Las sospechas en torno al ómnibus secuestrado

• Los hinchas de Cerro secuestraron el ómnibus de recorrido 306 en la terminal de ese barrio y obligaron al chofer, apuntándole con un arma de fuego, a que los llevara hasta el intercambiador Belloni, en Maroñas.
• Iban escoltados por dos motos adelante —armados también— y por, al menos, un auto detrás, cruzando luces en rojo y a excesiva velocidad.
• Al iniciarse el viaje iban ocho pasajeros a los que les permitieron ir bajando en sus respectivas paradas. El último lo hizo en Luis Alberto de Herrera y Reyes y desde ahí siguieron directo a Belloni, desviándose del trayecto habitual. Ninguno de los pasajeros llamó al 911 al bajar.
• Desde la empresa se comunicaron con el 911 para advertir que algo raro pasaba. Desde el 911 llamaron al chofer a su teléfono, les dijo que no podía hablar pero dejó la llamada abierta para que pudieran escuchar. Desde el 911 cortaron la llamada.
• En el trayecto, algunos de Cerro bajaron a agredir a personas con camiseta de Nacional que iban por la calle. Tampoco hubo denuncias sobre eso.
• Al llegar al intercambiador, los hinchas se bajaron del ómnibus, vandalizaron la terminal y caminaron hasta la cancha de Danubio. Ningún policía los esperaba. El chofer, en estado de shock por lo vivido, llamó a la empresa e hicieron la denuncia.
• Los violentos ingresaron al estadio, estuvieron durante casi dos horas allí y se retiraron sin que nadie fuera detenido ni identificado por la Policía.

Luego se supo que hubo otras varias fallas más, omisiones o carencias, también preocupantes:

• Algunos de los hinchas al subirse pasaron su tarjeta STM por lo cual tienen que estar sus datos en el sistema.
• Matías Costa, dirigente de Ascot dijo que antes había "piquetes" policiales en los recorridos en los que los ómnibus se podían detener y “la policía actuaba”. Señaló que en la reunión que tuvieron el lunes, el ministro del Interior Carlos Negro les dijo que, debido a la falta de personal policial, no están haciendo esos operativos.
• Por falta de personal también se redujo la presencia policial del personal dedicado a Bus Seguro, policías de particular que viajan en el transporte para prevenir incidentes o robos.
• El botón de pánico que tienen los coches no está activo. Costa explicó que ese botón se conecta con el 911 y las empresas en tiempo real pero que, con el recambio de las maquinas expendedoras de boletos, dejó de funcionar.
• Tampoco estaban operativas por “un problema técnico” las cámaras que están colocadas dentro del ómnibus, que pueden ser monitoreadas en tiempo real por la empresa.

Operativos policiales en Malvín Norte

Foto: Ministerio del Interior

Una omisión alarmante, ¿qué hay atrás?

Más allá de esa serie de desavenencias y problemas no atribuidos a la Policía como lo del botón de pánico o las fallas en las cámaras, cabe preguntarse ¿a qué se debió la omisión policial?

El Ministerio del Interior decidió hacer una investigación administrativa en el Centro de Comando Unificado (CCU), la repartición en la que funciona el 911 y las cámaras instaladas en toda la ciudad. La dispuso sin separación del cargo para dar mayores garantías y porque entienden que de las primeras averiguaciones que se hicieron sobre lo sucedido, hay varios aspectos “poco claros”.

Haya sido por omisión o por acción, habrá responsabilidades. Se deberá determinar por qué no se intervino, quién omitió dar la orden para intervenir y cuántos policías estuvieron al tanto. Tuvieron la suerte de que nadie murió, sino habría sido otro cantar.

Por otra parte, la investigación del hecho policial en sí mismo la está llevando a cabo Seguridad en el Deporte, junto a la fiscalía de Flagrancia a cargo de Lucía Nogueira. Tras varias consultas, se ha informado que no hay detenidos aunque dicen que vienen trabajando con imágenes de las cámaras de la vía pública y videos publicados en redes sociales y ya hay varios identificados, integrantes de la barra brava de Cerro.

