Dos minutos les llevó a los delincuentes de El Pinar trepar el muro, tirar la puerta abajo, asesinar a un hombre de 34 años y huir. Pasó el martes. Un día antes, se divulgaron las imágenes de un hombre que le disparó a otro desde afuera de la ventanilla del auto en Ciudad de la Costa. Como tenía los vidrios blindados, no lo mató. Una mujer fue asesinada a machetazos en Salto, otro hombre cuando salía de una cantina en Casabó.
Como explica el especialista en Derecho Constitucional Daniel Ochs, teniendo en cuenta que los países podrán atravesar crisis, “la Constitución prevé la necesidad de incrementar el poder del gobierno en detrimento de la libertad del individuo”. En ese sentido, hay dos poderes de emergencia que son las medidas prontas de seguridad y la suspensión de la seguridad individual. “Más allá de esos dos poderes, no hay nada en la Constitución”, explica.
Pero, agrega, “es perfectamente posible que a nivel de legislación ordinaria, se establezca que hay un estado de cosas excepcional que justifica determinadas medidas”. Por eso en todas las oportunidades en las que se ha declarado una emergencia frente a otras situaciones –coronavirus, crisis agropecuaria, crisis hídrica– en general por decreto se han tomado medidas enfocadas en atender esa situación con recursos especiales y con medidas excepcionales.
Ese era el espíritu del punto 6 del Compromiso por el país, que nunca se llegó a aplicar, y prometía: “Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República”.
En ese marco encaja también el planteo de Manini Ríos de declarar una emergencia nacional por seguridad durante 120 días para frenar los homicidios por la que presentó 12 medidas. Entre ellas están: operativos intensivos para restablecer la seguridad en el área metropolitana, operaciones de alto impacto para desmantelar redes de narcotráfico, blindaje fronterizo contra el crimen organizado, la construcción de una cárcel de máxima seguridad, implementación de tecnología avanzada, etc.
Más allá de que el problema de los homicidios es grave, es notorio el intento del general de posicionarse en una campaña que lo tenía bastante a un lado y frente a mediciones de opinión pública que mantienen al partido por debajo de 2019.
Además la seguridad es un tema que le trajo rédito con el slogan de “se acabó el recreo” frente a una opinión pública que pedía mano dura y en el que Cabildo Abierto no ha tenido ninguna injerencia en estos cinco años, ya que “no les dieron ni el portero en el Ministerio del Interior”, como dijo Irene Moreira en un acto en abril.
Entre las reacciones que generó la propuesta estuvo la de Zubía que se quejó de que Manini se apoderara de su idea, ya que el viernes anterior había presentado 16 medidas al equipo de seguridad del Partido Colorado.
Algunas de las medidas de Zubía son coincidentes con las de Cabildo (saturación en barrios, control policial, control fronterizo, inteligencia) y suma dos más extremas como la implementación del artículo 8 del Código Penal que implica que con autorización de un juez la autoridad pueda provocar una conducta delictiva para luego "adoptar medidas de seguridad" y reprimir; y “como ultima ratio aplicar medidas prontas de seguridad”.
Zubía también se debe a votantes que exigen mano dura y fue fundamental para el triunfo de Andrés Ojeda ya que le aportó 9.386 votos de los 40.000 que obtuvo el candidato. Por eso Ojeda sabe que debe cuidar su “brazo derecho” y pese a no compartir la propuesta le dijo que la estudiaría.
Sin embargo, este miércoles al disertar en ADM señaló que no se puede tener un “concurso de mano dura”. “Tenemos que tener una mirada solvente y científica. Todas las estrategias eficaces en el mundo en materia de seguridad pública tienen dos piernas como un cuerpo, prevención y represión, que son simétricas e igualmente importantes”, agregó.
También apuntó que muchas de las propuestas ya se están haciendo. Es una realidad que hay barrios intervenidos, que se están haciendo operativos de saturación –en los últimos días se hicieron 23 allanamientos en Cerro Norte–. Asimismo existe dentro del predio del Comcar una cárcel considerada de máxima seguridad, la Unidad No25, que aloja a delincuentes peligrosos que están totalmente aislados, como el Ricardito o el barrabrava Coco Parentini.
