Uruguay discute un nuevo Presupuesto 2025–2029 bajo una realidad ineludible: las finanzas públicas están tensionadas. Seguridad social y salud se llevan cada vez más recursos, y el margen para innovar es escaso. En ese marco, el gobierno decidió priorizar a la infancia y la adolescencia. Es una señal clara y positiva: aun con restricciones fiscales, se apuesta a políticas con alto retorno social y económico. Pero la pregunta persiste: ¿basta con más dinero para transformar la realidad de los niños y niñas que crecen en hogares pobres?
Porque no olvidemos un hecho duro: en Uruguay, la pobreza infantil sigue duplicando largamente la de los adultos. Década tras década, la infancia carga con una desigualdad que se reproduce en el tiempo. Por eso, toda discusión presupuestal debe mirarse con lupa.
El presupuesto trae incrementos importantes. El Bono Crianza, por ejemplo, pasará de $318 millones en 2026–2027 a $425 millones en 2028–2029. Las becas de educación media (incluyendo las nuevas Becas Butiá) escalan de $221 millones en 2026 a $826,5 millones en 2029. El bono escolar en Primaria también crece, de $449 millones en 2026 a casi $800 millones hacia el final del período, sumado a una nueva partida de $590 millones anuales para alimentación en educación media. Son apuestas fuertes para sostener trayectorias educativas en los años más críticos.
El INAU tampoco queda atrás: los Clubes de Niños casi triplican sus recursos en cuatro años, los Centros Juveniles se multiplican por más de tres, y el programa de apoyo al egreso residencial más que duplica su presupuesto. En vivienda, el Ministerio de Vivienda duplica la partida destinada a hogares con niños y adolescentes, y en salud, ASSE financiará la visita domiciliaria universal a recién nacidos durante su primer mes de vida. En pocas palabras: hay una expansión tangible.
Pero la historia uruguaya enseña que gastar más no siempre significa mejores resultados. Hemos visto recursos abundantes diluirse entre programas fragmentados, sin coordinación ni evaluación rigurosa. La dispersión puede ser tan peligrosa como la escasez: multiplica esfuerzos pero resta impacto.
De ahí el verdadero desafío. Más allá de los números, la clave está en tres frentes: coordinación interinstitucional, evaluación de impacto y sostenibilidad de las políticas. Si MIDES, INAU, ANEP, MVOT y ASSE no dialogan y planifican juntos, si no sabemos con precisión qué efecto tiene cada peso invertido, y si los programas no se consolidan como derechos estables, el riesgo es volver a la misma foto: niños pobres creciendo en un país que, paradójicamente, sí invierte en ellos.
El nuevo presupuesto marca un rumbo prometedor. Pero, en materia de pobreza infantil, prometer no alcanza. El éxito dependerá de convertir cada peso extra en oportunidades reales, tangibles y sostenibles para las próximas generaciones.
