No fue la atención de la salud mental, ni la misión casi imposible en que se ha convertido conseguir hora para un especialista en un plazo razonable, o el acceso a medicamentos de alto costo, o las miles de dificultades a las que se enfrentan los usuarios de la salud en todo el país. Lo que ha ocupado la agenda del Parlamento en las últimas semanas han sido negociaciones y debates interminables sobre posibles comisiones investigadoras de ASSE, acusaciones de “delincuente” a jerarcas y anuncios de denuncias penales. De eso te hablaré en esta entrega de EnClave.
ASSE, agujero negro y botín para el rédito político
Los problemas de la gestión de salud —particularmente en ASSE— no son nuevos. Desde siempre han sido foco de enfrentamientos políticos y en todas las administraciones se han presentado denuncias penales, con distintos resultados.
Cuando asumió en el gobierno de Jorge Batlle, en el año 2000, el entonces ministro Horacio Fernández Ameglio alertó que el MSP era un “gran club político”. Pasaron 26 años de aquella frase que levantó polvareda y administraciones de todos los colores, pero los intereses políticos siguen imperando en la gestión de salud y se ha convertido en un buen ejemplo de judicialización de la política.
Los millones de dólares que mueve el prestador de salud más grande del país, con casi 1,5 millones de usuarios, y la falta de controles u omisiones han permitido abusos, lo que ha convertido a ASSE en un agujero negro pero también en un botín al que resulta sencillo sacarle rédito político.
La ministra de Salud Cristina Lustemberg dijo en mayo en el Parlamento que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que está próximo a cumplir 20 años, representó en 2024 un gasto en salud del 9,31% del PIB y un gasto público del 6,72%. Por tener un punto de referencia, el financiamiento asignado al Poder Judicial equivale a cerca del 0,32% del PIB, o sea que el sistema de salud pública gasta 21 veces más que la justicia.
No sorprende entonces que las compras de servicios, los contratos y las contrataciones de ASSE a los prestadores públicos y privados sean una importante fuente de recursos y de conflictos de interés.
De eso se han ocupado algunas comisiones investigadoras. En la pasada administración frenteamplista de Tabaré Vázquez la oposición logró aprobar una para investigar los conflictos de interés en la contratación de servicios de ambulancias en el interior del país. En ese momento, en 2017, el Frente Amplio había perdido la mayoría parlamentaria con la renuncia del diputado Gonzalo Mujica.
En ese caso, la Justicia venía indagando el tema desde 2016 y en marzo de 2019 se resolvió el procesamiento del exdirector del Hospital de Bella Unión, Marcos García, por conjunción del interés público y privado tras comprobarse que contrataba a su propia empresa (Siemm SRL) para realizar traslados del hospital.
Las pruebas mostraron que García había contratado a su empresa desde 2012 y en 2013 realizó un llamado de licitación abreviada para traslados de pacientes del mismo hospital, sabiendo que la única compañía interesada era la suya, como sostuvo la sentencia de la jueza Dolores Sánchez.
Esa investigadora derivó también en la remoción de todo el directorio de ASSE luego de que se conociera que el vicepresidente Mauricio Ardús había contratado para su despacho a la novia de su hijo.
Esta vez, tras negociar durante 40 días y luego de que se manejara la posibilidad de tener dos investigadoras, la Cámara de Diputados decidió que no habrá ninguna por falta de votos. El FA, con 48 bancas, necesita dos votos más y la oposición tres, ya que entre blancos, colorados e independientes suman 47 bancas.
Las posiciones irreconciliables estuvieron en lo que pretendían abarcar unos y otros. El FA quería centrarse en la gestión anterior, de 2020 a 2024. La denuncia que el actual directorio encabeza por Danza ya presentó a la Fiscalía (está a cargo del fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez), señala irregularidades en la gestión del servicio de ambulancias 105, en la contratación de la empresa de traslados ITHG, así como en convenios para el ingreso de pacientes en CTI con Casmu y Círculo Católico y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.
El Partido Nacional quería analizar la gestión de ASSE desde 2015 hasta la actualidad, incluido el episodio Danza. A último momento quiso sumar el procedimiento administrativo y las consecuencias de la decisión de Lustemberg de reducir la sanción de la anestesista Inés Miralles de 5 a 3 años, en un caso de mala praxis por el que resultó condenada por el delito de homicidio culposo.
