La violencia en las escuelas se ha convertido en una de las expresiones más alarmantes de la inseguridad en América Latina y el Caribe. Lo que debería ser un espacio de protección y aprendizaje, hoy está marcado por episodios que van desde el acoso entre pares hasta ataques armados con consecuencias fatales. No se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno regional que requiere atención inmediata, integral y coordinada.
Un estudio de FLACSO Brasil y la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación analizó casos emblemáticos en Realengo, Suzano, Vila Sônia y Goiânia. Allí, ataques con armas de fuego dentro de escuelas causaron muertes, heridas y traumas colectivos. Los testimonios son estremecedores: padres temerosos de enviar nuevamente a sus hijos a clases. Docentes que regresan a aulas marcadas por la angustia. Estudiantes sobrevivientes que hablan de la pérdida de amigos y de la confianza en la escuela como espacio seguro. Estos relatos muestran que la violencia escolar no es solo una estadística: deja cicatrices profundas en comunidades enteras.
Aunque Brasil concentra los casos más dramáticos, el patrón se repite en otros países. En Argentina, un estudiante armado ingresó a una escuela en Mendoza y mantuvo bajo amenaza a toda la comunidad educativa durante horas. En Colombia, México, Chile y Costa Rica también se registraron episodios de agresiones físicas, amenazas y uso de armas en el ámbito escolar. La magnitud varía, pero la conclusión es la misma: la violencia escolar es un problema regional que traspasa fronteras.
Dos caras del mismo problema
La violencia escolar en la región adopta diferentes formas. Violencia entre pares, acoso presencial, ciberacoso, insultos, exclusión y agresiones físicas. Es la más extendida y persistente. Violencia extrema con armas, menos frecuente pero devastadora, capaz de transformar en minutos una escuela en escenario de tragedia. Ambas dimensiones coexisten y se refuerzan mutuamente, lo que exige políticas diferenciadas pero interconectadas.
Lo que se necesita
La evidencia demuestra que no basta con reforzar la seguridad física en las instituciones. La respuesta debe ser más amplia y sostenida: prevención integral, programas de convivencia pacífica, inclusión y respeto. Protocolos de emergencia, coordinación inmediata entre escuelas, autoridades y servicios de salud. Apoyo psicológico, asistencia para víctimas directas y comunidades afectadas. Capacitación docente, herramientas para detectar riesgos, intervenir en conflictos y contener emocionalmente a estudiantes. Participación comunitaria, familias y organizaciones locales como aliados en la construcción de escuelas seguras.
Una Urgencia compartida
La experiencia brasileña, junto a los casos de Argentina, Colombia, México, Chile y Costa Rica, demuestra que la violencia escolar es un desafío común para América Latina y el Caribe. La inacción tiene un costo demasiado alto: vidas perdidas, miles de familias traumatizadas y la erosión de la confianza en la escuela como lugar de protección y desarrollo. Frente a una problemática que afecta a millones de estudiantes y docentes, la región no puede seguir con respuestas fragmentadas ni tardías. La violencia escolar debe enfrentarse ahora, de manera urgente, eficiente y colectiva.
