La decisión de la Jutep de respaldar a Danza como presidente de ASSE implica una obvia partidización de su actuación.
El caso de Álvaro Danza se ha convertido en un gran problema político que amenaza con afectar de manera importante los vínculos entre el gobierno y la oposición.
La paradoja es que el origen refiere a una situación muy obvia y que se podría haber resuelto en forma muy rápida y sencilla. El Dr. Danza aceptó un cargo como Presidente de ASSE manteniendo, a la vez, un conjunto de cargos como médico en diversos centros de atención de la salud, tanto públicos como privados.
La suma de tales ocupaciones implicaba la imposibilidad material de cumplir simultáneamente con tales obligaciones al agregar a ellas, nada más ni nada menos, que la Presidencia de ASSE que, como todos sabemos es una institución extremadamente compleja que requiere de una atención y disponibilidad completa.
Tal imposibilidad quedó de manifiesto cuando se hizo público que, además, el Dr. Danza marcaba tarjeta en forma virtual mientras trabajaba en otro lado, lo que, aquí y en cualquier parte del mundo, constituye una conducta indebida muy notoria.
Pero, además de eso, la Constitución es muy clara en su artículo 200 al indicar que existe una incompatibilidad manifiesta entre ocupar un cargo de director de un Servicio Descentralizado y, al mismo tiempo, mantener una relación institucional con aquellas instituciones que tengan vínculo directo o indirecto con el ente en cuestión.
A pesar de la contundencia de los hechos, desde el principio el gobierno se abroqueló, de manera sorprendente, en defensa de lo indefendible. Esta postura llevó a que la bancada de la coalición, a través de nuestro diputado Gerardo Sotelo, decidiera llevar adelante una interpelación a la ministra de Salud Pública debido a que es el vínculo institucional con ASSE y que ha sido y es, además, una tenaz defensora de la situación inadmisible del Dr. Danza.
Ante la inminente interpelación, se produce la renuncia de Danza a sus cargos en el sector privado y la ministra de Salud Pública anuncia que le ha pedido que mientras esté al frente de ASSE interrumpa su actividad en el sector privado.
Sin embargo, de manera inesperada, y un par de horas después, el Directorio de la Jutep por mayoría de dos contra uno, resuelve declarar que no encuentra incompatibilidad en la situación del Dr. Danza, afirmando que puede mantener los cargos en cuestión y que, en todo caso, podría abstenerse en aquellas decisiones que involucraran a instituciones con las que mantiene un vínculo.
Para mayor gravedad, esta resolución se toma en contra del informe de los servicios jurídicos de la propia JUTEP que establecían categóricamente la existencia de dicha incompatibilidad. Por si fuera poco, también los servicios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República señalaron la evidente incompatibilidad. Entonces la situación se agrava sustancialmente.
Esta decisión de la Jutep implica una obvia partidización de su actuación.
En efecto, los representantes del Frente Amplio actuaron alineados con la posición de su partido, dejando de lado el criterio de que quienes ocupan estos cargos deben actuar, no como representantes de un partido, sino que deben hacerlo en defensa de la transparencia y ética de las actuaciones públicas de los diferentes jerarcas del Estado.
El paso dado por los dos directores de la Jutep afecta la institucionalidad del país, nada más ni nada menos que sobre el tema del control de la transparencia y la ética pública.
Es obvio que esta circunstancia vuelve a agravar un episodio que, increíblemente ha sido responsabilidad directa y única de este gobierno, que podría haberse resuelto fácilmente si se hubiera aceptado la existencia de las obvias ilegalidades señaladas.
Lo que está en cuestión entonces es la capacidad del Estado uruguayo para el adecuado funcionamiento de los correspondientes controles de la transparencia y la ética.
Y aquí entramos en un tema de fondo que es necesario resolver. Los cargos en organismos como la Jutep, deben ser ocupados por personas de extensa trayectoria y competencia técnica en estas áreas con total independencia de su filiación partidaria.
Así lo fue en muchas oportunidades y también debe reconocerse que quienes integraron este organismo en su momento tomaron decisiones que, en varios casos, cuestionaron lo actuado por jerarcas de gobierno pertenecientes a diferentes partidos.
Esta situación no puede dejarse pasar sin hacer caer las correspondientes responsabilidades o revirtiendo la grave decisión tomada que ha afectado, nada más ni nada menos que la credibilidad y su propia transparencia de un organismo que, paradójicamente, debe controlar la transparencia del conjunto del Estado.
La importancia que tienen nuestros partidos políticos como una de las bases de nuestra fortaleza democrática, que todos valoramos y debemos proteger, sin embargo, no se puede convertir en un problema, si esta fortaleza lleva a una partidización total de todas las áreas del Estado.
Justamente, este es el riesgo que estamos corriendo, convirtiendo una virtud en un peligroso defecto.
Por eso, levantando la mira, y yendo más allá de la dilucidación de este episodio, que no dudamos que debe resolverse mediante la adopción deresoluciones categóricas en defensa de la transparencia, esta discusión sobre los riesgos de una partidización indebida de ámbitos estatales, debe profundizarse y, entre todos, encontrar los caminos y las reglas que permitan proteger la institucionalidad democrática de los riesgos de una partidización que, provenga de donde provenga, implica una afectación a la calidad y al funcionamiento de la democracia.