Matías Costa, dirigente de Ascot, dijo en el programa radial En Perspectiva que Negro les habló del delito de privación de libertad aunque para ellos fue un secuestro. El primero tiene una pena de un año de prisión a nueve años de penitenciaría mientras que el secuestro —que trae consigo el buscar obtener, como precio de su liberación, un provecho injusto en beneficio propio o ajeno— se castiga con seis a doce años de penitenciaría.

El dirigente sindical contó en el programa radial que el ministro les anunció que utilizarán tecnología nueva a través de drones cuando haya partidos complicados, y que se dispuso que en las reuniones que hace Interior con la AUF los martes, para definir qué partidos merecerán más precauciones, participe un representante de cada filial del transporte. En este caso era un partido considerado de riesgo y, por eso, se había acordado destinar a 80 policías. En aquellos sin riesgo se destina a 30. Ascot no lo sabía.

El exdirector de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior en la época del ministro Eduardo Bonomi, Fernando Gil, opinó en una columna que publica en Uypress que “hubo demasiada impunidad como para no pensar en una mano negra que dejó una zona liberada para estos delincuentes”. También lo asoció al momento, ya que acaban de cambiar los mandos policiales y Montevideo tiene un nuevo jefe de Policía.

Sabido es que existe un vínculo entre delincuentes pesados, narcos y barrabravas del fútbol que actúan con total impunidad dentro de los estadios y presionan a los dirigentes de los clubes.

Fuentes de la Policía señalaron que siguen existiendo fallas en los operativos de seguridad, por lo que ingresan a los partidos personas que integran la lista negra, se siguen facilitando entradas a quienes no deberían o los clubes no siempre colaboran en entregar información sobre sus hinchas a la Policía.

Esta semana volvió a ser noticia Erwin “Coco” Parentini, quien está bajo investigación penal luego de que entregara una carta manuscrita de tres páginas con amenazas hacia el ministro Negro y la directora del INR, Ana Juanche, similar a la que le incautaron en una requisa en 2022, dirigida al entonces ministro Luis Alberto Heber. Aquella se archivó porque había sido encontrada en una requisa en su celda y no la había llegado a enviar, como sí hizo ahora.

El exbarrabrava de Peñarol condenado y recluido en la Unidad 25 por el homicidio del hincha de Nacional Lucas Langhain, ocurrido en diciembre de 2019, advirtió a Negro que podría ser asesinado en un evento público y transformarse en el “Lara Bonilla de Uruguay”, con referencia al ministro de Justicia colombiano asesinado en 1984 por la organización de Pablo Escobar. A Juanche le dijo que para ella tenía un “regalo privado”.

La corrupción policial tampoco es un tema nuevo y archisabido es que esas bandas no podrían actuar a sus anchas sin la connivencia del sistema y sin policías mirando para otro lado. De hecho, la pregunta que tantas veces surge es: ¿por qué si todos los vecinos saben en un barrio dónde están las bocas de venta de droga la policía no actúa?

Actualmente el fiscal de flagrancia Diego Pérez tiene un caso por el que investiga por corrupción a policías de Asuntos Internos que intervinieron en la indagatoria por la muerte del secretario general del sindicato policial, Fabricio Ríos. La investigación se centra en irregularidades cometidas en un allanamiento y en la incautación de un teléfono celular relacionado con el hecho policial. Uno de los indagados es el comisario mayor Mauricio Barcellos, quien había sido propuesto en el cargo de director del Centro de Comando Unificado al comienzo del gobierno pero finalmente no pudo asumir y se designó en el cargo a otro oficial.

Lamentablemente, en todos los gobiernos ha habido casos de policías destituidos y denuncias penales por hechos de corrupción. Y cuántos habrá que no llegan a denunciarse.

Tampoco se puede generalizar porque hay policías muy serios y profesionales que hacen su trabajo dignamente.

Le corresponde a las autoridades políticas cortar de raíz con lo que pueda ser cualquier atisbo de corrupción. No puede pasar que haya que esperar a tener un muerto para actuar.