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Coalición selló acuerdo por prisión domiciliaria para mayores de 65 años, uno de los proyectos más controvertidos del período
Los senadores del Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto alzaron sus manos en la comisión de Constitución y Códigos para aprobar uno de los proyectos de ley más discutidos del período: la prisión domiciliaria como régimen alternativo para el cumplimiento de la pena.
La iniciativa había surgido a instancias de Cabildo Abierto a comienzos de la legislatura para establecer de manera preceptiva este criterio para los presos mayores a 65 años, bajo la premisa de resguardar su salud en tiempos de pandemia, aunque todo el sistema político denunció que era un “traje hecho a medida” para los condenados en Domingo Arena y Coraceros por crímenes vinculados a la dictadura cívico militar.
“El proyecto que se votó no tiene nada que ver con el original de Cabildo Abierto”, valoró el senador de Ciudadanos, Adrián Peña, presidente de la comisión, tras las negociaciones de varios meses con sucesivos sustitutivos a cargo de la nacionalista Carmen Asiaín y las propuestas del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit.
“Para nosotros recoge las observaciones planteadas en un inicio y que también había hecho el Frente Amplio: en el texto original la prisión domiciliaria era preceptiva, cumpliendo con determinada edad la persona tenía derecho a ella, y acá el que va a determinarla es el juez. Ese es un cambio fundamental”, dijo Peña a El Observador.
El Frente Amplio denunció sin embargo que no se garantiza que represores condenados en un futuro eventualmente puedan verse beneficiados por este proyecto de ley. Las organizaciones de familiares habían reclamado de hecho una cláusula que asegurara que quedaban excluidos de este régimen los presos vinculados a la dictadura.
“Esto se aleja del proyecto de Petit y la redacción así como está no ofrece las garantías suficientes”, declaró a El Observador el senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía. La oposición llegó incluso a negociar con el colorado Peña una propuesta conjunta tomando el esqueleto de las propuestas del comisionado parlamentario, quien de hecho había valorado positivamente la alternativa redactada por la senadora blanca Carmen Asiaín.
“Acá hubo modificaciones en la franja de edad. ¿Cual es la razón de eso?”, cuestionó Mahía, en referencia a que la redacción alternativa de los socios hablaba incluso de fijar en 70 años el límite de edad para ser considerado para la prisión domiciliaria, cuando el actual proyecto de ley mantiene los 65 años propuestos inicialmente por Cabildo como uno de los puntos –entre varios otros- para que el juez considere el establecimiento de este régimen alternativo para el efectivo cumplimiento de la pena.
“Desde el punto de vista conceptual, no hay necesidad de legislar en la materia, ya las normas vigentes permiten que haya personas con temas de salud que vayan a sus casas, ya hubo connotados represores que fallecieron en domicilio. Esto tiene mucho más de política que de jurídica”, afirmó el frenteamplista Mahía, al tiempo que su correligionario Charles Carrera (MPP) acusó que se va “por el camino de la impunidad”.
Las claves
La coalición defiende que esta nueva versión es “mucho más integral” que la versión inicial de Cabildo Abierto, “que era un traje hecho a medida”, sostuvo Adrián Peña.
“Acá hay un cambio de un instituto que ya existía que permite el beneficio para mujeres embarazadas o con niños con determinada patología y determinada edad. Es una visión bastante más integral. No hay ninguna razón nueva por la cual algún preso por causas vinculadas a derechos humanos pueda acceder a la prisión domiciliaria”, explicó el presidente de la comisión de Constitución y Códigos, agregando que ya al día de hoy “estas personas no tienen negada la posibilidad de acceder a ella”.
El texto aprobado en comisión, y que será refrendado por el oficialismo en el plenario, establece que la prisión domiciliaria como alternativa al cumplimiento de la pena podrá considerarse ante la “necesidad de atender circunstancias familiares o especiales” que “hicieren evidentemente perjudicial” la prisión efectiva; cuando una madre esté en su período de lactancia o una mujer esté cursando a partir del quinto mes de embarazo; que el condenado tenga una “enfermedad que acarree grave riesgo para su vida” el hecho de estar en la cárcel; y finalmente cuando el formalizado tenga 65 años o más, siempre y cuando “no involucre riesgos considerando las circunstancias del delito imputado”.
El proyecto de ley detalla que cualquier decisión judicial “deberá fundarse en los informes de una Junta Médica” y que estos deberán remitirse también a la Fiscalía, a la defensa y al juez a la hora de decidir. En el proceso deberá analizarse “si el formalizado se encuentra imputado de reincidencia, reiteración o habitualidad y evaluar si en tal caso dispone o no la prisión domiciliaria”.
Otra de las claves es que el régimen no se considerará cuando la condena se base en delitos de violación, abuso sexual, delitos de lesa humanidad y homicidio agravado o muy especialmente agravado.
La nacionalista Carmen Asiaín ha defendido que esta redacción dejaría por fuera a buena parte de los actuales condenados en Domingo Arena, muchos de los cuales presentan cargos que a su entender configuran “reiteración” o “habitualidad” según el derecho penal, mientras que los presos más conocidos –como Jorge Silvera y Ricardo Arab- fueron formalizados por homicidios.
“Me sorprendió el voto negativo del Frente Amplio, porque sus objeciones fueron todas levantadas en este proyecto. La realidad es que nada cambia. Hay una razón política y más bien electoral para sostener ahora un discurso distinto”, acusó el senador del Partido Colorado, Adrián Peña.
