como "cierto oportunismo" o "manejos efectistas".
Sobre el hecho de que no se hubieran sentado en la mesa de la conferencia los otros ministros (lo que hubiese supuesto un gesto contundente de respaldo al plan y de trabajo colectivo), el ministro resaltó que sus colegas estuvieron "presentes en el lugar" y que "todo el país" estaba representado a través del presidente. Y dijo que la ausencia de los ministros en la mesa era “realmente algo menor” porque el trabajo es “interinstitucional”.
De hecho, el plan saca la emergencia del Mides y le asigna la tarea de resolver lo urgente a Presidencia, con la intención de marcar que Desarrollo Social será el encargado de llevar a cabo los mecanismos a largo plazo, mientras que los campamentos los tendrá que sacar el Ministerio del Interior. Y si una persona tiene problemas de salud, la tendrá que atender ASSE.
Pero eso no justifica la pésima respuesta que dio el ministro en las distintas entrevistas sobre la muerte de una persona que estaba en la calle y murió esta semana.
Civila repitió que la persona no murió en la calle sino que lo hizo mientras era ¡atendida en una ambulancia! Como si el hecho de que hubiera llegado a recibir atención sanitaria -lo mínimo que se puede pedir- la hubiera sacado de la situación en la que estuvo desde el fin de semana, según relataron los propios vecinos y reportó el periodista Gervasio Schusman en esta nota, en la que le contaron que habían intentado desde el sábado contactarse por Whatsapp con el Mides, sin que les hubieran respondido. A eso debería responder el ministro -si el Whatsapp no funciona correctamente- y no escudarse en que no murió en la calle.
Cuando la estrategia menciona las acciones concretas utiliza reiteradamente el verbo proponer. El Mides “se propone” tal y cual plan pero no aclara la asignación presupuestal de la acción concreta.
Por ejemplo: para atender a la población que sale de la cárcel —y que muchas veces va a parar a la calle— se menciona un plan piloto mediante el cual se le asignará a 350 personas “soluciones habitacionales con formación para empleo y puestos de trabajo”. Se aclara luego que la propuesta será “escalada en función de resultados y asignación de recursos”.
En la misma línea, se afirma que “la Secretaría Nacional de Drogas propone incorporar a los centros de estadía transitoria una dimensión sanitaria estructurada mediante la presencia de equipos especializados en consumo problemático y salud mental”. No se dice de cuántos técnicos se trata y dónde trabajarán.
Por último, se proyecta para 2026 un piloto para desarrollar propuestas sociolaborales de estadía en el medio rural en las que se puedan generar actividades formativas y productivas. ¡Es una muy buena idea que un suscriptor me había comentado! Pero falta saber dónde, cómo, para cuántos, y con qué equipo.
En ese marco, no se puede obviar que hay otra “debilidad institucional”: el Mides le debe actualmente tres meses a los tercerizados. Y esto responde a temas de mala gestión, porque en esos casos los recursos ya están asignados. Entonces, si teniendo recursos no se paga porque se gestiona mal, ¿será posible ejecutar acciones nuevas sin recursos?
El semanario Búsqueda dio cuenta este jueves de que en la Ley de Presupuesto aprobada el año pasado, el gobierno aumentó el gasto del Mides en casi US$ 8 millones, de un presupuesto base de US$ 63,1 millones en tres rubros relacionados con la situación de calle: servicios de gestión de refugios, casas asistidas y otros centros, así como medidas de inclusión social y atención a mujeres y niños.
También informó, en base a fuentes del Ministerio de Economía (MEF), que el financiamiento del plan deberá surgir de una “redistribución” de fondos, ya que la intención es que, en el actual escenario económico complejo, el próximo proyecto de Ley de Rendición de Cuentas sea de gasto cero.
Civila fue consultado sobre eso y le quitó trascendencia.
Una vez más, tenemos un plan que hace un buen diagnóstico —y apunta en la dirección correcta—, pero que será inviable sin plata y corre el riesgo de quedarse en buenas intenciones.