La inversión en tecnología tampoco se puede rebatir, aunque hay que decir que esa inversión empezó en la era Bonomi. Fue en ese período que se colocaron las cámaras en la ciudad y se creó el Centro de Comando Unificado que ahora se amplió y mejoró con Inteligencia Artificial.
Se podrán discutir los logros y el alcance de las medidas, que dependen de muchos factores pero en gran parte de cómo se investiga y ahí seguimos teniendo un problema en la coordinación entre Fiscalía y Policía. De hecho esta semana volvió a pasar lo de “los soltaron a todos”. Los 12 detenidos de los 23 allanamientos en Cerro Norte fueron liberados. Desde el Ministerio del Interior se quejan de que la Fiscalía no colabora y desde la Fiscalía argumentan que no les traen las pruebas suficientes para actuar.
El candidato frenteamplista también entró en la conversación y se mostró dubitativo sobre la declaración de emergencia porque dijo que no le queda claro qué implica.
Sobre las soluciones sentenció que los homicidios y la violencia que hay en los barrios se resuelve “en términos de acuerdo y de estrategias mínimas consensuadas”.
En cuánto a propuestas, lanzó una serie de necesidades generales (hacer inteligencia, reprimir el delito, controlar las rutas, el espacio aéreo, las fronteras, los puertos, controlar con personal de la Armada y de Prefectura el mar territorial, controlar y ser más efectivos en el lavado de activos) que, con algunos matices, van muy en la línea de los planteos de los demás candidatos y también de lo que ya se está haciendo hoy.
El recuerdo de la emergencia por violencia de género
Un caso que se puede considerar similar porque surgió luego de una serie de hechos que conmocionaron a la opinión pública fue la declaración de emergencia por violencia de género que decretó el presidente Tabaré Vázquez el 30 diciembre de 2019, a dos meses de dejar el gobierno.
Por medio de un decreto, se establecieron algunas medidas de las cuáles la única concreta era la de aumentar el número de tobilleras electrónicas de 1.000 a 1.200 en todo el país. Después se planteaba una reunión de Presidencia con la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación para “dotar de mayor eficiencia” el acceso a la Justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, sin que se incluyeran recursos.
También se mencionaban otras generalidades, como la difusión de medidas de protección dirigidas a las mujeres, la disposición de cursos virtuales para el fomento de masculinidades no violentas y la prevención del abuso sexual y la implementación de un programa de intervención en cárceles para varones que ejercen violencia de género.
La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual consideró "insuficiente" la medida ya que era un reclamo que tenía desde 2014.
En definitiva la medida no trajo resultados ni sirvió para frenar los femicidios. Sólo fue un golpe de efecto de un titular.
El mismo golpe de efecto que buscan muchas de las propuestas que se lanzan para posicionarse en un tema que es muy sensible porque es visto como el problema más grave del país por los uruguayos desde hace 15 años.
La pregunta que surge es cuánto puede incidir el tema de la inseguridad en los votantes para que quieran renovar la gestión actual o se vuelquen hacia un cambio. En 2019 por un estrecho margen la opinión pública quiso un cambio y la seguridad pesó. ¿Cómo incidirá hoy si se evalúa la actual gestión y los 15 años de gestión frenteamplista?
Se verá en las urnas pero alguna pauta dio el director de Equipos, Ignacio Zuasnabar, en una entrevista con Búsqueda publicada este jueves: “Podemos encontrar una corriente más chica, pero digamos que va en sentido más favorable al cambio. Pero la traslación de esa corriente al cambio es también relativa, porque, así como el recuerdo que los uruguayos tienen sobre como gobernó el Frente Amplio es positivo en términos generales, no lo es en términos de seguridad. Entonces, en términos de seguridad, el recuerdo de la gestión del Frente Amplio no muestra una diferencia, un diferencial positivo respecto a la gestión actual del gobierno”.
