Un estudio empresarial identificó restricciones en el mercado de trabajo y excesos burocráticos en el sector privado
Los empresarios piensan que se debe implementar una reforma laboral
PexelsAplicar una reforma laboral y eliminar barreras normativas y burocráticas. Desde la visión empresarial, esos son dos desafíos que se deben encarar para dejar de lado rigideces actuales y dinamizar la actividad.
La Cámara de Comercio, en conjunto con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentaron algunas conclusiones sobre el mercado laboral uruguayo y las distintas regulaciones que enfrenta el sector privado.
Sobre el primer punto, el estudio establece que el mercado de trabajo uruguayo se caracteriza por una fuerte institucionalización de las relaciones laborales, sustentada en normas con larga tradición histórica y en una estructura tripartita de negociación. Pero esa institucionalidad vigente, si bien contribuyó a la estabilidad social y a la consolidación de derechos laborales, también generó rigideces y asimetrías que afectan de forma diferencial a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El texto plantea tres rasgos distintivos de la negociación colectiva en Uruguay. Por un lado marca la centralización sectorial, ya que las resoluciones adoptadas en los Consejos de Salarios son de aplicación general y obligatoria para todas las ramas de actividad del sector, sin importar su tamaño o localización.
En segundo lugar señala la participación del Estado a través del Poder Ejecutivo que establece los lineamientos salariales y además participa de la negociación tripartita para la negociación colectiva. Como tercer aspecto menciona la extensión automática de los convenios y resoluciones que son extensibles a todas las empresas del grupo de actividad, incluidas aquellas que no participan directamente de la negociación.
La cámara explica que ese modelo permitió consolidar un marco de diálogo social estable y habilitó el crecimiento del salario real de los trabajadores. Pero también hubo un contraste: en algunos sectores, el nivel de salario fijado y los posteriores ajustes implican un costo que se hizo difícil de sostener para pequeñas empresas.
Con esa perspectiva, la gremial señala que es necesario modernizar las reglas del mercado de trabajo de manera de darle más libertad a empresarios y trabajadores y permitir acuerdos voluntarios que beneficien a las dos partes involucradas en la negociación.
Desde la mirada de la cámara se debería aplicar una reforma en la regulación laboral con incluyera aspectos como descentralizar la negociación colectiva a nivel de empresa, estimular mayores pautas salariales por características de empresas y simplificar los requisitos y procedimientos requeridos para los descuelgues salariales, entre otros.
“Resulta claro que Uruguay necesita procesar una reforma de su normativa laboral” concluye el documento. Y para eso se debe identificar el tipo de reforma que se debe realizar e indagar sobre casos concretos de otros países.
El documento también expone que “sería deseable que Uruguay transite hacia un esquema más descentralizado, con una menor injerencia del gobierno en las particularidades de las distintas empresas”. En ese sentido, existe la necesidad de una reforma normativa que permita atender las situaciones particulares y favorecer la negociación por empresa en vez de a nivel de rama de actividad.
Otro capítulo se centró en los descuelgues salariales. Allí expresa que es necesario tender hacia mecanismos de descuelgues claros y transparentes y determinados por indicadores objetivos en la medida que la empresa no pueda cumplir con el convenio vigente. Esos descuelgues deberían sustentarse en criterios técnicos, como el peso del costo del salario sobre las ventas.
Además, la gremial señala como una posibilidad habilitar los “descuelgues positivos”, que permitan al empleador desaplicar la norma de los Consejos de Salarios, en la medida que pueda establecer beneficios alternativos que le generen al trabajador una situación más favorable que la adoptada en la negociación.
Otra parte del informe se centra en las distintas restricciones que enfrenta el sector privado y allí expone que la burocracia administrativa es uno de los elementos más determinantes -y al mismo tiempo el menos visible- de la competitividad de una economía.
“En el caso uruguayo, donde la estabilidad institucional y el cumplimiento normativo son parte de la identidad del país, la densidad regulatoria ha tendido a transformarse en una barrera estructural para la actividad empresarial”, indica.
Para poder medir el impacto regulatorio, el informe tomó consideraciones del Índice de Burocracia Empresarial elaborado por el CED.
Por un lado se concluye que Uruguay presenta un entramado institucional consolidado, con un alto grado de cumplimiento regulatorio, pero añade que esa fortaleza convive con una multiplicidad de normas, permisos, inspecciones y registros que, en la práctica, se traducen en un elevado costo administrativo.
“El resultado es un entorno donde la previsibilidad jurídica coexiste con una operativa estatal fragmentada, que eleva los costos de transacción y reduce la agilidad del ecosistema productivo”, señala.
En ese contexto, agrega, es previsible que algunas empresas decidan operar al margen de la formalidad o cumpliendo parcialmente con la regulación existente. Pero si opta por la formalidad debe afrontar trámites que exigen la presentación de varios documentos, como estatutos sociales, certificados, documentos de identidad, constancias de domicilio, contratos de arrendamiento, planos de instalaciones y comprobante de pagos de tasas.
A su vez surge la problemática que en muchas ocasiones la misma documentación debe presentarse en más de una institución, dado que los sistemas de información de los organismos públicos no siempre están integrados ni trabajan de manera interoperables.
El documento, tomando como ejemplo al comercio interno, propuso eliminar restricciones y simplificar procedimientos comerciales, incluyendo la liberalización de importaciones específicas, reducción de la tasa consular y eliminación de autorizaciones previas innecesarias.