La sesión de este miércoles fue una muestra más del alto nivel de enfrentamiento entre oposición y oficialismo y de la falta de nivel en que incurren a veces nuestros legisladores con acusaciones directas de "delincuente" a Danza por parte del diputado Juan Martín Rodríguez. Rodríguez había denunciado también que mientras duró la negociación los insultaron, atacaron y amenazaron.
Al fracasar la investigadora, el diputado Federico Casaretto anunció que denunciará la actuación de Danza a la Justicia. Como había contado Diego Cayota en esta nota, los blancos aseguran tener información de que el vínculo laboral de Danza con la Asociación Española se mantiene pese a que en noviembre pasado el titular anunció que renunciaba al sector privado. También pretenden poner el foco sobre una “partida por exclusividad” que Danza cobró desde el inicio de su gestión, aunque tenía otros trabajos.
En la pasada administración no hubo investigadora pero sí auditorías que terminaron con denuncia penal. El diputado del MPP Sebastián Valdomir recordó ahora que "en plena pandemia", el directorio encabezado por Cipriani realizó 12 en la Gerencia Administrativa, la RAP de Paysandú, el Centro Departamental de Paysandú, el Hospital Pereira Rosell, el Programa de Salud Bucal, el Centro Auxiliar de Bella Unión, el Hospital Maciel, el Centro Hospitalario Maldonado-San Carlos, el Centro Auxiliar de Paso de los Toros y otras dependencias.
Una de esas investigaciones penales, la del Hospital Maciel, fue retomada ahora por la fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Sandra Fleitas. Como relaté en esta nota la denuncia penal presentada apuntaba a una presunta conjunción de interés público y privado que surgía de las conclusiones preliminares de una auditoría que encontró diversas irregularidades en las obras de la Comisión Pro Remodelación y Ampliación del Hospital Maciel (2015-2019).
¿Qué pasa con las prioridades de la salud?
ASSE - Álvaro Danza y Cristina Lustemberg
Foto: Martín Martínez / FocoUy
En esa convocatoria de Lustemberg a la Comisión de Salud del Senado de mayo, la ministra se refirió a diez prioridades estratégicas, en las que su cartera está trabajando.
Ellas son:
- Acceso y tiempos de espera: anunció la aprobación del Decreto Nº 44 de 2026, que establece plazos máximos de espera para consultas y cirugías.
- Medicamentos y prestaciones: afirmó que se está trabajando en la actualización del PIAS (Plan Integral de Atención a la Salud) y el FTM (Formulario Terapéutico de Medicamentos), tras años de desactualización. Entre los avances, se incluyeron tres anticoagulantes directos con costos mucho más bajos para el usuario y se universalizó la gratuidad de la apendicectomía por vía laparoscópica.
- Salud Mental: el ministerio impulsa un cambio de paradigma hacia un modelo comunitario y de desinstitucionalización. El plan para 2026 incluye la implementación de hospitales de día, casas de medio camino y el fortalecimiento de equipos territoriales en todo el país.
- Descentralización y formación: se busca radicar profesionales en el interior mediante la descentralización de la carrera de medicina, con proyectos concretos en Maldonado para 2027, similares a los de Salto y Paysandú.
- Agencia de Vigilancia Sanitaria (AVISU): Lustemberg confirmó la puesta en marcha de esta agencia para regular medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, con un presupuesto asignado de $ 40 millones. Al momento de la comparecencia, el MSP había designado a sus representantes, se encontraba solicitando las designaciones a los demás ministerios y gestionando el lugar físico donde funcionará la sede.
- Medicamentos de alto costo: los juicios de amparo ocasionaron en 2024 un gasto de US$ 140 millones por lo que buscan una solución estructural que equilibren el derecho de los pacientes con la sostenibilidad financiera del sistema.
- Fortalecimiento de ASSE: incluye la construcción del Hospital de la Costa en Altántida y el compromiso de que, para fines de 2027, todos los hospitales departamentales cuenten con tomógrafos propios.
No es que las investigadoras no tengan importancia. Sin duda la tienen y si los legisladores o jerarcas toman conocimiento de hechos de corrupción o faltas de control deben denunciarlo, pero estos temas son mucho más relevantes para la gente. Y demandan por parte del sistema político seguimiento y control para que los jerarcas los hagan cumplir y avancen en el sentido correcto en sus concreciones.
